Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, justicia, y solidaridad.
Juan Pablo II
sábado, 26 de enero de 2008
lunes, 24 de diciembre de 2007
martes, 11 de diciembre de 2007
Concentración de Inquilinos en la Plaza Bolivar: Jueves 13 de Diciembre de 2007
Red Metropolitana de Inquilinos
Para todos los Inquilinos de Caracas
Convocatoria a una Concentración
Para todos los Inquilinos de Caracas
Convocatoria a una Concentración
en la Plaza Bolívar de Caracas
Por el incremento desmedido de los desalojos inhumano de familias enteras incluso en edificios con decreto de afectación.
Por la defensa de nuestras viviendas y el derecho a tener techo propio.
Asiste a esta concentración que fue propuesta por inquilinos y aprobada por unanimidad en nuestra asamblea, por todos los inquilinos presentes.
LUGAR: PLAZA BOLIVAR (Frente a la Alcaldia Metropolitana)
FECHA: JUEVES 13 de Diciembre de 2007
HORA: 9:00 am
- Lleva tus pancartas, pitos, distintivos, franelas, etc.
- Convoca a tus vecinos
- Convoca a todos los afectados por desalojos o amenazas por parte de los propietarios y tribunales.
- Convoca a todos los Inquilinos que han solicitados las Expropiaciones de su vivienda
POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
Y
UNA RESPUESTA JUSTA
ASISTE!!!
El NO comenzó a arremeter contra el pueblo
Latifundistas de concreto comenzaron a desalojar a inquilinos con hijos y todo
Caracas.- ( Luis Enrique Araujo) A tan sólo par de días de la victoria de la oposición venezolana, los dueños de apartamentos, casas y habitaciones de alquiler, apodados Latifundistas de Concreto, iniciaron una serie de desalojos ilegales en distintas partes de Caracas, uno de estos casos se registro en la avenida Lecuna en el edificio San Mateo, donde “la dueña de un edificio pagó a 20 hombres para que amenazaran y agredieran a los inquilinos que no quisieran irse”
Este fue el caso y las declaraciones de la señora Tatiana Bonilla madre de tres niños quien se encuentra al día con los pagos de alquiler, sin embargo la dueña ha decidido desalojarles, en vista de que existe un expediente de expropiación sobre este edificio que no tiene aún sentencia “La dueña de este edificio es dueña de 20 edificios más, y como este está en proceso de expropiación mandó a esconder un grupo de tipos en el estacionamiento para que cuando yo saliera me tumbaran la reja y me dejaran en la calle con mis tres hijos, gracias a mis vecinos no pudieron sacarme, pero estamos en riesgo en todo momento.
Uno de los tres hijos de esta venezolana sufre de hidrocefalia, y en medio de la desesperación de este hecho hizo una solicitud al Alcalde Barreto “Por favor alcalde firme el decreto de expropiación, del expediente 0096 del 9 de abril del 2006, para evitar que esta señora nos deje en la calle y desprotegidos” es preciso recordar que el articulo 82 de la pasada propuesta de reforma, prohibía el desalojo de familias de su única propiedad.
Por: Hernan Arturo Durango Fecha de publicación: 07/12/07
miércoles, 21 de noviembre de 2007
Inquilinos apoyan la Reforma Constitucional
La Red Metropolitana de Inquilinos, movimiento social que agrupa a inquilinos de los cinco municipios capitalinos, se pronunciaron frente a la reforma constitucional brindándole su irrestricto y absoluto apoyo.
"Este proyecto político reivindica el derecho a la ciudad y la defensa al hogar, en esta propuesta se materializaría el anhelo de dar un coto a la especulación inmobiliaria la cual transgrede el derecho de la familia venezolana a poseer una vivienda propia debido al desmesurado encarecimiento de la vivienda en el mercado secundario a manos de capitalistas inescrupulosos".
Con la reforma se enfrentaría el terrible flagelo que representa el latifundio, el cual también existe en nuestras ciudades y se presenta a través de un nuevo término conocido como “latifundio Urbano” el cual monopoliza la tierra obligando a sus moradores a vivir rentados en edificaciones obsoletas y en mal estado con la cual los terratenientes urbanos han explotado a familias enteras durante 10, 20,40 años sin nunca darles la oportunidad de adquirir sus viviendas a un precio justo.
Las casi 600.000 familias que habitan en condición de arrendamiento en la ciudad capital y otras organizaciones de inquilinos del interior del país respaldan con un SÍ rotundo a la reforma constitucional presentada por el presidente Hugo Chávez Frías.
Sí por el modelo socialista que elegimos el 2 D, Sí a la defensa de la vivienda principal, Sí por la defensa a la familia y un Sí por que se detenga el atropello de los dueños del poder económico contra las humildes familias que habitamos alquiladas en las ciudades.
"Este proyecto político reivindica el derecho a la ciudad y la defensa al hogar, en esta propuesta se materializaría el anhelo de dar un coto a la especulación inmobiliaria la cual transgrede el derecho de la familia venezolana a poseer una vivienda propia debido al desmesurado encarecimiento de la vivienda en el mercado secundario a manos de capitalistas inescrupulosos".
Con la reforma se enfrentaría el terrible flagelo que representa el latifundio, el cual también existe en nuestras ciudades y se presenta a través de un nuevo término conocido como “latifundio Urbano” el cual monopoliza la tierra obligando a sus moradores a vivir rentados en edificaciones obsoletas y en mal estado con la cual los terratenientes urbanos han explotado a familias enteras durante 10, 20,40 años sin nunca darles la oportunidad de adquirir sus viviendas a un precio justo.
Las casi 600.000 familias que habitan en condición de arrendamiento en la ciudad capital y otras organizaciones de inquilinos del interior del país respaldan con un SÍ rotundo a la reforma constitucional presentada por el presidente Hugo Chávez Frías.
Sí por el modelo socialista que elegimos el 2 D, Sí a la defensa de la vivienda principal, Sí por la defensa a la familia y un Sí por que se detenga el atropello de los dueños del poder económico contra las humildes familias que habitamos alquiladas en las ciudades.
domingo, 18 de noviembre de 2007
Prorroga hasta miércoles 21 de noviembre de 2007
Inquilinos que están en le Proyecto de Vivienda para las Familias que Vive en condición de arrendamiento
Se le recuerda a los inquilinos que el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat nos ha dado una prorroga hasta miércoles 21 de noviembre para entregar la planilla con los datos solicitados.
- Lugar de entrega:
Sr. Nubia
Av. Orinoco, Las Mercede Las Mercedes, Torre UNO, PH.
Si no tienes las planillas la puedes solicitar en las asambleas de inquilinos o a los voceros de la red.
Tenemos que colaborar es por nuestra vivienda y por el futuro de nuestras familias
Demostremos que somos muchos y rompamos las cadenas de la esclavitud inquilinaria.
Apúrate!!! es hasta el Miércoles 21 de noviembre de 2007
domingo, 11 de noviembre de 2007
Capacitan a Jueces en Materia de Arrendamiento
Capacitan a jueces en materia de arrendamiento
El Circuito Judicial Civil de Caracas realizó el foro "El decreto de secuestro en los juicios arrendamientos", para informar a jueces y demás funcionarios las implicaciones de la reforma de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario. El texto establece que los jueces no podrán aplicar la medida de secuestro, hasta tanto exista la contestación de la demanda por parte de los representantes de los inquilinos para garantizarles sus derechos a la defensa y al debido proceso.
Fuente: Nacional y Politica /06 de noviembre, 2007
miércoles, 31 de octubre de 2007
Documento de la Campaña Cero Desalojo a los magistrado
Documento de la Campaña Cero Desalojo a los magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
*Entregado con la marcha del 18 de septiembre de 2007 al T.S.J.
*Entregado con la marcha del 18 de septiembre de 2007 al T.S.J.
Caracas, 18 de septiembre de 2007.
Hemos decidido acudir aquí, a esta Sede del Poder Judicial, movido por la preocupación y la angustia de cientos de miles de familias que miran con estupor como se viola su derecho a la vivienda y se les desalojan sin ningún miramiento del hogar en que habitan, muchas veces contando para esto con la actitud indolente o incluso participante de las leyes y los jueces que debían defender sus derechos.
Esta acción unitaria reúne a inquilinos, conserjes, habitantes de comunidades populares, Comités de Tierra Urbana, movimientos pro-vivienda, entre otros muchos sectores que coinciden en la lucha contra los desalojos y la reivindicación del derecho a una vivienda y hábitat digno. Hoy, cuando el país se enrumba a construir un modelo de sociedad más justa, solidaria e inclusiva, siguen campantes las fuerzas del egoísmo, el poder de los latifundistas del concreto, de la especulación inmobiliaria, que no escatiman esfuerzos para echar a la calle a familias modestas, condenándolas a la muerte social con el único fin de incrementar sus ganancias, aún a costa del derecho a la vivienda de miles. Sin embargo, no son estos los que nos preocupan, pues entendemos que sus apetencias desmedidas de lucro y sus oscuros intereses son constitutivos de la realidad a transformar. Lo que realmente nos preocupa, lo que nos mueve estar aquí hoy, es ver como éstos se hacen de las leyes y los tribunales, como la justicia, que debería estar al servicio del pueblo como instrumento para la inclusión social, es usada para defender a los poderosos y despojar a los débiles y desposeídos.
No es posible que a pesar del esfuerzo de toda una sociedad para rescatar la justicia de manos de los poderosos que siempre se han servido de ella, de los intentos de los actuales magistrados del Tribuna Supremo de adecentar la actividad judicial, todavía hoy la administración de justicia esté a la zaga de las exigencias que le hace un país en transformación, todavía tantos jueces hipotequen la justicia a los poderosos y sacrifiquen los derechos de los ciudadanos, todavía tantos no cuenten con acceso a la justicia, requisito fundamental para construir una sociedad más equitativa.
Nos reunimos hoy inquilinos que sufrimos una ola sin precedentes de desalojos, consecuencia de una ley que defiende los intereses de los propietarios y de la actuación indebida de muchos tribunales, que además vemos amenazada una de nuestras reivindicaciones fundamentales, los decretos de expropiación que afectaba el gran latifundio urbano, por las artimañas leguleyas de aquellos que siempre se han jactado de comprar la justicia a su favor; conserjes que padecemos el doble expolio de la explotación laboral y el desalojo de nuestra vivienda, al amparo de la ambigüedad jurídica de las normas legales que regulan la actividad de este sector; habitantes de los barrios populares de todo el país, que enfrentamos cada vez más frecuentemente amenazas de desalojo del suelo que ocupamos por décadas y que nosotros mismos urbanizamos, pese a la existencia de una legislación que regulariza la tenencia de la tierra en los asentamientos populares urbanos; venezolanos que enfrentamos la amenaza de la cárcel y sanción penal por el simple hecho de ejercer nuestro derecho a la vivienda, en una legislación que criminaliza la pobreza, o el uso de esta misma ley penal, en particular el artículo 471-A del Código Penal, más allá de los límites de su aplicación legal, criminalizando conflictos de orden civil y violando el principio de legalidad; en suma, cientos de miles de familias que miran como, aún cuando inauguramos una vía propia al socialismo, la gran propiedad inmobiliaria se impone sobre el derecho a la vivienda, contando muchas veces con la mirada complaciente de aquellos que deberían defender la justicia.
Consideramos que los desalojos forzosos son violatorios de la ley, de la Constitución, de los convenios internacionales suscritos por Venezuela y, especialmente, de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 establece:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Esta clausula es desarrollada aún más en la Observación General Número 7 de este instrumento, que estima incompatible los desalojos forzosos con lo previsto en el Pacto y los consideran una violación grave a los derechos humanos, obligando a los Estados a tomar medidas contra éstos, brindado protección a los ciudadanos, especialmente a niños, ancianos y mujeres de la pérdida violenta del hogar; garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa en casos de amenazas legales de desalojos, respetando los extremos legales y la integridad y dignidad de la persona en caso de necesidad de desocupar una vivienda, y garantizando en tales situaciones una alternativa adecuada de alojamiento. En tal sentido, se dice en esta observación:
Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos. El Comité (de la ONU para los Derechos Económicos, Social y Culturales) considera que entre las garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.
Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
Los desalojos forzosos, definidos por este instrumento como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de sus hogares o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni alternativa de alojamiento, implican una violación del derecho a la vivienda adecuada, del derecho a la no interferencia con la intimidad y la privacidad personal y familiar, del derecho al disfrute pacífico de la posesión, del derecho a la libertad de movimiento y de elegir la propia residencia, a la educación y al trabajo (en cuanto supone impedir el acceso a los centros educativos a los niños y de trabajo a los adultos debido al realojamiento), del derecho a la integridad física y a la vida, debido a la violencia que suele acompañar este tipo de desalojos. Todos estos derechos consagrados en los pactos internacionales suscritos por la nación, en la Constitución y en nuestras leyes.
Por su parte, el artículo 82 de nuestra Constitución establece:
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
Derecho que es vulnerado con los desalojos indiscriminados que se han hecho cotidianos. Igualmente, la protección a la familia que debe el Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la CRBV, es puesta en duda por este tipo de acciones, que tienen efectos disolventes sobre el núcleo familiar al condenarla a la disgregación y separación, además de someterla a los episodios de violencia psíquica y física que son consustanciales a este tipo de actos.
Por estas razones, creemos que es obligatorio detener los desalojos forzosos, para restaurar el estado de derecho y justicia y restituir los derechos humanos tantas veces vulnerados en estos hechos atroces, experimentados como verdadera tragedia por quienes lo han padecido.
El papel de la administración de justicia en los desalojos forzosos
Además del carácter injusto, inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de los desalojos forzosos, tenemos que expresar nuestra preocupación por la actuación de muchos tribunales del país, que contradiciendo el mandato constitucional y los lineamientos de este máximo tribunal, han cohonestado, sea por acción u omisión, esta práctica injusta e inhumana. Para poner en evidencia este comportamiento parcializado de nuestra administración de justicia, quizás sirva algunas cifras elocuentes. De acuerdo a las sentencias las sentencias proferidas por los Juzgados 1 al 24 de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, durante el periodo entre enero y agosto de 2007, de 236 desalojos sentenciados 131 fueron declarados con lugar, 73 sin lugar, 18 transados y 14 desistidos. Así mismo fueron sentenciadas 285 causas por resolución de contrato de arrendamiento de las cuales 166 fueron declaradas con lugar, 58 sin lugar, 48 transacciones y 13 desistimientos. En conclusión, de 521 causas impulsadas contra inquilinos, 297 fueron declaradas con lugar, 131 sin lugar, 106 transacciones y 27 desistimientos. En otras palabras, cerca del 60% de las causas fueron sentenciadas a favor del propietario, mientras apenas un 25% fueron declaradas sin lugar.
Entre las situaciones más graves en la actuación de los tribunales en cuanto a los desalojos, destacan:
1.- Vicios procesales que representan flagrantes violaciones al debido proceso y derecho a la defensa, tales como:
Admisión de demandas sin que se cumplan los requisitos esenciales, como la presentación de contratos de arrendamiento, documentación de violación de contrato o suspensión de pago por el inmueble, sin verificación de pagos en tribunales de consignación, etc.
Conculcación del derecho a la defensa al no notificar a los demandados u ocupantes del inmueble de la demanda, el juicio y las actuaciones procesales.
La falta de identificación de la parte demandada al momento de ser citada por parte del Alguacil. Ello facilita que se cometa fraude y pueda superponerse a una persona distinta al demandado, sin que éste esté enterado de su presunta citación.
Demandas, medidas de desalojos y de secuestro judicial sin la determinación de los inmuebles objetos de las mismas.
La falta de coletilla en las comisiones que son libradas por los tribunales de la causa, en que se indique la protección que se le debe al inquilino u ocupante del inmueble en caso de presentar recibos de pagos. Cuando las comisiones traen coletilla de protección, en muchos casos los tribunales ejecutores hacen caso omiso a las mismas, alegando la extemporaneidad de los pagos, lo cual no es materia de un comisionado.
La actuación de abogados defensores ad-litem, pagados por la parte demandante, y que en consecuencia no velan por la defensa del demandado.
La frecuente actuación de alguaciles, que realizan diligencias a destiempo y fuera del control del libro diario, a los fines de beneficiar a los propietarios e interrumpir la perención de la instancia, que se produce por la falta de interés de la parte actora en gestionar la citación previa a la medida de secuestro o de desalojo.
La negativa de muchos Tribunales de causa de suministrar el expediente a los inquilinos, dejando en estado de indefensión a la parte demandada o a terceros.
La negativa frecuente de los tribunales de consignaciones, de recibir los cánones de arrendamiento a los inquilinos, lo cual hace que estos caigan en una aparente mora frente a sus arrendadores.
Algunos tribunales ejecutores ejecutan las medidas encomendadas, especialmente los desalojos, el mismo día que le son distribuidas o asignadas, limitando que los inquilinos puedan ejercer una defensa oportuna.
Medidas de desalojo ejecutadas en horas tempranas o cuando los inquilinos no se encuentran, a los fines de que no puedan presentar los recibos de pagos que suspenderían la ejecución del secuestro, cuando las comisiones traen la coletilla de protección.
En casos de que ejecutándose la entrega material, el inmueble es nuevamente ocupado por el anterior habitante, algunos tribunales libran la misma comisión, siendo lo correcto que se intente demanda nueva por INTERDICTO RESTITUTORIO.
Medidas de desalojos y secuestros contra inmuebles afectados por los decretos de expropiación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que en este momento incluye a 180 edificios en Caracas.
2.- Violación de la integridad, dignidad y derecho a la vivienda en la ejecución de los desalojos, que e expresa en hechos como:
Uso excesivo y desmedido de la fuerza para realizar desalojos.
Maltratos físicos, verbales y psicológicos de los funcionarios policiales, funcionarios judiciales y representantes de los propietarios contra los inquilinos.
Maltratos y abuso contra niños, adolescentes y ancianos.
Amenazas de los funcionarios judiciales y policiales de separar a los niños de sus padres, como medida de coerción para desalojarlos.
La pérdida de bienes y propiedades de los inquilinos que son desalojados, sin que la depositaria responda por ello.
El cobro de emolumentos por parte de las depositarias contra los inquilinos al momento de retirar sus bienes de los depósitos de dichas empresas.
El exceso que ocurre por parte de algunos jueces, en el sentido de la violencia con que tratan a las personas que habitan los inmuebles amenazándolos de arrestarlos si alegan alguna defensa o hacen uso de medios pacíficos y legales para oponerse al desalojo.
Uso de los funcionarios policiales para agredir a los inquilinos, siendo su función la de custodia del personal del tribunal.
La coacción a los inquilinos para que suscriban convenios que son adversos a sus intereses.
La existencia de grupos de funcionarios policiales, que se prestan para amedrentar a los inquilinos, so pretexto de su investidura.
Desalojos ficticios, es decir que se efectúan sin la presencia de jueces y auxiliares y sin que medie orden judicial.
El ejecutar dos veces la misma medida cuando ocurre el reingreso del inquilino o de un tercero al inmueble, una vez que ya concluyó la actividad que le había sido encomendada.
El cambio de cerraduras de las puertas principales por parte de los propietarios de los inmuebles, sin que los inquilinos puedan acudir a los órganos de policía, ya que estos se niegan a prestar el apoyo, alegando que pueden perder su trabajo.
3.- Normativa contradictoria, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, como:
La legislación en materia inquilinaria, especialmente la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
La legislación laboral que regula la actividad de conserjes, que es ambigua, contradictoria y conculca sus derechos laborales y a la vivienda de los mismos.
El Artículo 471-A del Código Penal, en tanto que viola el principio de mínima intervención del derecho penal y de lesividad a bienes jurídicos relevantes; selección y sistematización que ha de realizarse con estricta sujeción a los postulados del artículo 2 de la CRBV y respetando rigurosamente los límites que se imponen al ejercicio del ius puniendi en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Este artículo amplia peligrosamente la capacidad punitiva del Estado y criminaliza conductas que sólo son resultado de la pobreza estructural, y frente a la cual la vía penal, lejos de resolver el problema de fondo, lo profundiza.
4.- Uso de normativas penales más allá de los límites previstos por el tipo penal, tal como el Artículo 471-A del C.P, aplicándolo para zanjar conflictos inquilinarios, laborales o civiles.
5.- Obstáculos o ausencia de mecanismos efectivos para el acceso a la justicia y protección de los derechos, en los casos de materia inquilinaria, derechos de los conserjes y derecho a la vivienda adecuada.
En consideración de estas situaciones, que consideramos graves, nos atrevemos a plantear al máximo tribunal del país las siguientes peticiones:
1) Solicitamos que se exija a los tribunales que se respete de manera escrupulosa los entremos procesales en casos que ameriten desalojos, y se garantice especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa del afectado.
2) Exigimos que se abran averiguaciones disciplinarias a los jueces que violen el debido proceso, sentencien sin cubrir los extremos procesales, ejecuten medidas violatorias de los derechos y dignidad humana de los afectados o con abuso de su autoridad. Para ello, solicitamos que se constituya una mesa de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Magistratura para implementar mecanismos ágiles y eficientes para la sustanciación y procesamiento de denuncias por parte de inquilinos y conserjes.
3) Exigimos se respeten los derechos constitucionales y aquellos desarrollados en los pactos internacionales suscritos por Venezuela, en la ejecución de medidas de desalojos. En tal sentido, proponemos crear una Mesa Técnica entre los distintos actores para regular los procedimientos de desalojo.
4) Exigimos que no se paralicen los juicios y no se ejecuten medidas de desalojos en los inmuebles que cuentan con alguna medida de afectación, como las previstas en los decretos de expropiación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
5) Exigimos que se restrinja, incluso se inhiba la utilización de medidas de secuestro contra inmuebles en situación de arrendamiento, por violatorio del derecho a la vivienda y el derecho a la defensa.
6) Exigimos que los tribunales penales no conozcan de causas que no cumplen con lo previsto por el artículo de 471-A del Código Penal, y que se haga una indagación exhaustiva en aquellos casos que se sospeche relación de arrendamiento, relación laboral u otro tipo de situación ajena al tipo de invasión de inmueble, antes de permitir una medida cautelar (desalojo o privativa de libertad).
7) Exigimos que se rechacen los recursos de nulidad solicitados contra los decretos de expropiación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
8) Solicitamos que se establezca una mesa de trabajo con las salas respectivas del Tribunal Supremo de Justicia para promover un proceso de revisión de la constitucionalidad del artículo 471-A del Código Penal, de la legislación laboral que regula la actividad de los conserjes y de otras legislaciones relacionada con el tema de los desalojos y la vivienda que pueden contradecir el orden constitucional y los derechos fundamentales.
9) Invitamos al Poder Judicial a realizar una serie de consultas con actores sociales, jueces y diputados destinadas a reformar el ordenamiento jurídico relacionado con el derecho a la vivienda, el arrendamiento y los desalojos (Ley de Arrendamiento, Código Penal, Ley del Trabajo).
10) Proponemos la creación de una línea de defensa pública del derecho a la vivienda, que preste asistencia jurídica en casos de juicios de desalojos o de actos que conculquen el derecho a la vivienda.
Hemos decidido acudir aquí, a esta Sede del Poder Judicial, movido por la preocupación y la angustia de cientos de miles de familias que miran con estupor como se viola su derecho a la vivienda y se les desalojan sin ningún miramiento del hogar en que habitan, muchas veces contando para esto con la actitud indolente o incluso participante de las leyes y los jueces que debían defender sus derechos.
Esta acción unitaria reúne a inquilinos, conserjes, habitantes de comunidades populares, Comités de Tierra Urbana, movimientos pro-vivienda, entre otros muchos sectores que coinciden en la lucha contra los desalojos y la reivindicación del derecho a una vivienda y hábitat digno. Hoy, cuando el país se enrumba a construir un modelo de sociedad más justa, solidaria e inclusiva, siguen campantes las fuerzas del egoísmo, el poder de los latifundistas del concreto, de la especulación inmobiliaria, que no escatiman esfuerzos para echar a la calle a familias modestas, condenándolas a la muerte social con el único fin de incrementar sus ganancias, aún a costa del derecho a la vivienda de miles. Sin embargo, no son estos los que nos preocupan, pues entendemos que sus apetencias desmedidas de lucro y sus oscuros intereses son constitutivos de la realidad a transformar. Lo que realmente nos preocupa, lo que nos mueve estar aquí hoy, es ver como éstos se hacen de las leyes y los tribunales, como la justicia, que debería estar al servicio del pueblo como instrumento para la inclusión social, es usada para defender a los poderosos y despojar a los débiles y desposeídos.
No es posible que a pesar del esfuerzo de toda una sociedad para rescatar la justicia de manos de los poderosos que siempre se han servido de ella, de los intentos de los actuales magistrados del Tribuna Supremo de adecentar la actividad judicial, todavía hoy la administración de justicia esté a la zaga de las exigencias que le hace un país en transformación, todavía tantos jueces hipotequen la justicia a los poderosos y sacrifiquen los derechos de los ciudadanos, todavía tantos no cuenten con acceso a la justicia, requisito fundamental para construir una sociedad más equitativa.
Nos reunimos hoy inquilinos que sufrimos una ola sin precedentes de desalojos, consecuencia de una ley que defiende los intereses de los propietarios y de la actuación indebida de muchos tribunales, que además vemos amenazada una de nuestras reivindicaciones fundamentales, los decretos de expropiación que afectaba el gran latifundio urbano, por las artimañas leguleyas de aquellos que siempre se han jactado de comprar la justicia a su favor; conserjes que padecemos el doble expolio de la explotación laboral y el desalojo de nuestra vivienda, al amparo de la ambigüedad jurídica de las normas legales que regulan la actividad de este sector; habitantes de los barrios populares de todo el país, que enfrentamos cada vez más frecuentemente amenazas de desalojo del suelo que ocupamos por décadas y que nosotros mismos urbanizamos, pese a la existencia de una legislación que regulariza la tenencia de la tierra en los asentamientos populares urbanos; venezolanos que enfrentamos la amenaza de la cárcel y sanción penal por el simple hecho de ejercer nuestro derecho a la vivienda, en una legislación que criminaliza la pobreza, o el uso de esta misma ley penal, en particular el artículo 471-A del Código Penal, más allá de los límites de su aplicación legal, criminalizando conflictos de orden civil y violando el principio de legalidad; en suma, cientos de miles de familias que miran como, aún cuando inauguramos una vía propia al socialismo, la gran propiedad inmobiliaria se impone sobre el derecho a la vivienda, contando muchas veces con la mirada complaciente de aquellos que deberían defender la justicia.
Consideramos que los desalojos forzosos son violatorios de la ley, de la Constitución, de los convenios internacionales suscritos por Venezuela y, especialmente, de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 establece:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
Esta clausula es desarrollada aún más en la Observación General Número 7 de este instrumento, que estima incompatible los desalojos forzosos con lo previsto en el Pacto y los consideran una violación grave a los derechos humanos, obligando a los Estados a tomar medidas contra éstos, brindado protección a los ciudadanos, especialmente a niños, ancianos y mujeres de la pérdida violenta del hogar; garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa en casos de amenazas legales de desalojos, respetando los extremos legales y la integridad y dignidad de la persona en caso de necesidad de desocupar una vivienda, y garantizando en tales situaciones una alternativa adecuada de alojamiento. En tal sentido, se dice en esta observación:
Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos. El Comité (de la ONU para los Derechos Económicos, Social y Culturales) considera que entre las garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.
Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
Los desalojos forzosos, definidos por este instrumento como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de sus hogares o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni alternativa de alojamiento, implican una violación del derecho a la vivienda adecuada, del derecho a la no interferencia con la intimidad y la privacidad personal y familiar, del derecho al disfrute pacífico de la posesión, del derecho a la libertad de movimiento y de elegir la propia residencia, a la educación y al trabajo (en cuanto supone impedir el acceso a los centros educativos a los niños y de trabajo a los adultos debido al realojamiento), del derecho a la integridad física y a la vida, debido a la violencia que suele acompañar este tipo de desalojos. Todos estos derechos consagrados en los pactos internacionales suscritos por la nación, en la Constitución y en nuestras leyes.
Por su parte, el artículo 82 de nuestra Constitución establece:
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
Derecho que es vulnerado con los desalojos indiscriminados que se han hecho cotidianos. Igualmente, la protección a la familia que debe el Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la CRBV, es puesta en duda por este tipo de acciones, que tienen efectos disolventes sobre el núcleo familiar al condenarla a la disgregación y separación, además de someterla a los episodios de violencia psíquica y física que son consustanciales a este tipo de actos.
Por estas razones, creemos que es obligatorio detener los desalojos forzosos, para restaurar el estado de derecho y justicia y restituir los derechos humanos tantas veces vulnerados en estos hechos atroces, experimentados como verdadera tragedia por quienes lo han padecido.
El papel de la administración de justicia en los desalojos forzosos
Además del carácter injusto, inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de los desalojos forzosos, tenemos que expresar nuestra preocupación por la actuación de muchos tribunales del país, que contradiciendo el mandato constitucional y los lineamientos de este máximo tribunal, han cohonestado, sea por acción u omisión, esta práctica injusta e inhumana. Para poner en evidencia este comportamiento parcializado de nuestra administración de justicia, quizás sirva algunas cifras elocuentes. De acuerdo a las sentencias las sentencias proferidas por los Juzgados 1 al 24 de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, durante el periodo entre enero y agosto de 2007, de 236 desalojos sentenciados 131 fueron declarados con lugar, 73 sin lugar, 18 transados y 14 desistidos. Así mismo fueron sentenciadas 285 causas por resolución de contrato de arrendamiento de las cuales 166 fueron declaradas con lugar, 58 sin lugar, 48 transacciones y 13 desistimientos. En conclusión, de 521 causas impulsadas contra inquilinos, 297 fueron declaradas con lugar, 131 sin lugar, 106 transacciones y 27 desistimientos. En otras palabras, cerca del 60% de las causas fueron sentenciadas a favor del propietario, mientras apenas un 25% fueron declaradas sin lugar.
Entre las situaciones más graves en la actuación de los tribunales en cuanto a los desalojos, destacan:
1.- Vicios procesales que representan flagrantes violaciones al debido proceso y derecho a la defensa, tales como:
Admisión de demandas sin que se cumplan los requisitos esenciales, como la presentación de contratos de arrendamiento, documentación de violación de contrato o suspensión de pago por el inmueble, sin verificación de pagos en tribunales de consignación, etc.
Conculcación del derecho a la defensa al no notificar a los demandados u ocupantes del inmueble de la demanda, el juicio y las actuaciones procesales.
La falta de identificación de la parte demandada al momento de ser citada por parte del Alguacil. Ello facilita que se cometa fraude y pueda superponerse a una persona distinta al demandado, sin que éste esté enterado de su presunta citación.
Demandas, medidas de desalojos y de secuestro judicial sin la determinación de los inmuebles objetos de las mismas.
La falta de coletilla en las comisiones que son libradas por los tribunales de la causa, en que se indique la protección que se le debe al inquilino u ocupante del inmueble en caso de presentar recibos de pagos. Cuando las comisiones traen coletilla de protección, en muchos casos los tribunales ejecutores hacen caso omiso a las mismas, alegando la extemporaneidad de los pagos, lo cual no es materia de un comisionado.
La actuación de abogados defensores ad-litem, pagados por la parte demandante, y que en consecuencia no velan por la defensa del demandado.
La frecuente actuación de alguaciles, que realizan diligencias a destiempo y fuera del control del libro diario, a los fines de beneficiar a los propietarios e interrumpir la perención de la instancia, que se produce por la falta de interés de la parte actora en gestionar la citación previa a la medida de secuestro o de desalojo.
La negativa de muchos Tribunales de causa de suministrar el expediente a los inquilinos, dejando en estado de indefensión a la parte demandada o a terceros.
La negativa frecuente de los tribunales de consignaciones, de recibir los cánones de arrendamiento a los inquilinos, lo cual hace que estos caigan en una aparente mora frente a sus arrendadores.
Algunos tribunales ejecutores ejecutan las medidas encomendadas, especialmente los desalojos, el mismo día que le son distribuidas o asignadas, limitando que los inquilinos puedan ejercer una defensa oportuna.
Medidas de desalojo ejecutadas en horas tempranas o cuando los inquilinos no se encuentran, a los fines de que no puedan presentar los recibos de pagos que suspenderían la ejecución del secuestro, cuando las comisiones traen la coletilla de protección.
En casos de que ejecutándose la entrega material, el inmueble es nuevamente ocupado por el anterior habitante, algunos tribunales libran la misma comisión, siendo lo correcto que se intente demanda nueva por INTERDICTO RESTITUTORIO.
Medidas de desalojos y secuestros contra inmuebles afectados por los decretos de expropiación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que en este momento incluye a 180 edificios en Caracas.
2.- Violación de la integridad, dignidad y derecho a la vivienda en la ejecución de los desalojos, que e expresa en hechos como:
Uso excesivo y desmedido de la fuerza para realizar desalojos.
Maltratos físicos, verbales y psicológicos de los funcionarios policiales, funcionarios judiciales y representantes de los propietarios contra los inquilinos.
Maltratos y abuso contra niños, adolescentes y ancianos.
Amenazas de los funcionarios judiciales y policiales de separar a los niños de sus padres, como medida de coerción para desalojarlos.
La pérdida de bienes y propiedades de los inquilinos que son desalojados, sin que la depositaria responda por ello.
El cobro de emolumentos por parte de las depositarias contra los inquilinos al momento de retirar sus bienes de los depósitos de dichas empresas.
El exceso que ocurre por parte de algunos jueces, en el sentido de la violencia con que tratan a las personas que habitan los inmuebles amenazándolos de arrestarlos si alegan alguna defensa o hacen uso de medios pacíficos y legales para oponerse al desalojo.
Uso de los funcionarios policiales para agredir a los inquilinos, siendo su función la de custodia del personal del tribunal.
La coacción a los inquilinos para que suscriban convenios que son adversos a sus intereses.
La existencia de grupos de funcionarios policiales, que se prestan para amedrentar a los inquilinos, so pretexto de su investidura.
Desalojos ficticios, es decir que se efectúan sin la presencia de jueces y auxiliares y sin que medie orden judicial.
El ejecutar dos veces la misma medida cuando ocurre el reingreso del inquilino o de un tercero al inmueble, una vez que ya concluyó la actividad que le había sido encomendada.
El cambio de cerraduras de las puertas principales por parte de los propietarios de los inmuebles, sin que los inquilinos puedan acudir a los órganos de policía, ya que estos se niegan a prestar el apoyo, alegando que pueden perder su trabajo.
3.- Normativa contradictoria, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, como:
La legislación en materia inquilinaria, especialmente la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
La legislación laboral que regula la actividad de conserjes, que es ambigua, contradictoria y conculca sus derechos laborales y a la vivienda de los mismos.
El Artículo 471-A del Código Penal, en tanto que viola el principio de mínima intervención del derecho penal y de lesividad a bienes jurídicos relevantes; selección y sistematización que ha de realizarse con estricta sujeción a los postulados del artículo 2 de la CRBV y respetando rigurosamente los límites que se imponen al ejercicio del ius puniendi en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Este artículo amplia peligrosamente la capacidad punitiva del Estado y criminaliza conductas que sólo son resultado de la pobreza estructural, y frente a la cual la vía penal, lejos de resolver el problema de fondo, lo profundiza.
4.- Uso de normativas penales más allá de los límites previstos por el tipo penal, tal como el Artículo 471-A del C.P, aplicándolo para zanjar conflictos inquilinarios, laborales o civiles.
5.- Obstáculos o ausencia de mecanismos efectivos para el acceso a la justicia y protección de los derechos, en los casos de materia inquilinaria, derechos de los conserjes y derecho a la vivienda adecuada.
En consideración de estas situaciones, que consideramos graves, nos atrevemos a plantear al máximo tribunal del país las siguientes peticiones:
1) Solicitamos que se exija a los tribunales que se respete de manera escrupulosa los entremos procesales en casos que ameriten desalojos, y se garantice especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa del afectado.
2) Exigimos que se abran averiguaciones disciplinarias a los jueces que violen el debido proceso, sentencien sin cubrir los extremos procesales, ejecuten medidas violatorias de los derechos y dignidad humana de los afectados o con abuso de su autoridad. Para ello, solicitamos que se constituya una mesa de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Magistratura para implementar mecanismos ágiles y eficientes para la sustanciación y procesamiento de denuncias por parte de inquilinos y conserjes.
3) Exigimos se respeten los derechos constitucionales y aquellos desarrollados en los pactos internacionales suscritos por Venezuela, en la ejecución de medidas de desalojos. En tal sentido, proponemos crear una Mesa Técnica entre los distintos actores para regular los procedimientos de desalojo.
4) Exigimos que no se paralicen los juicios y no se ejecuten medidas de desalojos en los inmuebles que cuentan con alguna medida de afectación, como las previstas en los decretos de expropiación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
5) Exigimos que se restrinja, incluso se inhiba la utilización de medidas de secuestro contra inmuebles en situación de arrendamiento, por violatorio del derecho a la vivienda y el derecho a la defensa.
6) Exigimos que los tribunales penales no conozcan de causas que no cumplen con lo previsto por el artículo de 471-A del Código Penal, y que se haga una indagación exhaustiva en aquellos casos que se sospeche relación de arrendamiento, relación laboral u otro tipo de situación ajena al tipo de invasión de inmueble, antes de permitir una medida cautelar (desalojo o privativa de libertad).
7) Exigimos que se rechacen los recursos de nulidad solicitados contra los decretos de expropiación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
8) Solicitamos que se establezca una mesa de trabajo con las salas respectivas del Tribunal Supremo de Justicia para promover un proceso de revisión de la constitucionalidad del artículo 471-A del Código Penal, de la legislación laboral que regula la actividad de los conserjes y de otras legislaciones relacionada con el tema de los desalojos y la vivienda que pueden contradecir el orden constitucional y los derechos fundamentales.
9) Invitamos al Poder Judicial a realizar una serie de consultas con actores sociales, jueces y diputados destinadas a reformar el ordenamiento jurídico relacionado con el derecho a la vivienda, el arrendamiento y los desalojos (Ley de Arrendamiento, Código Penal, Ley del Trabajo).
10) Proponemos la creación de una línea de defensa pública del derecho a la vivienda, que preste asistencia jurídica en casos de juicios de desalojos o de actos que conculquen el derecho a la vivienda.
Por la Campaña Cero Desalojos:
Red Metropolitana de Inquilinos.
Red de Inquilinos.
Comités de Tierra Urbana.
Campamentos de Pioneros.
Comité Sin Techo.
Conserjes Unidos por Venezuela.
Red Bolivariana de Conserjes.
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libre y Alternativos.
Frente Comunal Simón Bolívar.
Frente por la Defensa de las Familias en Situación de Desalojo
Red Metropolitana de Inquilinos.
Red de Inquilinos.
Comités de Tierra Urbana.
Campamentos de Pioneros.
Comité Sin Techo.
Conserjes Unidos por Venezuela.
Red Bolivariana de Conserjes.
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libre y Alternativos.
Frente Comunal Simón Bolívar.
Frente por la Defensa de las Familias en Situación de Desalojo
miércoles, 19 de septiembre de 2007
Inquilinos marcharon hasta el TSJ para apoyar las expropiaciones
Inquilinos marcharon hasta el TSJ para apoyar las expropiaciones
Seis voceros ingresaron al tribunal para entregar un pliego de solicitudes
Al retirarse los de Primero Justicia la PM permitió la avanzada.
Caracas. Desde la Plaza Bolívar hasta el Tribunal Supremo de Justicia marcharon los representantes de la Red de Inquilinos junto a los Sin Techos, conserjes y demás organizaciones civiles que comparten la consigna "desalojo cero y sí a las expropiaciones".
De distintos estados del país se trasladaron las personas que apoyan el proceso de expropiación que inició el alcalde mayor, Juan Barreto, con la finalidad de entregar en el máximo organismo de justicia un documento donde manifiestan "el rechazo a la solicitud que introdujeron los dueños de edificios para invalidar las gacetas en las que fueron publicados los inmuebles que serán expropiados"
Al retirarse los de Primero Justicia la PM permitió la avanzada.
Caracas. Desde la Plaza Bolívar hasta el Tribunal Supremo de Justicia marcharon los representantes de la Red de Inquilinos junto a los Sin Techos, conserjes y demás organizaciones civiles que comparten la consigna "desalojo cero y sí a las expropiaciones".De distintos estados del país se trasladaron las personas que apoyan el proceso de expropiación que inició el alcalde mayor, Juan Barreto, con la finalidad de entregar en el máximo organismo de justicia un documento donde manifiestan "el rechazo a la solicitud que introdujeron los dueños de edificios para invalidar las gacetas en las que fueron publicados los inmuebles que serán expropiados"
Exigieron además que se detengan los desalojos masivos que están llevando a cabo los propietarios de edificios, al igual que los despidos injustificados a los conserjes, pues estas personas al mismo tiempo que pierden su empleo, también dejan de tener una casa dónde vivir.
Por su parte, Andrés Antillano, otro vocero de los inquilinos, manifestó que "la expropiación es en contra de los propietarios que tienen cientos de edificios residenciales y deciden desalojar a sus habitantes para instalar únicamente oficinas y poder cobrar un alquiler mucho más caro. Igualmente pedimos la expropiación de los inmuebles que están prácticamente en abandono por parte de sus dueños".
Marcha autorizada. Representantes del partido Primero Justicia se encontraban a las puertas del TSJ cuando este grupo de manifestantes llegó al lugar, y por seguridad los funcionarios de la Policía Metropolitana levantaron una barricada una esquina antes del organismo, para impedir un posible enfrentamiento.
Desde la parte alta de un camión y con parlante en mano, un representante de los inquilinos aseguró que la presencia de los "justicieros" respondía a un plan de sabotaje.
"Es un abuso que nosotros, quienes solicitamos hace 15 días la autorización para esta manifestación, tengamos que esperar que ellos, que no tienen permiso, se retiren de las puertas del tribunal para poder entregar el documento como lo teníamos planificado", manifestó Lilly Fajardo, de la Red de Inquilinos.
Finalmente, los representante de Primero Justicia se retiraron, e inmediatamente se dio la avanzada del segundo grupo, quienes despidieron a los justicieros asegurándoles que "no volverán".
Ya a las puertas del TSJ, lograron su propósito de enviar con seis de sus voceros el documento a los magistrados.
Fuente: Ultimas Noticias / 19 de Septiembre de 2007
No a los desalojos. Sí a la expropiación
Marcha desde la plaza Bolívar hasta el TSJ
"No a los desalojos. Sí a la expropiación"
"No a los desalojos. Sí a la expropiación"
FOTO JEAN PIERRE SÁNCHEZ
Un camión del PSUV encabezaba ayer la manifestación de cientos de personas, que introdujeron dos documentos ante las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia: uno para exigir el fin de los desalojos porque favorecen a los "poderosos", y otro para rechazar la nulidad que promueven los "latifundistas del concreto" contra las expropiaciones. Junto con la Red Metropolitana de Inquilinos y los comités de tierras urbanas, un grupo de activistas dominicanos, uruguayos y argentinos estuvieron presentes, en lo que calificaron como "un acto de solidaridad latinoamericana".
Fuente: EL NACIONAL / Miércoles 19 de Septiembre de 2007
Ley de Alquileres relegada por reforma constitucional
Ley de Alquileres relegada por reforma constitucional
Inquilinos esperan se apruebe texto legal y recursos para expropiación
Inquilinos esperan se apruebe texto legal y recursos para expropiación
Gobierno pretende beneficiar a arrendatarios que han ocupado inmuebles por más de 40 años /JACOBO LUGO ARCHIVO
Caracas. El proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios definitivamente quedó en un segundo plano, pese a que la Asamblea Nacional le dio urgencia parlamentaria.Con la introducción de la propuesta de cambio constitucional por parte del Presidente de la República, el documento, cuyo informe final para segunda discusión espera el visto bueno del pleno de la Comisión de Administración y Servicios Públicos del Legislativo, quedó de lado al igual que otras leyes en manos de la instancia.
Luis Gamargo, miembro de la dependencia parlamentaria, dijo que la modificación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios fue suspendida hasta que se apruebe la reforma a la Carta Magna.
Aprobado en primera discusión en el primer trimestre de este año, el proyecto es iniciativa de una comisión especial encargada de estudiar el caso de los desalojos de inquilinos en el área metropolitana de Caracas.
Precisamente esta semana personas que viven en condición de arrendatarias han salido a la calle para rechazar los desalojos, pues aseguran que esta práctica no ha cesado.
Ayer la protesta llegó a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, donde se busca frenar los recursos de nulidad intentados por propietarios y cámaras inmobiliarias contra decretos de expropiación.
Sin embargo, Maglene Sierraalta, representante legal de la OCV Red Metropolitana de Inquilinos Poder Popular, salió al paso para aclarar que los grupos que las promueven, si bien intentan proteger a quienes viven alquilados, no forman parte de la organización que ella representa.Considera que las acciones intentadas ante el TSJ deben seguir su curso normal, pues confía en los administradores de justicia.
Resaltó que la Red Metropolitana de Inquilinos está a la espera de la modificación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en la cual ha participado activamente, consciente de que la prioridad de la Asamblea Nacional es la reforma a la Constitución.
Sierraalta comentó que la organización busca la forma de que el Gobierno consiga los recursos necesarios para el pago de las expropiaciones -en su opinión- la única vía para obligar a los propietarios a vender a los arrendatarios que han ocupado sus inmuebles por períodos de hasta 40 años.
Los inquilinos que acudieron al TSJ introdujeron sendos documentos en rechazo a los desalojos y en apoyo a las expropiaciones.
Fuente: El Mundo / Miércoles 19 de Septiembre de 2007
Marcha al TSJ Exigió el Cese de los Desalojos
Marcha al TSJ exigió el cese de los desalojos
En los tribunales hay seis mil casos pendientes
En los tribunales hay seis mil casos pendientes
contra los inquilinos
Cientos de personas exigieron que se respeten las garantías legales de los inquilinos (Vicente Correale)
Extraña marcha. Las consignas eran oficialistas y la música de Alí Primera y Víctor Jara ("A desalambrar, a desalambrar"), pero las franelas eran blancas y sobre todo los argumentos parecían propios de un opositor.En efecto, la convocatoria de la Plataforma Cero Desalojos habla de "Miles de familias que están sin protección frente a los abusos del poder" e invita a protestar en contra "del uso de las leyes a favor de los poderosos y contra los débiles y la adulteración de la justicia".
Lo cierto es que cientos de inquilinos de todo el país, conserjes, habitantes de los barrios y miembros de los comités de tierra marcharon hasta el Tribunal Supremo de Justicia para exigir que terminen los desalojos y que los tribunales no se parcialicen a favor de los propietarios ahora que vuelven de las vacaciones judiciales. "Extraña justicia ésta, en que los débiles y pobres se alegran cuando no está y se asustan cuando regresa", reza la mentada convocatoria.
Andrés Antillano, miembro de la Red Metropolitana de Inquilinos, criticó la Ley de Arrendamiento Inmobiliario por estar demasiado parcializada en favor de los propietarios e informó que más de seis mil juicios de desalojo en el área metropolitana de Caracas están pendientes en este momento, y que en lo que va de año han ocurrido 300 desalojos violentos. "Además, más de 70% de las sentencias favorecen a los dueños de inmuebles", dijo.
María Martínez fue otra de las personas que marchó. Lo hizo porque desde hace un año vive arrimada en casa de una amiga luego de haber vivido 24 años en Las Palmas en un apartamento del que la sacaron a empujones: "Un juez, un secretario, el dueño y varios policías se presentaron una mañana allí y me sacaron sin darme derecho a la defensa".
Un caso diferente es el de Edixon Ramírez, también presente en la manifestación y quien contó que estaba allí para exigir la expropiación de los edificios Atenas y Esparta, en La Florida, en donde viven 42 familias: "El dueño de esos edificios era directivo del antiguo Banco Latino y está desaparecido. Pretendemos comprarle este edificio al Estado para acabar con la inseguridad jurídica en que nos encontramos".
También las conserjes estuvieron presentes. Miriam Vargas denunció que treinta de sus colegas habían sido desalojadas de El Recreo, y que a ella siempre la están amenazando.
Desde el camión que encabezaba al grupo de manifestantes fueron muchos los que hablaron: representantes de Táchira, Portuguesa y hasta de Argentina ("Estamos acá, solidarizándonos..."). Y aunque no dijeron esta boca es mía, también se anunció la presencia de enviados de Uruguay y República Dominicana.
Todos juntos para enfrentar a quienes llamaron "los latifundistas del concreto".
Fuente: EL UNIVERSAL /19 de septiembre de 2007
miércoles, 12 de septiembre de 2007
PLATAFORMA CERO DESALOJOS CONVOCA A MARCHA AL TSJ EL 18 DE SEPTIEMBRE.
Por el derecho a la vivienda y contra los desalojos,
gran marcha de inquilinos, conserjes, barrios y sin techos.
Por el derecho a la vivienda y contra los desalojos, gran marcha de inquilinos, conserjes, barrios y sin techos.
Este martes 18 de septiembre inquilinos de todo el país, conserjes, habitantes de los barrios, Comités de Tierra Urbana, familias sin vivienda, nos movilizaremos al Tribunal Supremo de Justicia para hacer llegar nuestra voz de protesta frente a la escalada de desalojos violentos e ilegales.
En esos días, cuando se restablece la actividad de los tribunales luego de las vacaciones judiciales, miles de familias tiemblan de pavor al saber que se reinician las acciones de terrorismo judicial que pueden dejarlas en la calle sin ningún derecho a la defensa, sin garantías y debido proceso, sin ningún sentido de equidad… Cuando la justicia vuelve de vacaciones, miles de familias se ven sin ninguna protección frente a los abusos de poder, a los excesos de propietarios, abogados y jueces, a la parcialización de los tribunales, al uso de las leyes a favor de los poderosos y contra los débiles, a la adulteración de la justicia…. Miles de familias inquilinos miran con pánico la posibilidad de que, al reabrir sus actividades el máximo tribunal del país, éste dé al traste con los decretos de expropiación conquistados en los últimos años en las luchas de los inquilinos, y que son una medida tangible en la democratización de la propiedad y construcción del socialismo en la ciudad, a la vez que la única línea que separa a muchas familias de ser desalojadas de los inmuebles en que habitan desde hace décadas…. Mala justicia la nuestra, en que los débiles y pobres se alegran cuando no están, y se asustan cuando regresa…
La especulación inmobiliaria, el capitalismo salvaje que aún se mantiene en el contexto urbano y la actividad inmobiliaria, amenaza con desalojar a familias inquilinas con muchos años pagando por los inmuebles que ocupan, a conserjes que padecen el doble drama de la explotación laborar y la falta de seguridad jurídica en su vivienda, habitantes de barrios que miran con sorpresa como se les intenta desalojar de los terrenos que ocupan desde hace décadas, incluso irrespetando los títulos de propiedad que reconocen sus derechos sobre este suelo, en fin, que todo aquel que no tenga para pagar los costos crecientes de las viviendas, el privilegio de vivir en la ciudad, quedará fuera de ella. Mientras tanto, el suelo que ocupan actualmente muchos barrios, edificios abandonados y en alquiler, se destinará a centros comerciales, a torres de oficinas, a la especulación más bestial, mientras miles padecen por falta de techo.
Esta marcha es para denunciar esto. Para exigir que cesen los desalojos, que se respete el estado de derecho, el debido proceso y las garantías legales de los inquilinos, conserjes, y otros amenazados de ser desalojados, que se desestime los intentos de los grandes terratenientes de concreto por lograr la nulidad de los decretos de expropiación, que los tribunales dejen de estar de lado de los poderosos y se pongan del lado de la justicia, que defiendan a los débiles contra los verdaderos criminales. Pedimos, exigimos, rogamos que más temprano que tarde el pueblo pueda confiar y ver con orgullo a sus jueces.
¡¡¡Contra los desalojos, contra la especulación inmobiliaria!!!
¡¡¡Por el derecho a la vivienda!!!
¡¡¡Por la justicia popular!!!
¡¡¡Contra los terratenientes de concreto!!!
¡¡¡Contra las injusticias, todos al Tribunal Supremo de Justicia!!!
TODOS A LA GRAN MARCHA AL TSJ EL 18 DE SEPTIEMBRE.
Hora: 9 a.m.
Punto de concentración: Plaza Bolívar de Caracas.
- RED METROPOLITANA DE INQUILINOS
- RED DE INQUILINOS.
- FRENTE POR LA DEFENSA DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE DESALOJO (Estado Lara)
- CONSERJES UNIDOS POR VENEZUELA.
- COMITÉS DE TIERRA URBANA.
- FUNDACIÓN COMITÉ SIN TECHO.
- ANMCLA.
- CAMPAMENTOS DE PIONEROS.
- RED BOLIVARIANA DE CONSERJES.
martes, 4 de septiembre de 2007
Preparate para la Gran Marcha - Convoca en tu sector
MARCHA DE LOS INQUILINOS EN CONTRA DE LOS DESALOJOS Y EN DEFENSA DE LAS EXPROPIACIONES
-ES MUY IMPORTANTE QUE HAGAS Y LLEVES TU PANCARTA-
Aquí puedes bajar los afiches para la convocatoria en tu sector de esta Gran Marcha de Inquilinos.
Multiplícalos y Pégalos en el Interior de tu Edificio, en la Fachada y en los Locales del mismo, en la Panadería, en las paradas y en todos los lugares que estimes conveniente.
Como bajar los afiches: has click en el afiche que desees reproducir, cuando se abra la otra pagina, has click con en botón derecho del Mouse sobre la nueva imagen y selecciona “Guardar imagen como…” si lo vas a imprimir después ó selecciona “Imprimir imagen…” si lo vas a reproducir inmediatamente.
Pégalos en el Interior de tu Edificio, en la Fachada y en los Locales del mismo, en la Panadería, en las paradas y en todos los lugares que estimes conveniente.
http://www.inquilinos.blogspot.com/
RED METROPOLITANA DE INQUILINOS - Unión de Redes
miércoles, 29 de agosto de 2007
Decretos para la ejecución del Proyecto: para el 20 de Agosto de 2007
Proyecto: "Dotación de viviendas para las familias que habitan en condición de arrendatarios en inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Caracas" a cargo de la Alcaldia Metropolitana de Caracas.
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS
Caracas, Lunes 20 de Agosto de 2007
Año V mes XII
GACETA ORDINARIA N° 00214
--- NOMBRE de EDIFICIO, Ubicación ---
1) Araguaney II, La Candelaria
2) Gibaraco, Santa Rosalia
3) El Carmelo, San Juan
4) Cultura, La Paz El paraiso
5) Porvenir, La Candelaarias
6) Panarama, Santa Rosalia
7) Quintas Aereas, El paraiso
8) Las Vegas, El Recreo
9) Della Corte, San José
10) Goncalvez Zarco, California Norte
11) Comarca V, El Marquez
12) Maria 229, Alta Vista - Catia
13) Oberon, Colinas de Bello Monte
14) CarlosMar, Los Chaguaramos
15) San Antonio, San José
16) Rogomisa, Santa Rosalia
17) Numero 26, La Pastora
18) Michelena, Santa Monica
19) Caribe, Bello Campo - Chacao http://www.inquilinos.blogspot.com/
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS
Caracas, Lunes 20 de Agosto de 2007
Año V mes XII
GACETA ORDINARIA N° 00214
--- NOMBRE de EDIFICIO, Ubicación ---
1) Araguaney II, La Candelaria
2) Gibaraco, Santa Rosalia
3) El Carmelo, San Juan
4) Cultura, La Paz El paraiso
5) Porvenir, La Candelaarias
6) Panarama, Santa Rosalia
7) Quintas Aereas, El paraiso
8) Las Vegas, El Recreo
9) Della Corte, San José
10) Goncalvez Zarco, California Norte
11) Comarca V, El Marquez
12) Maria 229, Alta Vista - Catia
13) Oberon, Colinas de Bello Monte
14) CarlosMar, Los Chaguaramos
15) San Antonio, San José
16) Rogomisa, Santa Rosalia
17) Numero 26, La Pastora
18) Michelena, Santa Monica
19) Caribe, Bello Campo - Chacao http://www.inquilinos.blogspot.com/
martes, 28 de agosto de 2007
Especulación Inmobiliaria y Déficit Habitacional
La especulación inmobiliaria se ha incrementado estos últimos años debido a diversos factores, tanto políticos como económicos. Políticos dado las desacertadas prácticas con respecto a la vivienda y el hábitat, y económicos por una burguesía parasitaria que cada día afila sus garras para seguir reproduciendo un sistema económico que solo beneficia a una minoría.Debemos partir que el problema de la especulación inmobiliaria y el déficit habitacional asienta sus bases en el desarrollo del capitalismo con la revolución industrial cuando se producen los procesos migratorios que obligaron a la población a movilizarse del campo a la ciudad, forzados por la dinámica económica, provocando así grandes concentraciones urbanas en la ciudad a nivel mundial, agudizando los problemas sociales.
Durante los años 50 del siglo pasado, con el ingreso de la renta petrolera en Venezuela, se inicia un proceso acelerado de “urbanización y modernización del país”, llegando a alcanzar para el año 2001 que un 87% de la población viva en la ciudad, produciendo así una sobrepoblación, en donde la especulación inmobiliaria entra a jugar un papel relevante ya que es un factor decisivo en la segregación de los sectores populares, incitando a que la población se vea forzada a la ocupación compulsiva de los espacios residuales en donde las condiciones de vida son más precarias (quebradas, altas pendientes, periferias sin servicios), acentuando de esta forma la pobreza en la ciudad.
Es por esta razón que “los latifundistas del concreto” en estos últimos años han demostrado su cara y papel dentro de la sociedad, respondiendo su dinámica económica que cada día agudiza sus contradicciones y a su clase social burguesía, y han comenzado a realizar la venta de inmuebles construidos hace 20, 30 ,40 y hasta 50 años que durante todo este tiempo fueron usados para el arrendamiento o alquiler, ventas que son prácticamente imposibles de cumplir , pues aparte de los costos muy elevados y especulativos, en donde la mayoría de los inquilinos son personas trabajadoras-asalariadas que no poseen un alto poder adquisitivo e incluso, en muchos de los casos, estamos hablando de personas de la tercera edad y desempleadas, que no tienen ingresos económicos regulares y suficientes para poder adquirir dichas viviendas a precios que se rigen por la mano invisible del mercado de la oferta y la demanda, produciendo de esta manera la segregación de la población de la ciudad a las periferias.
Es por esta razón que “los latifundistas del concreto” en estos últimos años han demostrado su cara y papel dentro de la sociedad, respondiendo su dinámica económica que cada día agudiza sus contradicciones y a su clase social burguesía, y han comenzado a realizar la venta de inmuebles construidos hace 20, 30 ,40 y hasta 50 años que durante todo este tiempo fueron usados para el arrendamiento o alquiler, ventas que son prácticamente imposibles de cumplir , pues aparte de los costos muy elevados y especulativos, en donde la mayoría de los inquilinos son personas trabajadoras-asalariadas que no poseen un alto poder adquisitivo e incluso, en muchos de los casos, estamos hablando de personas de la tercera edad y desempleadas, que no tienen ingresos económicos regulares y suficientes para poder adquirir dichas viviendas a precios que se rigen por la mano invisible del mercado de la oferta y la demanda, produciendo de esta manera la segregación de la población de la ciudad a las periferias.
Por tal motivo es de vital importancia la organización de los inquilinos, que garantice una política propia y revolucionaria que ataque la especulación y el déficit habitacional, pues a pesar de estar dentro de las estadísticas del déficit habitacional (dos millones de viviendas aproximadamente), los inquilinos no necesitan la construcción de nuevas viviendas, no se necesita en el 90% de los casos pegar ni un solo bloque, contribuyendo de esta forma a una política de vivienda distinta y revolucionaria, en donde la ciudad socialista no sea solo construir nuevas ciudades, sino también la destrucción de la ciudad capitalista para construir sobre ella la socialista.
Por: Lilly Fajardo
sábado, 25 de agosto de 2007
EN MARZO DEL AÑO PASADO 130 RESIDENCIAS FUERON AFECTADAS
Apiur: Alcaldía Mayor no ha pagado edificios expropiados
Piden que tarifas de alquileres se descongelen gradualmente
Piden que tarifas de alquileres se descongelen gradualmente
MABEL SARMIENTO GARMENDIA
Caracas. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) está solicitando la desafectación de 130 edificios ocupados por inquilinos, pues desde que se decretó la medida de expropiación en marzo del año pasado, la Alcaldía Mayor no ha pagado ni medio por estas residencias.
En esa oportunidad algunos inquilinos solicitaron la expropiación.
El abogado Roberto Orta Martínez, vicepresidente de Apiur, informó que no se pueden seguir anunciando más expropiaciones, hasta tanto el gobierno metropolitano indemnice a los propietarios, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 49, que dice que "no se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista".
Además, sostiene que por esta irregularidad los dueños no pueden hacer negociaciones con sus inquilinos, por cuanto tienen problemas para gestionar los documentos de propiedad horizontal. "83 % de ellos no tienen los papeles de condominio, precisamente por esta situación de limbo jurídico".
Orta además informó que solicitarán, posiblemente sea la semana entrante, que se descongelen las tarifas de alquileres. "El que los propietarios de inmuebles no puedan incrementar las mensualidades ha hecho que el negocio se vea afectado casi 90 por ciento en los últimos tres años. Estamos planteando que se haga ese proceso gradualmente. Creemos que el dueño tiene como una camisa de fuerza que le impide crecer económicamente, tiene sus viviendas en proceso de afectación y además, está apurado por concretar los procesos de desalojo. Ahora para nadie es un negocio alquilar un apartamento, eso está paralizado".
Señaló que la Alcaldía Mayor tiene cerca de 50 demandas ante los tribunales, precisamente para que se detengan los procesos de expropiación. Fuente: Ultimas Noticias / Sábado 25 de Agosto de 2007
jueves, 23 de agosto de 2007
Entre 30 y 40 edificios en la mira para expropiar
LOS INMUEBLES ESTÁN SIENDO HABITADOS POR INQUILINOS
El procurador metropolitano dijo que la afectación puede salir pronto
El procurador metropolitano dijo que la afectación puede salir pronto
Foto: Las viviendas serán declaradas de utilidad pública. CARLOS MEZA/ARCHIVO
MABEL SARMIENTO GARMENDIA Caracas. El procurador metropolitano, Manuel Vadell, informó que en los próximos días saldrá un lote de 30 a 40 edificios para ser expropiados.
Se trata de inmuebles que están siendo ocupados por inquilinos con más de 20 años de residencia y que solicitaron, por diversas causas, la afectación (expropiación) de los mismos.
Entre las solicitudes las familias alquiladas acotaron que están pagando altas mensualidades y que en algunos casos no cuentan con todos los servicios públicos. Entonces decidieron solicitar la expropiación bajo el concepto de vivienda de utilidad pública y, según Vadell, esos alegatos se analizaron en todos los casos y por ello se afectaron algunos edificios.
No informó la lista en general de los inmuebles que están bajo esta medida legal ni cuánto dinero ha pagado la Alcaldía Mayor por ellos.
Dijo que durante todo el año ha habido procesos de afectación y desafectación. "Pero a raíz del cambio de directiva del Banco Industrial de Venezuela, muchos de los procesos se paralizaron. Estamos esperando que los nuevos encargados terminen de adaptarse para hacer de nuevo las negociaciones pertinentes. También estamos haciendo enlaces con Banfoandes, para que los inquilinos puedan hacer sus negociaciones y tramitar los créditos".
Por ahora, informó que consiguieron que a través de Banesco se solucionara la afectación de cinco inmuebles donde habitan entre 30 y 40 familias en cada uno. La expropiación de ese lote de edificios salió la semana pasada, acotó.
Cabe destacar que la Alcaldía Mayor adelanta un programa de expropiación y refacción de edificios ocupados por inquilinos durante estos últimos 30 años. Cuando salió a la luz pública esta información en la lista había un total de mil 439 familias que se verían beneficiadas.
Los primeros meses de este año había un total, según documentos del organismo Taller Caracas de la Alcaldía Mayor, de 91 edificios inspeccionados, 16 de ellos ubicados en la zona de Las Acacias.
Apiur pedirá revisar artículos relacionados con la propiedad
Apiur pedirá revisar artículos relacionados con la propiedad
Alertan que podrían producirse ocupaciones masivas
Alertan que podrían producirse ocupaciones masivas
BEATRIZ CARIPA
Caracas. Representantes de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), manifestaron su desacuerdo con el artículo 115 incluido en la reforma constitucional que presentó esta semana el presidente Chávez .
El vicepresidente de Apiur, Roberto Orta, sostuvo que el artículo está redactado de forma muy genérica y se interpreta como el no reconocimiento de la propiedad privada absoluta, dado que no reconocen bienes como una segunda vivienda o inmuebles que se tengan en alquiler.
"Refiere de manera muy difusa que se entiende por propiedad privada sólo bienes de consumo, excluyendo bienes de inversiones", enfatizó Orta.
Otro aspecto que critica Apiur es que se le da facultades al Estado para que haga uso de los bienes expropiados, sin realizar el pago previo.
Orta alertó que "esto podría generar expropiaciones masivas, como las que decretó el alcalde Mayor, Barreto, y se produjeron tomas sin que los propietarios recibieran pagos por los inmuebles ocupados". Dijo que entregarán un escrito al presidente Chávez y a la AN para que se precisen los términos de los artículos.
Fuente: Ultimas Noticias / Sábado 18 de Agosto de 2007
Caracas. Representantes de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), manifestaron su desacuerdo con el artículo 115 incluido en la reforma constitucional que presentó esta semana el presidente Chávez .
El vicepresidente de Apiur, Roberto Orta, sostuvo que el artículo está redactado de forma muy genérica y se interpreta como el no reconocimiento de la propiedad privada absoluta, dado que no reconocen bienes como una segunda vivienda o inmuebles que se tengan en alquiler.
"Refiere de manera muy difusa que se entiende por propiedad privada sólo bienes de consumo, excluyendo bienes de inversiones", enfatizó Orta.
Otro aspecto que critica Apiur es que se le da facultades al Estado para que haga uso de los bienes expropiados, sin realizar el pago previo.
Orta alertó que "esto podría generar expropiaciones masivas, como las que decretó el alcalde Mayor, Barreto, y se produjeron tomas sin que los propietarios recibieran pagos por los inmuebles ocupados". Dijo que entregarán un escrito al presidente Chávez y a la AN para que se precisen los términos de los artículos.
Fuente: Ultimas Noticias / Sábado 18 de Agosto de 2007
Importante: Estas personas que están en contra de la Reforma de La Constitución de la Republica Bolivariana Venezuela son las mismas que están intentando secuestrar la Reforma propuesta por nosotros de la Ley de Arrendamiento en su segunda discusión, también los que están en contra del proyecto de la Alcaldía Mayor “Dotación de Vivienda para las familias que viven en condición de arrendamiento en el área metropolitana”, también en contra del Decreto de Congelación de Alquileres, y por supuesto según sus propias declaraciones “están apurado por concretar los procesos de desalojos” ósea están apurados para dejar a las familias Venezolanas en la calle, cual damnificado. Hacemos un llamado a nuestro Presidente Hugo Chávez y a la Vice Presidencia de la Republica para que no permitan que estas personas hagan lo que quieran con el pueblo Venezolano
¡Inquilinos de todo el país, uníos!
En los actuales momentos hablar de latifundio es cosa común para nuestra enorme y noble Latinoamérica, pero en el devenir de los tiempos y lo dinámica de nuestra sociedad los conceptos se van ampliando así como los escenarios, las ciudades fueron reproduciendo a los actores de los campos, latifundistas, campesinos, en latifundistas del concreto, inquilinos, damnificados, ocupantes y todo lo que represente la problemática de la vivienda en las áreas urbanas.
Y así como en el campo, el acceso a la ciudad también fue tocada por las manos del capital, los campesinos venidos por la revolución industrial no tuvieron acceso a esas tierras también en manos del señor feudal y tuvieron que volcarse a zonas no apetecibles para ellos, quebradas, cerros y los lugareños no tuvieron mas remedios que sucumbir al “progreso” y entregarle casi regaladas sus viviendas, sus conucos al señor capitalista que vislumbraba un campo de golf, un lujoso complejo en las tierras de aquel ocupante primario que debía entregárselas por las buenas o por las malas. EXPROPIACIÒN…! Palabra ahora satanizada por la burguesía. Pero es que acaso ¿los burgueses no expropiaron a campesinos y gente humilde? Y a veces sin pago.
Y todavía sigue ocurriendo, por ejemplo en Chacao en La Castellana, con los pocos habitantes que quedan en el Pedregal asediados por los capitalistas por causa de sus modestas casas, en suculentos terrenos.
Y así quedo la ciudad en manos de los terratenientes de siempre, y en complicidad de gobiernos burgueses se estableció el sacrosanto derecho a la propiedad privada arrancada a los ocupantes primarios, para así monopolizar la ciudad y poner a rodar la pelota de la especulación inmobiliaria, pues ellos son quienes controlan los precios del mercado.
Ahora cuando los expropiados de las ciudades que tenemos que vivir rentado en los latifundios de concreto (edificios), muchos de estos edificios los cuales no pagan los impuestos correspondientes y de los cuales jamás su “propietario” ha invertido un centavo desde la época de su adquisición tienen a cientos y cientos de familias a su merced explotándolos, ejerciendo todo tipo de presiones y vejámenes sobre ellos, arrojándolos a la calle cuando son viejos para así volver a comenzar el ciclo de explotación con una nueva familia, algo así como el cuento del real y medio que nunca se pierde y siempre se tiene.
Es por esto que solo por medio de la unidad, la clara visión y la conciencia de clases es que los inquilinos podremos dar el debate e imponer un alto ante todo este sistema esclavista que el capital y el imperio han querido que aceptemos como justo.
Solo mediante la organización de la gente y el apoyo a la revolución podremos crear la conciencia de que somos ciudadanos con derechos y no podemos permitir que se especule con un derecho humano como la vivienda en manos de pocos y con carencia de muchos. Y que se vea el arrendamiento como un castigo eterno que puede durar toda la vida no dándole la oportunidad al inquilino de poder adquirir ese inmueble pagado ya 4 ó 5 veces a un precio razonable.
Y cuando un gobierno metropolitano a petición de los inquilinos propuso un proyecto alternativo de justicia social como ocurrió con el Proyecto de “Dotación de Vivienda para las Familias que Habitan en Condición de Arrendamiento en el Área Metropolitana” se boicoteo y se satanizo, pues el señor feudal llámese administradora, corporación, consorcio inmobiliario, etc. tuvo que meter sus manos en todo, con el fin de seguir manteniendo su hegemonía, su negocio parasito e impidiendo que el pueblo sea reivindicado en lo que es justo.
Y en cuanto a la tan consultado por todos y por nadie Reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios llevada en segunda discusión por la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional y con la que los latifundistas urbanos dicen estar muy complacidos nos pone a reflexionar, pues los intereses de los capitalistas jamás podrán ser los mismos del pueblo.
Por eso el sabio pueblo mira con desconfianza esas reformas, pues no queremos reformas sobre los entuertos de una ley hecha por el aristócrata Dr. Arcaya, que no se ajusta al proceso que vive nuestro país. Queremos una nueva ley socialista, construida por el pueblo que no siga avalando la explotación del hombre por el hombre. Queremos romper con el paradigma de llamar “la Cosa” al hogar de una familia.
Por eso inquilinos de todo el país, uníos para defendernos de los voraces terratenientes urbanos, solo la solidaridad podrá defendernos de los crueles ataques armados en los desalojos, de la especulación inmobiliaria, del dueño que aumenta el canon de arrendamiento aun y cuando este congelado cobrando dinero por debajo la mesa sin entregar recibo, del dueño que desaloja al inquilinos cuando este sale a su trabajo, aun y cuando este solvente en los pagos, del dueño que quiere vender un apartamento viejo a un inquilino de 20 años a precios de una vivienda nueva y así miles de atropellos que escuchamos semanalmente en nuestras asambleas.
Ya inquilinos de Carabobo y otros estados se están organizando siguiendo el ejemplo que Caracas dio. Y aunque actualmente no hemos podido adquirir ningún inmueble, hemos ganado saldo en organización, solidaridad, claridad y lo mas importante humanidad. En mi opinión personal mucho hemos ganado al perderle el miedo a la bota del dueño.
Así es pues que inquilinos del interior del país formen su O.C.V. por edificio, por sector, por parroquias, y comiencen el debate, solidarícense con el vecino por que mañana puede ser usted y no piense que estar al día con el pago lo exonera de un desalojo. Solo el pueblo salva al pueblo…! Por elisabth santos.
Y así como en el campo, el acceso a la ciudad también fue tocada por las manos del capital, los campesinos venidos por la revolución industrial no tuvieron acceso a esas tierras también en manos del señor feudal y tuvieron que volcarse a zonas no apetecibles para ellos, quebradas, cerros y los lugareños no tuvieron mas remedios que sucumbir al “progreso” y entregarle casi regaladas sus viviendas, sus conucos al señor capitalista que vislumbraba un campo de golf, un lujoso complejo en las tierras de aquel ocupante primario que debía entregárselas por las buenas o por las malas. EXPROPIACIÒN…! Palabra ahora satanizada por la burguesía. Pero es que acaso ¿los burgueses no expropiaron a campesinos y gente humilde? Y a veces sin pago.
Y todavía sigue ocurriendo, por ejemplo en Chacao en La Castellana, con los pocos habitantes que quedan en el Pedregal asediados por los capitalistas por causa de sus modestas casas, en suculentos terrenos.
Y así quedo la ciudad en manos de los terratenientes de siempre, y en complicidad de gobiernos burgueses se estableció el sacrosanto derecho a la propiedad privada arrancada a los ocupantes primarios, para así monopolizar la ciudad y poner a rodar la pelota de la especulación inmobiliaria, pues ellos son quienes controlan los precios del mercado.
Ahora cuando los expropiados de las ciudades que tenemos que vivir rentado en los latifundios de concreto (edificios), muchos de estos edificios los cuales no pagan los impuestos correspondientes y de los cuales jamás su “propietario” ha invertido un centavo desde la época de su adquisición tienen a cientos y cientos de familias a su merced explotándolos, ejerciendo todo tipo de presiones y vejámenes sobre ellos, arrojándolos a la calle cuando son viejos para así volver a comenzar el ciclo de explotación con una nueva familia, algo así como el cuento del real y medio que nunca se pierde y siempre se tiene.
Es por esto que solo por medio de la unidad, la clara visión y la conciencia de clases es que los inquilinos podremos dar el debate e imponer un alto ante todo este sistema esclavista que el capital y el imperio han querido que aceptemos como justo.
Solo mediante la organización de la gente y el apoyo a la revolución podremos crear la conciencia de que somos ciudadanos con derechos y no podemos permitir que se especule con un derecho humano como la vivienda en manos de pocos y con carencia de muchos. Y que se vea el arrendamiento como un castigo eterno que puede durar toda la vida no dándole la oportunidad al inquilino de poder adquirir ese inmueble pagado ya 4 ó 5 veces a un precio razonable.
Y cuando un gobierno metropolitano a petición de los inquilinos propuso un proyecto alternativo de justicia social como ocurrió con el Proyecto de “Dotación de Vivienda para las Familias que Habitan en Condición de Arrendamiento en el Área Metropolitana” se boicoteo y se satanizo, pues el señor feudal llámese administradora, corporación, consorcio inmobiliario, etc. tuvo que meter sus manos en todo, con el fin de seguir manteniendo su hegemonía, su negocio parasito e impidiendo que el pueblo sea reivindicado en lo que es justo.
Y en cuanto a la tan consultado por todos y por nadie Reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios llevada en segunda discusión por la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional y con la que los latifundistas urbanos dicen estar muy complacidos nos pone a reflexionar, pues los intereses de los capitalistas jamás podrán ser los mismos del pueblo.
Por eso el sabio pueblo mira con desconfianza esas reformas, pues no queremos reformas sobre los entuertos de una ley hecha por el aristócrata Dr. Arcaya, que no se ajusta al proceso que vive nuestro país. Queremos una nueva ley socialista, construida por el pueblo que no siga avalando la explotación del hombre por el hombre. Queremos romper con el paradigma de llamar “la Cosa” al hogar de una familia.
Por eso inquilinos de todo el país, uníos para defendernos de los voraces terratenientes urbanos, solo la solidaridad podrá defendernos de los crueles ataques armados en los desalojos, de la especulación inmobiliaria, del dueño que aumenta el canon de arrendamiento aun y cuando este congelado cobrando dinero por debajo la mesa sin entregar recibo, del dueño que desaloja al inquilinos cuando este sale a su trabajo, aun y cuando este solvente en los pagos, del dueño que quiere vender un apartamento viejo a un inquilino de 20 años a precios de una vivienda nueva y así miles de atropellos que escuchamos semanalmente en nuestras asambleas.
Ya inquilinos de Carabobo y otros estados se están organizando siguiendo el ejemplo que Caracas dio. Y aunque actualmente no hemos podido adquirir ningún inmueble, hemos ganado saldo en organización, solidaridad, claridad y lo mas importante humanidad. En mi opinión personal mucho hemos ganado al perderle el miedo a la bota del dueño.
Así es pues que inquilinos del interior del país formen su O.C.V. por edificio, por sector, por parroquias, y comiencen el debate, solidarícense con el vecino por que mañana puede ser usted y no piense que estar al día con el pago lo exonera de un desalojo. Solo el pueblo salva al pueblo…! Por elisabth santos.
Lugar de reuniones en Caracas:
Red Metropolitana de Inquilinos
Universidad Bolivariana piso 9 días lunes 5:00 PM
Red Metropolitana de Inquilinos
Universidad Bolivariana piso 9 días lunes 5:00 PM
Asesoria legal gratuita
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