EL Pueblo Legislador defiende la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la derecha apátrida (MUD) no podrá cambiarla. - RED METROPOLITANA DE INQUILINOS - EL Pueblo Legislador defiende la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la derecha apátrida (MUD) no podrá cambiarla.

miércoles, 19 de agosto de 2015

Novia de Pérez Venta fue abogada de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos APIUR

Karem Alejandra Yépez Galindo, la funcionaria de la Alcaldía Metropolitana de Caracas que sería propietaria del apartamento donde asesinaron a la comerciante Liana Hergueta, es una abogada estrechamente vinculada con la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR) promovida por el escritorio jurídico Orta Poleo, que a su vez sirve de sede al gremio, según se puede verificar en la página web de la organización.

Una revisión a las actuaciones de Yépez Galindo como representante legal en procesos judiciales la coloca, en forma reiterada, como litigante junto con los abogados Raymond Orta Martínez y Carlos Calanche Bogado, integrantes del bufete Orta Poleo, según las actas procesales publicadas por el portal del Tribunal Supremo de Justicia.

La abogada Karem Yépez, funcionaria de la Alcaldía Metropolitana y 
responsable del apartamento donde asesinaron a Liana Hergueta
Esta organización, que incluye al grupo inmobiliario Orta Poleo, dedicado a la compra, venta y alquiler de inmuebles en la región capital y especialmente en Caracas, ha promovido desde hace más de 10 años una serie de acciones legales y políticas para asegurar el desalojo de inquilinos o de ocupantes irregulares de viviendas y locales comerciales en la ciudad.

En tal sentido esgrimen un discurso en defensa de la propiedad privada, la cual, a su juicio, ha sido vulnerada por las distintas legislaciones que protegen a las familias inquilinas y que han sido impulsadas por el gobierno bolivariano y por la Asamblea Nacional.

Karem Yépez, según informó el pasado lunes el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, mantiene una relación de pareja con José Pérez Venta, imputado por el crimen de una mujer cuyo cadáver fue descuartizado y abandonado en su propio vehículo en un sector del norte de Caracas. Asimismo Rodríguez aseguró que el apartamento 605, del edificio Isnotú, entre las esquinas de Canonigos y Santa Barbara, en pleno casco urbano de la capital venezolana, es propiedad o está a cargo de la abogada Yepez.

Tras la llegada al cargo de Antonio Ledezma, como alcalde metropolitano, la abogada se sumó al equipo legal de la institución. donde desde enero de 2009, se desempeña como coordinadora de opinión y consulta en la Consultoría Jurídica, tal como se puede constatar en su ficha de la seguridad social y en su perfil de la red profesional Linkedin.

Asimismo una revisión de su página personal en Facebook, permite establecer su relación con Pérez Venta y con otros miembros de la organización Operación Libertad Venezuela, una red clandestina de activista de extrema derecha, fanatizados en torno al derrocamiento del actual gobierno.

El 5 de enero pasado uno de los activistas de la OLV, Humberto Vargas Delgado, le escribió en su muro que le habían robado su celular y que le avisara a José (Pérez Venta)  "y a todos los que tengan mi Cel y el Pin".

Vargas Delgado fue señalado en mayo de 2014 como activista de la conspiración por el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.

 La relación de Karem Yépez con José Pérez Venta, "habría comenzado luego que el dirigente estudiantíl de derecha auto-exiliado Tugomir Yépez los presentara en el 2013", según informó el portal web Con el mazo dando.

Fuente: La Tabla 

martes, 18 de agosto de 2015

En protección del derecho a la vivienda de todas las personas

TSJ ordena conformar mesa entre inquilinos y propietarios para garantizar las reubicaciones que correspondan según la ley


17 de Agosto.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de la representación de los inquilinos y propietarios, con el objetivo de brindar respuesta consensuada a las controversias que se susciten, tras la culminación de los contratos de arrendamientos de vivienda que actualmente se encuentran en los distintos tribunales del país para garantizar los derechos de todas las partes.
A través de la sentencia N° 1171 publicada el 17 de agosto de 2015, se admitió la demanda de amparo en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los ciudadanos y ciudadanas, arrendatarios de viviendas, cuyas causas se encuentran en estado de ejecución; la misma fue interpuesta el pasado 29 de abril de 2015 por el Movimiento de Inquilinos, el cual solicitó al Máximo Tribunal de la República, que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo.
Asimismo, el Movimiento de Inquilinos solicitó al TSJ que se agilice el otorgamiento de refugios o viviendas a los inquilinos o inquilinas para que estos, de forma voluntaria, puedan devolver el inmueble a sus dueños; y también requirió, además, que los propietarios de inmuebles que han estado dedicados al arrendamiento por 20 años o más, vendan esos inmuebles a un precio justo, según lo establecido en la Ley que rige la materia arrendaticia.
De acuerdo a la sentencia, cuya ponencia corresponde a la Presidenta del TSJ, Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, la mesa de trabajo se conformará en un lapso no mayor a 30 días, y deberá presentar un informe preliminar a la Sala Constitucional, en un lapso de 90 días, y un informe definitivo en los 90 días posteriores, a fin de que la máxima instancia judicial emita una decisión definitiva.
Igualmente, los miembros de la mesa de trabajo deberán elaborar un protocolo que determine el procedimiento a seguir en adelante para garantizar la devolución de la vivienda a los propietarios, una vez culminado el contrato de arrendamiento y la reubicación del inquilino a una solución habitacional, cuando éste no tenga lugar donde vivir.
Esta sentencia abre la posibilidad de iniciar un diálogo sostenible entre todos los factores que hacen vida en las relaciones arrendaticias, en busca de un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios, con la intervención activa del Estado para velar por la tutela efectiva de los derechos de todas las personas.
Fuente: www.aporrea.org

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