EL Pueblo Legislador defiende la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la derecha apátrida (MUD) no podrá cambiarla. - RED METROPOLITANA DE INQUILINOS - EL Pueblo Legislador defiende la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la derecha apátrida (MUD) no podrá cambiarla.

sábado, 31 de mayo de 2014

Si la UltraDerecha aplaude

A propósito de los ataques emprendidos por los representantes de la UltraDerecha en contra de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (2011), construída por el Pueblo Legislador, promulgada y aprobada por nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, como un acto de ¡Justicia Social! para todo el sistema arrendaticio venezolano, publicamos una breve biografía del famoso personaje que alertó acerca de los halagos de la canalla.

Los UltraDerechistas solicitan sea reformada la ley sin antes haber sido implementada adecuadamente, producto de un saboteo sigiloso llamado "pasar agacha'os" durante dos años y medio.

El Comandante Eterno nos guió hacia la historia para conocer y enfrentar nuestro futuro. 

Conozcamos a August Bebel, insigne personaje quien nos alerta acerca de los halagos ultraderechistas.
Dedicamos, este recordatorio, al alto funcionario del Gobierno Bolivariano y Revolucionario de Venezuela a quien la UltraDerechista Cámara Inmobiliaria y Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos lo aplalude. ¡Él Debe preocuparse!

¡Defendemos nuestra Ley!
August Bebel (1840- 1913)

Comenzó trabajando duramente para salir adelante en diferentes lugares de Alemania, momento en el cual ya empezó su formación intelectual, entrando en contacto con personajes como Wilhelm Liebknecht.
Fue diputado de la Asamblea de la Confederación del Norte, siempre opuesto a la política de Bismarck y el posterior imperialismo. En 1869 participa en la fundación del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), siendo desde entonces un importante dirigente y miembro del Reichstag.

El 22 de febrero de 1840 nació Augusto Bebel, fue uno de los líderes más importantes del socialismo alemán.
Durante muchos años fue miembro del Parlamento.

Es famosa su anécdota de cuando en un debate parlamentario, al pronunciar un discurso, la derecha lo aplaudió.

Entonces, Bebel detuvo sus palabras y él mismo se preguntó:

¿Qué has dicho, viejo imbécil, que la canalla te aplaude?

La anécdota fue en muchas ocasiones invocada por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) para referirse a aquellos izquierdistas que son aplaudidos por la derecha cuando asumen posiciones o repiten argumentos que favorecen la política de los partidos de derecha.

Esta pregunta deberían hacérsela algunos de los viejos izquierdistas, hoy en los brazos de la derecha, quienes hacen el juego a la contrarrevolución al asociarse a sus posiciones políticas y son elogiados por la derecha.

Nota: esto es copia exacta de su publicación en el Círculo Bolivariano Fabricio Ojeda, el 22 de febrero de 2010, al cumplirse ese día 170 años del nacimiento de August Bebel.

viernes, 30 de mayo de 2014

Ley de Arrendamientos de Vivienda debe ser aplicada en su totalidad

Ambas manifestaron que la organización está dispuesta a sentarse en una mesa de trabajo con el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien adelantó que el Gobierno estudia reformar la norma legal 
Manifestaron su respaldo al Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y expresaron que confían en que los organismos competentes atenderán de manera correcta la demanda de inquilinos e inquilinas

Durante entrevista en el programa Hoy en Contexto, de ANTV, hicieron referencia a las declaraciones emitidas por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina sobre la modificación del texto.


De izq a der: Maglene Sierra, Raquel Bravo y Erick Rodríguez
Señalaron que la norma promulgada el 12 de noviembre de 2012 por el Líder Supremo Hugo Chávez Frías “no se hizo por capricho”.

“Es cuestión de aplicar la ley no de cambiarla”, así lo dijeron la vocera del Movimiento de Inquilinos Bolivarianos Raquel Bravo y la integrante de la Asociación Civil de Inquilinos Maglene Sierra, a propósito de la posibilidad de que el Gobierno Nacional modifique la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda en el país.

Coincidieron que si hay fallas en la aplicación del instrumento, es responsabilidad de las autoridades quienes deben aplicar la ley con todo el rigor que corresponde.

Recordaron que la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda fue construida de las bases populares gracias al amor y al apoyo de Chávez les otorgó. “Un avance de esta magnitud es posible solo en Revolución”, acotaron.

Ambas consideraron que si se llegara a reformar la ley “que no ha sido aplicada en su totalidad” sería “un enorme retroceso para los logros en materia de vivienda, así como en las áreas sociales”.

Manifestaron su respaldo al Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y expresaron que confían en que los organismos competentes atenderán de manera correcta la demanda de inquilinos e inquilinas

Invitaron también los interesados y a las interesadas a comunicar sus dudas al movimiento a través de la cuenta social en Twitter @inquilino_movi.

Fuente: ANTV/P: Anluisbeth Rodríguez
30 /05/ 2014

jueves, 22 de mayo de 2014

7 mil edificios serán vendidos a sus inquilinos - Justicia Social en Revolución ►


7 mil edificios serán vendidos a sus inquilinos
 Sunavi se reunió con el Servicio de Registro a
fin de agilizar la autenticación de los documentos

Siete mil edificios de vieja data que están bajo la condición de arrendamiento en el país, deben ser vendidos a sus inquilinos conforme a lo establecido en la providencia administrativa que fue publicada en la Gaceta Oficial N°40.382, donde se establecen los procedimientos para que los multiarrendadores vendan los inmuebles.

Eleusis Borrego, director del despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi), informó que de estos siete mil contabilizados por su despacho, hasta ahora se ha presentado 40% en la institución para el cálculo de los precios y así iniciar el proceso de compra-venta.

“Hacemos un llamado a los propietarios de edificios de vieja data para que vengan, normalicen su situación y oferten sus inmuebles”, señaló.

25 MIL APARTAMENTOS EN CARACAS

La normativa permite que las personas que habitan en apartamentos alquilados desde hace más de 20 años puedan adquirir sus inmuebles a precios justos.

Asimismo establece que el proceso de ofertar la venta de los edificios deberá iniciarse en un lapso de 60 días hábiles, contados desde el pasado 28 de marzo de 2014, y que el próximo 26 de junio vence el plazo para estos propietarios.

En el Área Metropolitana, la mayoría de estas viviendas se concentran en los municipios Libertador, Baruta y Chacao.

La norma está dirigida únicamente a los propietarios de edificios en calidad de multiarrendadores.

Vale mencionar que, de acuerdo a la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda, un multiarrendador es la persona que tiene más de tres inmuebles en alquiler.

FIJACIÓN DE PRECIOS

Borrego explicó que la fijación de los precios la hace la Sunavi de acuerdo con una metodología científica en la que se considera: la cantidad de metros cuadrados, altura del inmueble, instalaciones mecánicas, ascensor, bajantes de basura, sótano y estado de conservación.

“El valor es relativo, en función de las características reales que presenta el inmueble. Es un precio justo, que no va a fomentar la especulación y la plusvalía que se maneja en el mercado secundario, en donde fijan los precios de acuerdo a si está ubicado cerca del metro o de un supermercado, tomando como referencia un dólar paralelo, como una teoría capitalista”, dijo.

Para la fijación de precios de las viviendas, los propietarios acuden con la respectiva documentación a la institución, para incorporarse en el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas, y al día siguiente se le entrega el justo valor del inmueble.

Borrego manifestó que la mayoría de las compras de inmuebles se realizan a través de las carteras de los operadores financieros con los recursos provenientes del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV).

Sin embargo, indicó que hay grupos familiares que cancelan de contado, de acuerdo a sus años de ahorros.

VENTA SIN PROPIEDAD HORIZONTAL

Para poner en venta los edificios es necesario que estén bajo la figura de propiedad horizontal.
El funcionario indicó que para agilizar el proceso, los registros públicos están en la obligación de tramitar la compra-venta de edificios que no cuenten con el requisito.

“Los registros tienen la obligación de autenticar los escritos sin los documentos que pide la Ley de Propiedad Horizontal, dándoles un lapso de un año para entregar la documentación; si vencido ese tiempo no lo han entregado al registro, hay una prórroga de un año más a los fines de que puedan hacer toda la tramitación”, explicó.

En este sentido, señaló que han desarrollado varias reuniones con las autoridades del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) a los fines de que todos los registros del país manejen la información y faciliten los trámites.

La octava disposición transitoria de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda dispone que los requisitos para otorgar la propiedad horizontal deben flexibilizarse en los registros.

TECHO PARA TODOS

Los dueños del Edf. Viloria, en Sabana Grande, ya iniciaron el proceso de venta.
Jorge Tajan, representante de un multiarrendador, del edificio Viloria, ubicado en Sabana Grande, indicó que, de acuerdo con la normativa de la Sunavi, están ofertando los apartamentos a los inquilinos en 375 mil bolívares. 

El edificio fue construido en el año 1953 y consta de 56 apartamentos.

“Ya estamos tramitando el proceso de compra-venta en mutuo acuerdo con los inquilinos, para así evitar sanciones. Mis clientes decidieron vender al precio de la regulación, beneficiando así a familias de bajos recursos”, dijo.

Douglas Acevedo, habitante del edificio San Biaggio, en la avenida Victoria de Caracas, tenía 25 años viviendo alquilado y efectuó la compra de su apartamento a través de un crédito hipotecario del Banco de Venezuela.

Destacó que la institución financiera estatal asumió el crédito por el costo total del edificio, el cual consta de 18 apartamentos. Para determinar la cuota a cancelar por cada familia, realizó un estudio socioeconómico.

En el caso de Acevedo, el valor del apartamento fue de 64 mil bolívares y paga mensualmente 400 bolívares, además de que goza de un año de gracia.

“Lo mejor que ha hecho el Gobierno con la clase media es que las personas que vivan alquiladas puedan tener su techo propio. Se nos garantizó la vivienda gracias a la Revolución Bolivariana, sin ningún factor político, con total inclusión”, expresó.

Por su parte, Emperatriz Morales, de 68 años de edad, habitante del edificio Iche, en la avenida Roosevelt, tiene 18 años alquilada y ya está en el proceso de compra-venta del inmueble. El trámite lo está realizando a través del Banco Bicentenario y al apartamento de tres habitaciones, dos baños, sala-comedor y cocina se le fijó un valor de 165 mil bolívares.
Actualmente cancela 375 bolívares mensuales de alquiler
.
Explicó que los créditos hipotecarios son manejados a través de la banca pública, con tasas de interés social, 25 años para pagar y subsidio directo habitacional.

“Nosotras, las personas de la clase media, tenemos, gracias al Gobierno, la oportunidad de comprar un techo a precio justo. No tuvimos trabas por ser de la tercera edad”, destacó.

APOYO AL DECRETO

El apartamento de Riger Sergent tiene un valor de venta de 260 mil bolívares.

Sergent explicó que todos los inquilinos están interesados en tenersu techo propio, acorde a las necesidades socioeconómicas de las familias. “No queremos nada regalado, lo queremos a un precio justo”, dijo.

La administradora les indicó que, para que comiencen las negociaciones, están de acuerdo con los precios.

“El Estado deber regular el mercado secundario inmobiliario, ajustado a las necesidades de cada ciudadano”, dijo. Sostuvo que el valor justo de los inmuebles, fijado por la Sunavi, permitirá “sincerar los precios”.

Asimismo indicó que el decreto acompaña la política de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Multas

Si el 26 de junio, los multiarrendadores no han hecho el ofrecimiento de la opción de compra-venta de los apartamentos, los inquilinos pueden acudir a la Sunavi para denunciar a los propietarios.

“Vamos a tomar esas denuncias y los procedimientos administrativos a los fines de determinar e imponer las sanciones”, señaló Eleusis Borrego, director del despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi).


Asimismo sostuvo que el Estado venezolano no quiere sancionar a ningún propietario, pero si no acatan la medida será “necesario que les caiga el peso de la ley”.


La normativa establece que el arrendador que no dé cumplimiento a lo establecido, será multado con dos mil Unidades Tributarias (UT), 254 mil bolívares, por cada vivienda que no ofrezca para la venta.

Deberá cancelar la multa en un lapso de cinco días hábiles, una vez se determine el incumplimiento de la normativa legal.


En el caso que no cancele la multa, se le considerará reincidente y se le doblará el valor.

F/Ciudad CCS

Juntos con el Pueblo Defendiendo el Legado de Nuestro Comandante Chávez

  Gracias Presidente Nicolas Maduro

domingo, 4 de mayo de 2014

25 mil Inquilinos podrán comprar su techo #MayoProductivoConMaduro ►

Prensa UN.- La resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) del pasado 28 de marzo de 2014, que ordena a los propietarios de edificios de larga data, con más de 20 años dedicados al alquiler de apartamentos formalizar la oferta de venta a sus inquilinos, movilizó a las partes involucradas.

Por una parte, los colectivos y redes de inquilinos celebran la medida, pues apuestan a que esta vez sí se debe cumplir la ley a cabalidad. “Porque los propietarios no nos estaban parando”, apunta Maglene Sierraalta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.

Para estas organizaciones, el hecho de que los dueños acepten el acuerdo de venta constituye un punto de honor a una lucha en la que llevan desde 2006. “Esto es justicia social. La mayoría de los inquilinos son de la tercera edad, muchos hijos de inmigrantes. Hemos hecho una vida con nuestros padres e hijos pagando alquiler desde hace 40 años y más”, cuenta Douglas Acevedo, quien logró comprar su apartamento en el edificio San Biaggio.

“Esto es justicia social, gracias al presidente Chávez. Mi apartamento me costó 67 mil bolívares. A otros les salió un poco más caro porque son más grandes o por estudio socio-económico. A una señora aquí en el edificio le salió gratis, lo pagó un banco del Estado, porque ella es sola y de edad avanzada”.

La medida beneficiará a 25 mil inquilinos que habitan en edificios de vieja data, según registros de las organizaciones de inquilinos.

Los gremios inmobiliarios, representantes de dueños de edificios y de compañías que administran los arriendos que se cobran a apartamentos ubicados en edificios viejos -la mayoría construidos en las décadas de los años 50, 60 y 70-, fustigan la resolución.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), apenas se publicó la resolución, introdujo un recurso de nulidad ante los Tribunales Superiores Contenciosos de Caracas. “Esto es un atentado más contra la propiedad privada, no se puede obligar a vender”, señaló (el opositor de derecha) Aquiles Martini, presidente del gremio.

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), que además administra varios de los edificios que serán objeto de la medida, se opone a la resolución en el mismo orden de la CIV, e insiste en que los avalúos que se hacen de las edificaciones están muy por debajo del mercado. “El Estado no debe ponerle precio a la propiedad privada”, sostiene Roberto Orta (opositor de derecha), representante de Apiur.

Los gremios también se oponen a la metodología de avalúo que aplica la Sunavi para determinar el precio final de los inmuebles, pues aducen que con esta fórmula no se toma en cuenta la ubicación y la zona donde están los edificios.

Empezó a correr el lapso. Lo concreto, en este momento, es que el plazo de sesenta días que prevé la resolución para que los propietarios hagan la oferta de compraventa empezó a correr desde que se publicó la medida que vence a finales de mayo.

Según la resolución, en ese plazo el propietario deberá formalizar la oferta de compraventa; en caso contrario, de no cumplir con este paso, se le aplicará una multa de 2 mil unidades tributarias (UT), que equivale a 250 mil bolívares (una cifra equivalente al precio máximo de un apartamento de vieja data, de 70 metros, tres habitaciones , según la fórmula de avalúo que aplica la Sunavi).

Debido a que esta resolución es una derivación de la disposición transitoria quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, de no concretarse el acuerdo de compraventa al término de los 60 días, la ley prevé que las organizaciones sociales (en este caso, los colectivos y redes de inquilinos) podrán pedir al Ejecutivo que proceda a la expropiación del inmueble, pero voceros de los colectivos destacan que quieren llegar a acuerdos antes de pedir la expropiación. “Queremos comprar. No queremos nada regalado, aunque sabemos que aún con la expropiación el Estado le paga un justiprecio al dueño; pero no queremos recurrir a esa vía sin intentar acuerdos amigables”, resaltó Sergent.

Este vocero relató que, en los avalúos que se han realizado con base en la metodología para calcular el precio del inmueble, la cual toma en cuenta la depreciación (antigüedad, años de construcción), el tamaño del apartamento (metraje) y el mantenimiento (condiciones de la infraestructura, servicios de luz, agua), el valor máximo de un apartamento de larga data es de 250 mil bolívares.

Los censos que llevan los colectivos indican que de las 25 mil familias que habitan edificios viejos, 85% de los responsables del arriendo son mayores de 55 años de edad.

Ante esta realidad, se llegó a un acuerdo con la banca pública encargada de otorgar los créditos hipotecarios -los cuales tienen una vigencia de entre 25 y 30 años para cancelar la hipoteca-, de suscribir un seguro de vida retornable en caso de fallecimiento del beneficiario del crédito. “Pero también en la banca pública nos han indicado que son créditos heredables”, aclaró Maglene Sierraalta.

Otro acuerdo que están concretando colectivos de inquilinos con el Estado es que, en caso de que algún inquilino de los edificios viejos que se vendan en su totalidad no quiera comprar el apartamento, hay una propuesta de que la Inmobiliaria Nacional -estatal adscrita al Ministerio de Vivienda- compre el apartamento, y en el caso de que el ocupante decida mudarse, el Estado dispondrá de esta unidad, bien para el alquiler con opción a compra o para venderla.

Maglene Sierraalta resalta que algunas familias que habitan los edificios viejos y que llevan más de 40 años vivienda allí y tienen la capacidad de comprarlos de contado. “Hemos ahorrado, tenemos una buena jubilación o contamos con el apoyo de nuestros hijos y nietos, pero necesitamos que nos hagan la oferta. Todas las familias tienen la mejor disposición y posibilidad de pagar el crédito”.

Al tratarse de edificios con más de 30 años de construidos, y a muchos de los cuales se les ha aplicado la regulación, el alquiler que pagan en promedio ronda los 500 y 300 bolívares. En muchos de estos inmuebles los inquilinos asumen los gastos de mantenimiento, pagos de servicio de agua y luz. “En muchos casos las administradoras o los propietarios no quieren asumir ningún pago de servicios ni de mantenimiento”, apunta Sierraalta.

Búsqueda dentro de esta página:

Google
RMI