¡Se les cayó la campaña en la ONU! España raspó en materia de DDHH

¡Se les cayó la campaña en la ONU! España raspó en materia de DDHH

 29 septiembre, 2016

 Los Cara e' tabla - A los partidos españoles, que se cansaron de desprestigiar a Venezuela durante sus elecciones, apoyando la supuesta activación de la Carta Democrática y diciendo que el rrrrrrégimen reprimía a los venezolanos, se les cayó la campaña cuando la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó a Venezuela en Derechos Humanos (DDHH), mientras que a España le dieron una patada por ese c… Mientras ellos decían que los gobiernos debían reaccionar a la “a la barbarie que se está produciendo en Venezuela, porque en el siglo XXI y queremos es regímenes de democracia, libertad y de DDHH”. 

En España familias son desalojadas de sus hogares, sin ninguna razón, atropellando su derecho a tener una vivienda y vulnerando los DDHH de los españoles. Por eso es que calladitos se ven más bonitos, Rajoy comience con darle las soluciones a su pueblo para después hablar de los demás.

Que a diferencia de usted, el Gobierno Bolivariano, al que tanto desprestigia, ha otorgado más de un millón de hogares a los venezolanos a través de su programa social la Gran Misión Vivienda Venezuela, así que agarré ejemplo en vez de estar inventando.

UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS DIFÍCILES PARA LOS ESPAÑOLES DONDE MANDA EL CAPITALISMO

"No soy morosa, soy pobre": más de 426.000 desahucios marcan una década de crisis y desesperación 2010, 2011 y 2012 son los peores años de la crisis española, llegando a siete de cada diez desahucios de vivienda habitual, lo que significa que en 2012, 123 familias se estaban quedando cada día sin casa. Tardamos en verlo: los desahucios (DESALOJOS) no entran en la conciencia colectiva hasta finales de 2011.

Ministro Quevedo: La gente está reaccionando ante la estafa legislativa en la AN que pretende la MUD

Acompañó al pueblo que defiende a la GMVV

Ministro Quevedo: La gente está reaccionando ante la estafa legislativa en la AN

Los diputados del Bloque de la Patria recordaron que se mantendrán luchando por defender la propiedad de las viviendas de los beneficiarios de la misión

“El pueblo no se va a quedar tranquilo (…) la gente está reaccionando ante la estafa”, afirmó el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, a propósito del debate pautado en la Asamblea Nacional de la ley de propiedad de la vivienda.

Quevedo acompañó este martes a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que salió a defender este programa social creado por el comandante Hugo Chávez y se ha mantenido como una política de vivienda única que ha permitido que venezolanos cuenten con un inmueble digno.

“El pueblo vino a defender las leyes de la GMVV”, dijo asegurando que la ley, a la que el pueblo ha denominado ley disfraz porque es una estafa.

Destacó que la propuesta de la oposición en el parlamento, pretende eliminar el concepto de interés social, habla de la vivienda como un activo; deja sin acceso a la tierra a la GMVV.

“Nosotros estamos acompañando al pueblo. Donde haya una manifestación popular, allí estaremos acompañando a nuestro pueblo (…) donde este el pueblo van a estar nuestros diputados, defendiendo el derecho a la vivienda”.

BLOQUE DE LA PATRIA COMPROMETIDO

Por su parte el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Molina, destacó que el pueblo está decidido a hacer respetar las leyes de Chávez y su derecho al futuro.

“Tienen tiempo de reflexionar”, advirtió Molina a los parlamentarios opositores, recordándoles que el proyecto desconoce a la familia, el artículo 82 de la Constitución Bolivariana y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes al pretender volver a los años cuando las familias perdían su vivienda por no tener con que pagar.

En este sentido los instó a debatir con el pueblo en la calle.

Aclaró el diputado que, de ser aprobada la ley sobre propiedad de viviendas, el Bloque de la Patria solicitará al Tribunal Supremo de Justicia que se declare inconstitucional “por menoscabar los derechos alcanzados por el pueblo en Revolución”.

Héctor Rodríguez ratificó el compromiso del Bloque de la Patria con los beneficiarios del millón de viviendas construidas por el Gobierno Bolivariano para dignificar al pueblo.

Inquilinos con las barbas en remojo, ahora dirán "PERO TENEMOS CAMBIO"

Fedecámaras pide 

a la NUEVA ASAMBLEA NACIONAL 

derogar la LOTTT y la Ley de Precios Justos

El presidente del grupo empresarial destacó la importancia de que se establezca una modificación cambiaria que sea para todos por igual y se permita obtener las divisas que se requieren para reactivar el aparato productivo

El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, expresó que la nueva Asamblea Nacional debe “derogar la Ley de Precios Justos para que pueda activarse la producción en el país”.

“Desde el organismo seguimos firmes con la negativa a la Ley de Precios Justos porque genera efectos muy severos sobre la producción de bienes y servicios. Es una de las principales causas del desabastecimiento y además está acabando con la necesaria rentabilidad de nuestros comercios”, expresó tras culminar el primer consejo nacional del período 2015-2017 del entre gremial.

Además indicó que el nuevo Parlamento también debe revisar la Ley Orgánica del Trabajo (aprobada por el Presidente Hugo Chávez el 30 de abril del año 2012) e impulsar las negociaciones tripartitas entre los empleadores/dueños, sindicatos y gobierno.

El empresario destacó la importancia de que se establezca una modificación cambiaria que sea para todos por igual y se permita obtener las divisas que se requieren para reactivar el aparato productivo.

Indicó que la AN debe impulsar un marco regulatorio que favorezca el fortalecimiento del respeto a la propiedad privada.

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Nota: se imagina ya, cual es la siguiente Ley en la mira de la NUEVA ASAMBLEA NACIONAL

En protección del derecho a la vivienda de todas las personas

TSJ ordena conformar mesa entre inquilinos y propietarios para garantizar las reubicaciones que correspondan según la ley

17 de Agosto.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de la representación de los inquilinos y propietarios, con el objetivo de brindar respuesta consensuada a las controversias que se susciten, tras la culminación de los contratos de arrendamientos de vivienda que actualmente se encuentran en los distintos tribunales del país para garantizar los derechos de todas las partes.

A través de la sentencia N° 1171 publicada el 17 de agosto de 2015, se admitió la demanda de amparo en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los ciudadanos y ciudadanas, arrendatarios de viviendas, cuyas causas se encuentran en estado de ejecución; la misma fue interpuesta el pasado 29 de abril de 2015 por el Movimiento de Inquilinos, el cual solicitó al Máximo Tribunal de la República, que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo.

Asimismo, el Movimiento de Inquilinos solicitó al TSJ que se agilice el otorgamiento de refugios o viviendas a los inquilinos o inquilinas para que estos, de forma voluntaria, puedan devolver el inmueble a sus dueños; y también requirió, además, que los propietarios de inmuebles que han estado dedicados al arrendamiento por 20 años o más, vendan esos inmuebles a un precio justo, según lo establecido en la Ley que rige la materia arrendaticia.

De acuerdo a la sentencia, cuya ponencia corresponde a la Presidenta del TSJ, Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, la mesa de trabajo se conformará en un lapso no mayor a 30 días, y deberá presentar un informe preliminar a la Sala Constitucional, en un lapso de 90 días, y un informe definitivo en los 90 días posteriores, a fin de que la máxima instancia judicial emita una decisión definitiva.

Igualmente, los miembros de la mesa de trabajo deberán elaborar un protocolo que determine el procedimiento a seguir en adelante para garantizar la devolución de la vivienda a los propietarios, una vez culminado el contrato de arrendamiento y la reubicación del inquilino a una solución habitacional, cuando éste no tenga lugar donde vivir.

Esta sentencia abre la posibilidad de iniciar un diálogo sostenible entre todos los factores que hacen vida en las relaciones arrendaticias, en busca de un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios, con la intervención activa del Estado para velar por la tutela efectiva de los derechos de todas las personas.

Fuente: www.aporrea.org

España: Condenados a pagar 80 euros por defender a las familias Desalojadas

En Capitalismo presos por protestar contra los desalojos en España

El juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha condenado al pago de una multa de 80 euros a cada uno de los nueve vecinos de la capital que fueron juzgados el 12 de mayo y que han sido condenados por una falta contra el orden público por ocupar la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para protestar por el desahucio de tres familias. Los hechos sucedieron el 9 de marzo cuando un grupo de personas decidieron encerrarse en la Delegación de Vivienda para exigir una solución a la problemática de las familias desahuciadas. El encierro duró unas doce horas hasta que entró la Policía Nacional y los desalojó del edificio sin que mediara resistencia alguna.

De esta forma, surgió Acampada Esperanza, una plataforma ciudadana, que según su portavoz, Lola Castillo, trabaja en la capital contra los desahucios y reclamando alternativas para todas aquellas personas que se quedan sin su vivienda o no tienen un techo bajo el que vivir. Precisamente, dicha plataforma acampó durante diez días a las puertas de la Delegación de Vivienda para visibilizar el problema.

Todos los vecinos acusados declararon en el juicio que se encerraron pensando que tenían la autorización del delegado territorial de Vivienda, Rafael Valdivielso, quien les dijo tras entrevistarse con ellos que podían permanecer en el edificio siempre y cuando lo hicieran de manera pacífica y sin entorpecer el trabajo de los funcionarios.

El día del juicio, a las puertas del juzgado se concentraron un grupo de unas cincuenta personas en solidaridad con los vecinos que estaban llamados a sentarse en el banquillo.

El abogado defensor, Juan Escudero, ha dicho a Europa Press que la sentencia está recién notificada a cada uno de los nueve acusados, sin que por el momento se haya decidido el recurso de la misma.

Finalmente, el importe de la multa ha sido la mitad de lo que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal que reclamaba una sanción económica de 180 euros para cada uno de los nueve acusados. En caso de impago de los 80 euros de multa, la sentencia recoge 20 días de privación de libertad como alternativazgado de Instrucción número 4 de Jaén ha condenado al pago de una multa de 80 euros a cada uno de los nueve vecinos de la capital que fueron juzgados el 12 de mayo y que han sido condenados por una falta contra el orden público por ocupar la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para protestar por el desahucio (desalojo) de tres familias. Los hechos sucedieron el 9 de marzo cuando un grupo de personas decidieron encerrarse en la Delegación de Vivienda para exigir una solución a la problemática de las familias desahuciadas. El encierro duró unas doce horas hasta que entró la Policía Nacional y los desalojó del edificio sin que mediara resistencia alguna.

Fuente: Andaluciapress

Sunavi debe proveer de refugio temporal a alquilados con sentencia de desalojo

El ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, delegó en el Superintendente Nacional de Arrendamiento de Viviendas, José Rafael Jiménez, la atribución de proveer refugio temporal a las personas alquiladas que tengan sentencia definitivamente firme para desalojar la casa donde residen.

La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial 40.508, de fecha 30 de septiembre de 2014, que circuló este miércoles.

La Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, vigente desde 2011, establece en su artículo 49 que el Ministerio para Vivienda y Hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una casa definitiva, en cualquier lugar del país y sin menoscabar las relaciones familiares, de trabajo y de estudio, a los alquilados que tengan sentencia firme para desalojar la unidad habitacional donde residen.

Además, estas personas deben comprobar ante la Sunavi que no tener lugar donde habitar, señala el instrumento jurídico.

Entre los considerandos de la resolución publicada en la Gaceta se señala que el Ministerio tiene la facultad de asignar refugios a las familias con sentencia firme de desalojo, a los fines de garantizar relaciones arrendaticias justas.

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, la primera aprobada en la Asamblea Nacional ante una propuesta presentada por el pueblo organizado, contempla cinco causales de desalojo: si el arrendador tiene la necesidad justificada de ocuparla, bien sea para sí o para alguno de sus parientes consanguíneos hasta del segundo grado; una mora de cuatro meses en el pago del canon sin causa justificada; si el inquilino destinó el inmueble a usos deshonestos, indebidos o distintos a los previstos originalmente; si deterioró la vivienda o le hizo reformas no autorizadas; o si violó las normas de convivencia ciudadana.

Si el propietario invoca cualquiera de las cinco causales, debe acudir, en primera instancia, a la vía administrativa, es decir, la Sunavi, un órgano que nació por mandato del instrumento jurídico en sustitución de la Dirección Nacional de Inquilinato.

A través de este método se busca llegar a un acuerdo entre las partes. Se establece un lapso de 20 días para ello. Si no se alcanza, se pasa a la vía judicial, donde el proceso debería durar hasta unos siete meses.

Fuente: AVN

Así es el Capitalismo: Desalojan a madre Inquilina y a su hijo con síndrome de Down en España

 

Desahucian a una madre y a su hijo con síndrome de Down en España

Una familia monoparental compuesta por una madre y su hijo de 8 años con síndrome de Down ha sido desahuciada de una vivienda de alquiler social en el barrio de Ezkaba, en el municipio navarro de Ansoáin (España).

 

La Plataforma Antidesahucios de Ansoáin ha censurado el desahucio que se ha registrado este jueves. La mujer y su hijo residían en dicha vivienda social (cerca de Pamplona) desde hacía seis años, informa Europa Press. La identidad de los desalojados no ha trascendido.

 

De acuerdo con Jesús Torres, miembro de la Plataforma, sobre las 8:30 horas de la mañana (hora local) agentes de la Policía local, un secretario judicial y el abogado de la arrendataria de la vivienda, se han personado en el domicilio para ejecutar el desahucio.

 

Torres ha explicado que la familia ha abandonado la vivienda de alquiler social y “se ha quedado en la calle” porque “no tiene dónde ir”. “Les han echado sin escrúpulos”, añadió.

 

En mayo del año pasado se logró aplazar el primer desahucio anunciado para esta mujer, cuya renta básica son unos 600 euros mensuales. “Entonces creíamos que desde el Gobierno de Navarra y desde el Ayuntamiento moverían algo, pero nadie ha movido nada”, denunció Torres.

 

Fuente: elcomunista.net

Unión Bolivariana de Inquilinos pide la destitución de la Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda SUNAVI

Inquilinos denuncian falta de acción gubernamental (de SUNAVI)

Más de 4.800 casos se encuentran paralizados en la Superintendencia

La Unión Bolivariana de Inquilinos pide la destitución de la superintendente    

FUENTE:| EL UNIVERSAL

miércoles 4 de julio de 2012 12:00 AM

Después de la aprobación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios una de las críticas que se hizo a la norma fue la centralización de los reclamos y operaciones entre arrendadores y arrendatarios. La consecuencia, nada más en el área metropolitana de Caracas, ha sido la paralización de más de 4.800 casos de incumplimientos de pagos, porque los inquilinos no tienen dónde cancelar ni obtienen respuesta por parte de la Superintendencia de Nacional de Arrendamientos.

Estas faltas de pagos han originado desalojos e intentos de desalojos por parte de los propietarios. Dilio Peña, tesorero de la Unión Bolivariana de Inquilinos, comentó que los arrendatarios quieren cancelar de acuerdo a las tarifas congeladas, pero los arrendadores no se quieren ajustar a dicho canon. "En realidad el interés de muchos de ellos es sacar a los inquilinos. Ahorita nadie quiere alquilar", dijo.

Aun cuando la instancia para resolver estas diferencias, tal y como lo establece la Ley, es la Superintendencia, Peña denuncia que dicho ente "no ha hecho nada en todo el año. Lo único que se ha hecho es cerrar los tribunales donde las personas depositaban lo que debían, ahora no hay donde pagar", dijo el representante de los inquilinos.

Peña reclamó a las autoridades que, a pesar de la promulgación de la Ley para proteger principalmente a los inquilinos, la falta de acción, en este caso por la Superintendencia, sólo está perjudicando más a los arrendadores.

Asimismo, el tesorero de la Unión Bolivariana de Inquilinos solicitó la destitución de Carmen Cecilia Morantes, superintendente nacional de arrendamientos. "No podemos tener un funcionario público que no nos dé respuesta. Si nos dan un derecho con la Ley nosotros vamos a exigirlo".

Peña contó que uno de los casos es el de Richard Toro que habitaba en una pensión en la Parroquia San Juan de Caracas y fue desalojado la semana pasada por no pagar. El señor Toro aún espera porque la Superintendencia atienda el caso, pero esto no ha sido posible.

Los problemas de respuesta no corresponden sólo a alquileres de viviendas, sino también a usuarios comerciales.

Hasta ahora el único apoyo que han tenido las personas para no ser desalojadas es la defensa pública. Esta instancia se ha encargado de enviar defensores a intermediar con los dueños de los inmuebles.

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FUENTE:| EL UNIVERSAL

miércoles 4 de julio de 2012 12:00 AM

Tribunal Supremo suspendió desalojos habitacionales

16/01/11.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a todos los jueces “con carácter de urgencia” para que restrinjan temporalmente “todas las medidas ejecutivas cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva”.

Mediante un comunicado, suscrito por la presidenta del máximo tribunal Luisa Estella Morales, se expresa que “la medida no significará la paralización de las causas en curso, ni alterará la suerte de las sentencias pasadas”, y argumenta que la decisión se toma sobre la base a la declaratoria de emergencia nacional mediante decreto presidencial en virtud de los daños ocasionados por las lluvias en las últimas semanas de 2010. El texto, dice: “De conformidad con lo aprobado por la Comisión Judicial en su sesión ordinaria del día de hoy (ayer), vista la declaratoria de Emergencia Nacional mediante Decreto Presidencial en virtud de las calamidades y desastres naturales generados por las lluvias en todo el territorio nacional, cumplo con informarle que debe instruir con carácter de urgencia a todos los jueces y juezas de su Circunscripción Judicial respectiva, y con mayor énfasis a los Jueces Ejecutores de Medidas sobre la limitación temporal de toda práctica de medida judicial de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación.

La aludida restricción temporal abarca a todas las medidas ejecutivas cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva.

La presente decisión sobre las medidas ejecutivas o cautelares no significará la paralización de las causas en curso, ni alterará la suerte de las sentencias pasadas con fuerza de cosa juzgada.

“Procédase a realizar la presente instrucción bajo apercibimiento, en el entendido que su inobservancia por parte de los jueces o juezas será causal de las sanciones correspondientes. Participación que se hace a los fines consiguientes”, expresa el texto enviado por el Tribunal Supremo de Justicia

Impedido Desalojo en Colinas de Bello Monte; Una lucha que se extendió desde las 8:00 am hasta 7:00 pm

Este Miercoles 09 de Julio de 2008 a las 5:00 pm

Se realizara una asamblea de Inquilinos en:

El Museo Carlos Cruz Diez Av. Bolivar (hay estacionamiento)

(punto de referencia detrás de la Plaza de Toro del Nuevo Circo)

Visita y deja tu comentario en:

http://www.inquilinos.blogspot.com/,

y

http://www.desalojos.blogspot.com/

Desalojo en Colinas de Bello Monte: la lucha es del pueblo

Red Metropolitana de Inquilinos: Impidieron desalojo en Bello Monte a pesar de represión de Policía Metropolitana y Polibaruta

Mireya Rondón, habitante de la casa, afirma haber sido víctima de una estafa, pues los pagos fueron realizados puntualmente. "(El propietario) nos demanda por incumplimiento de pago. Hoy nos sorprendió la medida de desalojo". Manifestantes de la Red Metropolitana de Inquilinos se acordonaron en la entrada y la PM los reprimió, deteniendo a tres personas.

Un grupo de aproximadamente 40 personas pertenecientes a la Red Metropolitana de Inquilinos, impidieron la ejecución de desalojo sobre una familia en Colinas de Bello Monte, Av. Casiquiare, en la quinta 24 de mayo. Ante la firmeza de los manifestantes, la PM presionó con acciones violentas y la detención de dos activistas de la Red, mientras que la Policía de Baruta apresó uno de los dirigentes sin dar cuenta de su paradero.

Alrededor de las 9:00 de la mañana del 30 junio se presentó la jueza Zulay Bravo, del Tribunal Sexto, acompañada de efectivos de la Policía Metropolitana (PM), con la intención de desalojar a una de las familias inquilinas de la quinta 24 de mayo.

Las partes iniciaron una mesa de diálogo para conseguir una salida legal justa, en razón a las debilidades jurídicas que presentaba la acción. Según Mireya Rondón, habitante de la casa y vocera de la Red, ella fue víctima de una estafa. "La vivienda fue negociada con el propietario y cancelada en dólares. Sin embargo, él nos demanda por incumplimiento de pago. Hoy nos sorprendió la medida de desalojo sin que se tomará en cuenta el acuerdo ni devolver el dinero pagado".

Durante el tiempo de negociación, los manifestantes se encontraban en las afueras de la vivienda. Como acto de protesta se acordonaron en la entrada, con el propósito de evitar la salida de la jueza hasta tanto no suspendiera la medida de desalojo y liberarán a los compañeros. En medio de las tensiones y consignas se hicieron las 4:00 de la tarde. Uno de los voceros informó que la orden de desalojo había sido suspendida, pero no había respuesta acerca de los prisioneros.

El cordón humano continúo resistiendo como medida de presión para lograr la liberación de los compañeros, a lo que respondieron violentamente 30 efectivos de la PM, con paralizer, perdigones y golpes hacia niños, jóvenes y adultos miembros de la Red. Finalmente, luego de varios minutos de resistencia, la PM logró sacar a la jueza y se retiraron.

El movimiento popular indignado se agrupó y concluyeron varias acciones políticas para conseguir la libertad de los detenidos, hacer justicia por las agresiones recibidas y continuar profundizando la lucha contra los "Latifundistas de concreto". Los tres detenidos fueron liberados este martes en la mañana.

Diario Proceso, Yvke Mundial

Nota: Todavía a horas de la mañana de este martes no habían sido liberados los tres detenidos. Los cuales eran amenazados con presentarlos en tribunales ¡!! ??

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD DE LOS CTU CON LA RED DE INQUILINOS

Desde horas de la mañana de ayer 30/06/2008 se presentó un Tribunal de Control junto a la Policía Metropolitana y la Policía de Baruta en Bello Monte, a ejecutar una medida de desalojo a 9 familias inquilinas. Las acciones represivas de las autoridades no respetaron personas mayores ni a los niños presentes. Gracias a la acción solidaria de la Red de Inquilinos del Poder Popular, quienes se movilizaron en solidaridad con estas familias, y la presencia de Venezolana de Televisión y otros medios que cubrieron el incidente, se evitó que 9 familias quedaran en la calle. Sin embargo es necesario denunciar la REPRESIÓN UTILIZADA POR LAS POLICÍA DE BARUTA Y POLICÍA METROPOLITANA, quienes privaron de libertad a tres integrantes de la Red de Inquilinos, acusándolos injustamente de agresión y obstrucción en el procedimiento. Eso lo podemos traducir como "LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES"

A través de este comunicado queremos expresar nuestro más profundo repudio a las acciones represivas de la Policía Metropolitana y Policía de Baruta, condenamos la PRETENSIÓN DE "CRIMINALIZAR LA SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS". Así mismo exigimos la libertad de Hernán Cortez, Ricardo Medina, detenidos en la Zona 7 de la Policía Metropolitana y de Asdrúbal Ugas detenido en la Policía de Baruta, todos integrantes de la Red de Inquilinos del poder Popular.

Hacemos un llamado al Ministro Chacín para que evite la participación de la Policía Metropolitana en actos violentos de desalojo de familias, que en su mayoría son inquilinos que habitan apartamentos desde hace más de 10 años, y que ahora los latinfundistas urbanos en complicidad con jueces al servicio de la especulación inmobiliaria, actúan contra familias honorables, para echarlos y lograr cambiar de uso y aumentar los alquileres de los apartamentos, en una acción de especulación y usura que atropella los derechos sociales y humanos de miles de familias. NO ES POSIBLE QUE EN REVOLUCIÓN LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA ESTÉ POR ENCIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES.

"Cuarenta años de malas políticas en materia de vivienda han dejado en la esclavitud de un alquiler perenne a miles de familias donde sus miembros han envejecido viviendo bajo la figura de arrendatarios, siempre bajo las ordenes de un propietario omnipotente al que hay que obedecer y agachar la cabeza, para evitar un desalojo. Hoy LOS INQUILINOS se organizan, son más de 5.000 familias de clase media organizadas en una red de solidaridad y apoyo mutuo, para evitar que sus hogares sean violados por la más salvaje demostración del capitalismo, "EL DESALOJO".

QUEREMOS REITERAR NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO A LA RED DE INQUILINOS DEL PODER POPULAR, REPUDIAMOS LAS ACCIONES VIOLENTAS Y REPRESIVAS DE LAS AUTORIDADES POLICIALES Y JUDICIALES, CONDENAMOS A LOS LATIFUNDISTAS URBANOS QUE PRETENDEN VIOLAR LOS DERECHOS SOCIALES Y HUMANOS EN NOMBRE DEL CAPITAL Y EXIGIMOS LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS HERNÁN CORTEZ, RICARDO MEDINA Y ASDRÚBAL UGAS. QUEREMOS DECLARAR NUESTRA DISPOSICIÓN A LA MOVILIZACIÓN POPULAR, PARA ACOMPAÑAR EN LA LUCHA A LA RED DE INQUILINOS, PORQUE PARA LOS COMITÉS DE TIERRA URBANA SOLO EXISTE UNA LUCHA, LA DEL PUEBLO POR SU LIBERACIÓN.

PATRIA SOCIALISMO O MUERTE
VENCEREMOS

Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana

Caracas Julio de 2008

DESALOJOS

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