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sábado, 16 de enero de 2016

Derecho y propiedad de la vivienda están asegurados en leyes aprobadas en Revolución

Foto: Archivo
Con el nacimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa creado por el comandante Hugo Chávez, fueron aprobadas un total de nueve leyes que en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República garantizan el derecho y la propiedad de las casas construidas en toda la nación.


Las leyes, aprobadas durante el periodo de mayoría bolivariana en el Parlamento, garantizan el derecho a la vivienda y la propiedad, destacó el diputado Ricardo Molina durante su intervención el pasado miércoles 13 de enero en la Asamblea Nacional.

“La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat promulgada en 2008 es una ley revolucionaria, la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas de 2011, es ley Revolucionaria, y la Ley de propiedad de Vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela de abril de 2011, son leyes Revolucionarias”, mencionó.

El diputado Molina, quien fuera ministro de vivienda hasta mediados de 2015, habló sobre el blindaje jurídico de Misión, a propósito de la propuesta de ley de propiedad de vivienda hecha por el diputado de derecha, Julio Borges.

Borges, quien desde el nacimiento de la Misión Vivienda se ha mostrado contrario a esta política, propuso una ley para entregar títulos de propiedad a las familias que viven en las casas hechas por el Gobierno nacional, un argumento que ha sido denunciado como manipulación por parte de la bandada de la Patria porque intenta confundir con elementos que ya están contemplados en las leyes.
Molina advirtió que el objetivo real de esta propuesta es mercantilizar la vivienda y convertirla en capital de bancos e inmobiliarias privadas.

Durante la sesión del miércoles, recordó que “la vivienda en la revolución bolivariana, chavista es considerada como asentamiento material para el desarrollo espiritual de la familia, es el hogar para el crecimiento de los niños y jóvenes en un ambiente sano, seguro y digno por ello prevalece el valor de uso ante el valor de cambio. Las viviendas construidas por el Estado venezolano se construyen con los recursos del pueblo, por ello no deben convertirse en mercancía”, aseveró entonces.

Las familias que adquieren las casas de Misión Vivienda no pagan cuota inicial y los intereses no sobrepasan 4,63 %, a diferencia del 80% sobre préstamos hipotecarios que regía la venta de casas del sector privado durante la Cuarta República.

Enfatizó Molina que las leyes aprobadas en Revolución, sujetas al artículo 82 de la Constitución, garantizan la progresividad del derecho a la vivienda y la propiedad de las familias.

La Gran Misión Vivienda Venezuela es el programa de construcción de hogares más ambicioso hecho en el país. La meta es llegar al año 2019 con tres millones de nuevos hogares, objetivo que cumplió con el primer gran hito de un millón de casas construidas y entregadas a sus familias al cierre de 2015.

Para el 2016, el objetivo del Gobierno es construir 500.000 hogares y así elevar a 1,5 millones el número de familias que tendrán techo propio al término de este año.
AVN

El negocio inmobiliario detrás de la ley de vivienda de la MUD

Detrás de la ley que fue presentada por Julio Borges durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy (miércoles 13 de enero), se amasan grandes intereses económicos en el sector inmobiliario representados localmente por la Cámara Inmobiliaria.

Es quizás este sector económico, por las características parasitarias, mafiosas y especulativas bajo las cuales se maneja, que tanto acá en Venezuela como en el resto del mundo representa uno de los universos más virulentos de acumulación capitalista: grandes bancos, firmas inmobiliarias (nacionales y extranjeras) y empresas intermediarias juegan en llave para que los enormes créditos hipotecarios que asumirá el comprador se traduzcan en elevadas ganancias sobre la base de una mercancía que tiene tiempo de haber sido construida y que tenderá siempre a subir de precio (el famoso “mercado secundario”).

Por obra de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y las firmas inmobiliarias extranjeras que ella defiende, la gran mayoría de viviendas situadas en este mercado se negocian en dólares (paralelos) con base al precio que emana de la especulativa tasa cambiaria de Dólar Today.

La dolarización de facto de este sector, aparte de significar jugosos beneficios para las empresas intermediarias del ramo inmobiliario, también es su forma de responder políticamente al monumental botín que el Gobierno les arrebató en beneficio de la población.

Hay que recordar que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, entre tantos comunicados contra la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicó uno en particular el pasado mes de junio del año 2015 donde se mostraban coléricos por la toma de terrenos ociosos por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat para construir viviendas que no significarían ninguna oportunidad de negocio especulativo para la empresa privada.

Pero más allá de la demagogia de Borges, de querer limpiarse la cara cuando él mismo denominó a la Gran Misión Vivienda Venezuela como “misión maqueta” y de borronear las incontables sesiones legislativas en las cuales se negó a la aprobación de créditos públicos para favorecer la construcción de viviendas por parte del Gobierno, existe un plan de legalización de la especulación inmobiliaria de alto espectro.

Con el envalentonamiento que significa haber ganado la Asamblea Nacional, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y grandes corporaciones inmobiliarias gringas como Century 21, Re/Max o Codwell Banker, quienes representan un colosal oligopolio en el mercado inmobiliario local y que basan sus operaciones de compra, venta, alquiler y arrendamiento de viviendas sobre la base del precio del dólar paralelo, le están exigiendo (sin demasiado esfuerzo) a su empleado Julio Borges que le entreguen el millón de viviendas que ha construido el Gobierno para favorecer su gran negocio transnacional.

Con la titularización de las viviendas, estos oligopolios del ramo inmobiliario (y los grandes bancos privados como Banesco, BOD, Banco Mercantil y Banco Provincial) podrían intermediar, cobrar comisiones, negociar, hipotecar y a futuro embargar (si no pagas completo) un millón de viviendas que entrarían al mafioso y dolarizado mercado secundario. Sin embargo, existen más factores en contra que a favor para lograr este cometido. Hasta ahora dicha ley bailotea en lo mediático y perceptivo, nada más.

Julio Borges puede fabricar toda la demagogia que quiera, pero existe un punto débil que, por obviarlo olímpicamente, comporta quizás el elemento más importante. Borges utilizó toda esa fraseología jurídica para encubrir tanto su acérrima defensa de la dolarización de los precios de las viviendas que están en manos del sector privado, como que el precio de las viviendas construidas por el Gobierno que desea titularizar vía ley, tendrán el precio especulativo que definen Century 21, Re/Max y Codwell Banker. Él es el principal defensor la dolarización y de sus agentes transnacionales, en este caso, del mercado secundario de viviendas.

Si tanto le interesa el acceso a la vivienda de “todos por igual”, ¿por qué no diseña una ley en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela que establezca baremos racionales para acordar un precio accesible y que se pueda pagar?, ¿por qué no promueve una ley que ilegalice el uso del dólar paralelo para establecer el precio final de casas y apartamentos?, ¿por qué no se reúne con los gerentes de Century 21, Re/Max o Codwell Banker y los obliga a frenar la especulación inmobiliaria mediante una ley?

Él nunca atentará contra el lucrativo negocio de sus verdaderos jefes, por eso no dice ni pío de la gran estafa inmobiliaria y financiera transnacional que desea absorber a totalidad la Gran Misión Vivienda Venezuela para que se enriquezcan sin haber invertido media locha.

Pero antes de entrar en la inviabilidad legal de esta ley, coloquémonos en el supuesto negado de que efectivamente un beneficiario de un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la Avenida Libertador puede vender “su” apartamento en 25 millones de bolívares. Entendiendo que ese, en el pasado beneficiario y hoy propietario, quiere “progresar” y vivir en una “zona mejor”, ¿podrá comprar con ese dinero un apartamento en el este capitalino sabiendo que cuesta cinco veces más y que Julio Borges defiende ese precio especulativo a capa y espada?, ¿podrá comprar una casa en Carabobo o Aragua, ubicada en alguna zona céntrica, cuando el precio es mucho mayor?, ¿se devolverá a su barrio y se comprará una camioneta del año con ese dinero?, ¿preferirá perder su vivienda para asumir un crédito que para pagarlo necesitaría de otro trabajo? Pura demagogia la propuesta de ley de la Inmobiliaria Borges C.A.

Ahora bien, la ley propuesta por Julio Borges, por sí sola en caso de aprobarse, quedaría invalidada inmediatamente por contravenir los principios de la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la ley especial que de ella proviene: la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la cual, en sus artículos 12 y 13, establece taxativamente que las viviendas son para uso, goce y disfrute de la familia beneficiada, no para vendérsela a Century 21.

Tendrían que reformar o derogar la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda (para lo cual necesitan 112 diputados) para que la ley de titularización tenga efecto real y aplicabilidad en el sistema de leyes venezolanos. Si deciden irse de bruces (nuevamente), una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia puede invalidar la ley propuesta por Borges por contravenir un precepto legal orgánico superior que además fue declarado como “orgánico” tras una sentenciade ese mismo TSJ en el año 2011.

Ante el intento de manipular la percepción política a su favor y de traficar espejitos mediáticos, es importante precisar que con esa ley Borges busca endulzar a sus jefes, quedar como el empleado del mes de las grandes corporaciones inmobiliarias gringas y legalizar la monumental estafa que significa ese dolarizado negocio.

Chúpate tu maqueta.

viernes, 15 de enero de 2016

Maduro sentencia que la oposición tendrá que derrocarlo si quiere privatizar la Gran Mision Vivienda Venezuela

El Mandatario Nacional fustigó que ningún dirigente, alcalde o gobernador de la oposición haya construido viviendas para el pueblo en contraste con los gobernantes revolucionarios

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sentenció este viernes que los diputados de oposición tendrán que derrocarlo si quieren aprobar una ley para privatizar y llevar al mercado capitalista la casas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela.

“No y no, no vamos a permitirlo. Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización de viviendas”, afirmó el Mandatario Nacional durante su Memoria y Cuenta y Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional.

Fustigó que ningún dirigente, alcalde o gobernador de la oposición haya construido viviendas para el pueblo en contraste con los gobernantes revolucionarios. “Cuando ustedes demuestren que un gobernador de ustedes ha construido una vivienda los tomaré en serio”, manifestó a los parlamentarios opositores.

Maduro recordó que el año 2015 cerró con la construcción de la vivienda un millón para el pueblo venezolano desde la creación de la gran misión habitacional. “No han construido una vivienda y creen que nos vamos a calar que la privaticen”, enfatizó el Presidente.

Texto/Freidder Alfonzo
Foto/AVN

jueves, 14 de enero de 2016

RICARDO MOLINA EXPLICÓ CÓMO CAMBIARÍAN LOS PAGOS DE LAS VIVIENDAS CON LA LEY QUE PROPONE LA DERECHA

La intención de la derecha de capitalizar las casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela pretende quitarle “la significancia que tiene la casa como asiento del hogar y de la familia, y se convierta en una mercancía”, advirtió este jueves el diputado ante la Asamblea Nacional (AN) Ricardo Molina, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Julio Borges, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), propuso este miércoles ante la Asamblea Nacional una “Ley de Viviendas” de la que no fue presentado el debido proyecto, y con la que pretenden otorgar títulos de propiedad a los atendidos mediante la Misión Vivienda y los demás proyectos habitacionales del Gobierno Nacional.

A través de Venezolana de Televisión, Molina dijo que detrás de la intención de entregar estos de títulos de propiedad está el sector construcción, el mismo que explotó por muchos años al país y que “quisiera tener otra vez tasas de interés liberadas, como cuando llegó el comandante Chávez”, época en la que muchas familias de la clase media perdieron sus hogares “porque no tenían cómo soportar intereses de 80% sobre los préstamos hipotecarios y muchas no tuvieron oportunidad de adquirirla porque nunca pudieron reunir la inicial que se les exigía”.

“Ellos quieren volver a eso, al querer capitalizar la vivienda”, insistió Molina.

Afirmó además que la propuesta de Borges denota desconocimiento acerca de la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas, creada en 2011 por el comandante Hugo Chávez, en la que se establece el registro de la propiedad familiar, multifamiliar, el contenido de los documentos de la propiedad familiar, el procedimiento para el registro de los documentos en el registro inmobiliario.

“Ya existe (la ley) y además, con unas condiciones en el marco del socialismo. La familia que adquiere una vivienda en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela no va a dar inicial y tiene intereses del 4,63 %”, recalcó.

Subrayó que en el modelo que propone la derecha “todo tiene precio, donde si no tienes plata no puedes resolver tus problemas, no puedes vivir bien”.

En ese sentido, añadió que ese modelo se enfrenta nuevamente “con el modelo socialista, chavista y bolivariano”, que prefiere “satisfacer las necesidades de la familia, los individuos, las personas, entre todos. No importa en realidad cuánto cuesta la casa sino que ésta será un hogar para la familia”.

(AVN)

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