Caracas, 30 Oct. AVN.- Debido a que el artículo 39 de la Ley para la
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en vigencia desde
noviembre de 2011, le otorga a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos
de Vivienda (Sunavi) la atribución de definir los cánones de los alquileres en
Venezuela, la Sunavi no encuentra razones para continuar con el congelamiento
de alquileres, que estuvo vigente desde 2003 hasta el 14 de abril de este año.
Así lo explicó en conversación telefónica con la Agencia Venezolana de
Noticias (AVN) la titular del organismo, Ana Marina Rodríguez, quien recordó
que el citado instrumento jurídico, el primero promulgado en el país por
iniciativa del pueblo organizado, establece el procedimiento y la fórmula para
la fijación de los cánones de arrendamiento.
El hecho de que no estén congelados los alquileres no significa que están
liberados los precios de arrendamiento, recordó la Superintendencia en un
comunicado dado a conocer recientemente.
En dicho texto, el organismo, nacido a raíz de la aprobación de la Ley,
señala que el hecho de que la norma jurídica establezca que no podrán cobrarse
alquileres distintos a los fijados por el órgano rector "a todas luces
significa que hasta tanto sean fijados y regulados los cánones de arrendamiento
de los inmuebles destinados a vivienda, no podrá realizarse cobro alguno que
signifique incremento de lo pagado por los arrendatarios y arrendatarias".
Los arrendadores que pretendan aumentar las cuotas de alquiler sin respetar
lo que señala la norma se exponen a sanciones de hasta cien unidades
tributarias. Por esta razón, la Superintendencia instó a los propietarios a
respetar los montos actuales hasta que se "proceda a la regulación de los
mismos, de conformidad con la fórmula y los procedimientos establecidos en la
Ley".
Rodríguez puntualizó que el organismo que dirige está preparado para
realizar el procedimiento para el cálculo de los cánones, de acuerdo con las
solicitudes de ajustes interpuestas ya por arrendadores, y que sólo esperan la
aprobación del valor del metro cuadrado por parte del ministerio de Vivienda y
Hábitat.
La Ley establece en su artículo 77 que la fijación de los cánones de
arrendamiento estará basada en una banda de entre 3% y 5% de rentabilidad anual
sobre el valor del inmueble.
Para la determinación del valor del inmueble (VI), la Superintendencia
deberá tomar en cuenta el valor de reposición (cuánto costaría construir el
inmueble en la actualidad), sus dimensiones, el valor de depreciación, la
vulnerabilidad sísmica y la región. Ese valor de reposición será fijado
anualmente por el Ministerio y se expresará en bolívares por metro cuadrado.
Inquilinos
La Red Metropolitana de Inquilinos, el Frente Socialista de Inquilinos del
estado Aragua, la Unión Bolivariana de Inquilinos del estado Carabobo, el
Frente de Inquilinos de Mérida y el Movimiento de Inquilinos del estado Falcón
emitieron un comunicado en el que respaldan la decisión de la Sunavi de no
continuar con el congelamiento de alquileres porque confían en que el ente crea
seguridad jurídica.
De igual forma, rechazan los llamamientos a desconocer la postura de la
Superintendencia que han lanzado algunos inquilinos, en particular a través de
las redes sociales.
La titular de la Sunavi indicó que quienes se oponen a la decisión son
colectivos que alegan un supuesto "período de transición" que no
existe, puesto que la ley cumplirá un año de promulgada y es de aplicación
inmediata, dada la importancia que le confiere el Estado al sector de
arrendamientos.
Los sectores que desean que siga la congelación de cánones de arrendamiento
publicaron también un comunicado a nombre del Movimiento de Inquilinos de
Caracas, Vargas y Guatire y el Colectivo Popular de Vivienda de Parque Central.
En el texto señalan que esta congelación es un "elemento imprescindible
para la lucha contra la especulación inmobiliaria".
También consideran que la nueva ley y la Superintendencia requieren períodos
largos de adecuación.
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda
fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en noviembre pasado, ocho meses
después de que fuera introducido el anteproyecto de ley por iniciativa popular.
Colectivos de inquilinos redactaron el anteproyecto, que luego fue sometido
a discusión en la Comisión Permanente de Administración y Servicios del
Parlamento. En este debate también participaron activamente los integrantes de
los movimientos de inquilinos, y se escuchó a representantes de arrendadores y
organismos técnicos.
