Caracas, 30 Oct. AVN.- La Red Metropolitana de Inquilinos se
pronunció este martes de manera categórica: no es necesario dictar
nuevas providencias administrativas parta congelar los alquileres por
cuanto ya existe la Ley para la Regularización y Control de los
Arrendamientos de Vivienda, que le otorga a la Superintendencia Nacional
de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) la facultad para definir los
cánones de arrendamiento y precisa el procedimiento y la fórmula para
ello.
De este modo, el grupo expuso su respaldo a la decisión de Sunavi de
no continuar dictando la providencia de congelación de los alquileres.
"Consideramos que es una medida que le da seguridad jurídica al
pueblo inquilinario y que hace cumplir la primera ley propuesta por
iniciativa nacional", señaló este martes Yurani Prado, una de las
voceras de la Red y quien habló en nombre de otros colectivos impulsores
de esta normativa jurídica, como el Frente Socialista de Inquilinos del
estado Aragua, la Unión Bolivariana de Inquilinos de Carabobo, el
Frente de Inquilinos de Mérida y el Movimiento de Inquilinos de Falcón.
Explicó que el objetivo de dicha providencia, que era enfrentar el
carácter especulativo de los cánones de arrendamientos, ya está
garantizado por la ley pues ésta define el procedimiento para la
fijación de los alquileres. "Sunavi tiene la competencia para fijar el
canon. Ningún propietario ni administradora pueden aumentarlo. El que
por su cuenta lo haga será multado con cien unidades tributarias",
recordó.
Apuntó que ese congelamiento pudo proteger a los inquilinos mientras
se organizaron para crear el proyecto de ley, en cuya discusión
participaron todos los sectores involucrados. "Las providencias se
prolongaron hasta que existiera normativa que regulara la materia. Ahora
la tenemos, lo que hay es que hacer cumplir la ley, dar seguridad
jurídica a todo el pueblo inquilinario y hacer cumplir la primera ley
propuesta por el pueblo legislador. Esas son nuestras banderas",
puntualizó.
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Vivienda fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en noviembre
pasado, ocho meses después de que se introdujera el anteproyecto de ley
por iniciativa popular.
Colectivos de inquilinos redactaron el anteproyecto, que luego fue
sometido a discusión en la Comisión Permanente de Administración y
Servicios del Parlamento. En este debate también participaron
activamente los integrantes de los movimientos de inquilinos, y se
escuchó a representantes de arrendadores y organismos técnicos.
El instrumento jurídico le otorga a la Sunavi la atribución de
definir los cánones y establece en su artículo 77 que el alquiler
oscilará en una banda de entre 3% y 5% de rentabilidad anual sobre el
valor del inmueble.
Para la determinación del valor del inmueble (VI), la
Superintendencia deberá tomar en cuenta el valor de reposición (cuánto
costaría construir el inmueble en la actualidad), sus dimensiones, el
valor de depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región. Ese valor
de reposición será fijado anualmente por el Ministerio y se expresará en
bolívares por metro cuadrado. Está pendiente por definirse.
"Es hora de que esa parte se aplique para que se dé seguridad
jurídica a ambas partes: propietarios e inquilinos", agregó la vocera de
la Red.
Ley garantiza igualdad
Prado resaltó que la nueva Ley brinda un equilibrio en la relación
arrendador-arrendatario, pues garantiza la fijación de cánones justos y a
la vez establece la obligatoriedad de pago de alquiler, cuyo
incumplimiento da pie a la apertura de un proceso administrativo.
La vocera estimó que los inquilinos que se han opuesto a la decisión
de la Sunavi de no continuar congelando los alquileres constituyen
conductas individuales.
Representantes del Movimiento de Inquilinos de Caracas, Vargas y
Guatire y el Colectivo Popular de Vivienda de Parque Central han
señalado que la congelación es un "elemento imprescindible para la lucha
contra la especulación inmobiliaria" e indicaron que la decisión de no
renovar esa medida debió haber sido consultada.
Prado salió al paso a esta apreciación y recordó que simplemente se va a aplicar una ley que, además, fue ampliamente discutida.
Por su parte, Albaluz Páez, también integrante de la Red
Metropolitana, lamentó que exmiembros del grupo ahora tengan posiciones
"tan negativas en este momento álgido" en que finalmente se aplicará la
Ley.
Dubraska Gómez, inquilina del edificio Boconó ubicado en Colinas de
Bello Monte e integrante de la Red, estimó que quienes se oponen han
fomentado confusión entre los arrendatarios. Afirmó que la
Superintendencia, dirigida por Ana Marina Rodríguez, quien también forma
parte de la Red, se ha organizado para dar respuesta a los inquilinos
de todo el país.
"Yo fui una de las que asistí a la discusión de los artículos. Nos
sentimos orgullosos al ver cómo pudimos cambiar una ley que amparaba a
una minoría con poder", expresó.
