EL Pueblo Legislador defiende la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la derecha apátrida (MUD) no podrá cambiarla. - RED METROPOLITANA DE INQUILINOS - EL Pueblo Legislador defiende la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la derecha apátrida (MUD) no podrá cambiarla.

viernes, 30 de septiembre de 2016

¡Se les cayó la campaña en la ONU! España raspó en materia de DDHH

¡Se les cayó la campaña en la ONU! España raspó en materia de DDHH

 29 septiembre, 2016

 Los Cara e' tabla - A los partidos españoles, que se cansaron de desprestigiar a Venezuela durante sus elecciones, apoyando la supuesta activación de la Carta Democrática y diciendo que el rrrrrrégimen reprimía a los venezolanos, se les cayó la campaña cuando la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó a Venezuela en Derechos Humanos (DDHH), mientras que a España le dieron una patada por ese c… Mientras ellos decían que los gobiernos debían reaccionar a la “a la barbarie que se está produciendo en Venezuela, porque en el siglo XXI y queremos es regímenes de democracia, libertad y de DDHH”. 

En España familias son desalojadas de sus hogares, sin ninguna razón, atropellando su derecho a tener una vivienda y vulnerando los DDHH de los españoles. Por eso es que calladitos se ven más bonitos, Rajoy comience con darle las soluciones a su pueblo para después hablar de los demás.

Que a diferencia de usted, el Gobierno Bolivariano, al que tanto desprestigia, ha otorgado más de un millón de hogares a los venezolanos a través de su programa social la Gran Misión Vivienda Venezuela, así que agarré ejemplo en vez de estar inventando.

miércoles, 24 de agosto de 2016

Sunavi sancionó con Bs. 64 mil millones a tres inmobiliarias caraqueñas

Sunavi sancionó con Bs. 64 mil millones a tres inmobiliarias caraqueñas

24 agosto 2016 | 

Román Pineda, Superintendente Nacional de Arrendamiento y Vivienda, informó que la ley de Regularización y Control de Arrendamiento no establece en ninguna de sus partes la posibilidad de que los propietarios pierdan su vivienda, ya que en caso de desalojo se establece un protocolo, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la familia arrendada vaya a un refugio previamente autorizado por el Ministerio de Vivienda


Durante entrevista en el programa “Empoderate”, transmitido por RNV Activa, Román Pineda, Superintendente Nacional de Arrendamiento y Vivienda (Sunavi), informó este martes que fueron multadas por Bs. 64 mil millones tres grandes inmobiliarias en Caracas.
Las medidas fueron tomadas tras determinar que las empresas realizaron actos de discriminación al momento de efectuar contratos de arrendamiento. Cabe destacar que la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento prohíbe ejercer discriminación, es decir, no se deben imponer condiciones para alquilar una vivienda.
Asimismo, refirió que los pagos por las transacciones deben hacerse en bolívares y no en moneda extranjera, al tiempo que expresó que la ley de Regularización y Control de Arrendamiento no establece en ninguna de sus partes la posibilidad de que los propietarios pierdan su vivienda, ya que en caso de desalojo se establece un protocolo, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la familia arrendada vaya a un refugio previamente autorizado por el Ministerio de Vivienda, si no tienen un lugar donde mudarse.
Del igual manera, recordó que esta ley establece los canon de arrendamiento a través de una tabla, por lo que no están permitidos los aumentos anuales, sin la previa autorización de Sunavi. “Hay una regularización especial donde se toma en cuenta la estructura, el año de construcción del inmueble, y los servicios que se ofrecen” para establecer las tarifas.
Instó a que las personas que sientan que han sido violentados sus derechos como arrendatarios, a acudir a cualquier sede de la Sunaviv en todas las capitales del país, para proceder a interponer su denuncia.
F/RNV

miércoles, 13 de abril de 2016

UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS DIFÍCILES PARA LOS ESPAÑOLES DONDE MANDA EL CAPITALISMO

"No soy morosa, soy pobre": más de 426.000 desahucios marcan una década de crisis y desesperación 2010, 2011 y 2012 son los peores años de la crisis española, llegando a siete de cada diez desahucios de vivienda habitual, lo que significa que en 2012, 123 familias se estaban quedando cada día sin casa. Tardamos en verlo: los desahucios (DESALOJOS) no entran en la conciencia colectiva hasta finales de 2011.

sábado, 27 de febrero de 2016

Esto es lo que quiere la nueva Asamblea Nacional burguesa quiere para los inquilinos en Venezuela

A la calle mujer de 80 años en España por no poder pagar el alquiler


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Purificación, una anciana de más de 80 años que vive en Madrid será desahuciada por falta de pago, informa el portal Público. La anciana tenía que pagar 139 euros al mes, una cantidad que la mujer no puede afrontar.
La Justicia exige a la anciana el pago de los 5.057 euros que adeuda a la Empresa Municipal de la Vivienda, tras el impago acumulado.
Este hecho es una demostración de que los ciudadanos no perciben el crecimiento económico del que se jacta el presidente, Mariano Rajoy, sostiene el politólogo Rubén Corral.
“Lo que hace el presidente del Gobierno es pensar más en clave electoral que real.
Las ciudades siguen sufriendo: ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad y este desahucio es la demostración palpable de que la gente en la calle no vive ese crecimiento económico al cual apunta el presidente”, asegura Corral.

martes, 2 de febrero de 2016

Ministro Quevedo: La gente está reaccionando ante la estafa legislativa en la AN que pretende la MUD

Acompañó al pueblo que defiende a la GMVV

Ministro Quevedo: La gente está reaccionando ante la estafa legislativa en la AN



Los diputados del Bloque de la Patria recordaron que se mantendrán luchando por defender la propiedad de las viviendas de los beneficiarios de la misión



“El pueblo no se va a quedar tranquilo (…) la gente está reaccionando ante la estafa”, afirmó el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, a propósito del debate pautado en la Asamblea Nacional de la ley de propiedad de la vivienda.

Quevedo acompañó este martes a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que salió a defender este programa social creado por el comandante Hugo Chávez y se ha mantenido como una política de vivienda única que ha permitido que venezolanos cuenten con un inmueble digno.
“El pueblo vino a defender las leyes de la GMVV”, dijo asegurando que la ley, a la que el pueblo ha denominado ley disfraz porque es una estafa.

Destacó que la propuesta de la oposición en el parlamento, pretende eliminar el concepto de interés social, habla de la vivienda como un activo; deja sin acceso a la tierra a la GMVV.

“Nosotros estamos acompañando al pueblo. Donde haya una manifestación popular, allí estaremos acompañando a nuestro pueblo (…) donde este el pueblo van a estar nuestros diputados, defendiendo el derecho a la vivienda”.

BLOQUE DE LA PATRIA COMPROMETIDO

Por su parte el diputado del Bloque de la Patria, Ricardo Molina, destacó que el pueblo está decidido a hacer respetar las leyes de Chávez y su derecho al futuro.

“Tienen tiempo de reflexionar”, advirtió Molina a los parlamentarios opositores, recordándoles que el proyecto desconoce a la familia, el artículo 82 de la Constitución Bolivariana y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes al pretender volver a los años cuando las familias perdían su vivienda por no tener con que pagar.

En este sentido los instó a debatir con el pueblo en la calle.

Aclaró el diputado que, de ser aprobada la ley sobre propiedad de viviendas, el Bloque de la Patria solicitará al Tribunal Supremo de Justicia que se declare inconstitucional “por menoscabar los derechos alcanzados por el pueblo en Revolución”.

Héctor Rodríguez ratificó el compromiso del Bloque de la Patria con los beneficiarios del millón de viviendas construidas por el Gobierno Bolivariano para dignificar al pueblo.

sábado, 16 de enero de 2016

Derecho y propiedad de la vivienda están asegurados en leyes aprobadas en Revolución

Foto: Archivo
Con el nacimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa creado por el comandante Hugo Chávez, fueron aprobadas un total de nueve leyes que en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República garantizan el derecho y la propiedad de las casas construidas en toda la nación.


Las leyes, aprobadas durante el periodo de mayoría bolivariana en el Parlamento, garantizan el derecho a la vivienda y la propiedad, destacó el diputado Ricardo Molina durante su intervención el pasado miércoles 13 de enero en la Asamblea Nacional.

“La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat promulgada en 2008 es una ley revolucionaria, la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas de 2011, es ley Revolucionaria, y la Ley de propiedad de Vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela de abril de 2011, son leyes Revolucionarias”, mencionó.

El diputado Molina, quien fuera ministro de vivienda hasta mediados de 2015, habló sobre el blindaje jurídico de Misión, a propósito de la propuesta de ley de propiedad de vivienda hecha por el diputado de derecha, Julio Borges.

Borges, quien desde el nacimiento de la Misión Vivienda se ha mostrado contrario a esta política, propuso una ley para entregar títulos de propiedad a las familias que viven en las casas hechas por el Gobierno nacional, un argumento que ha sido denunciado como manipulación por parte de la bandada de la Patria porque intenta confundir con elementos que ya están contemplados en las leyes.
Molina advirtió que el objetivo real de esta propuesta es mercantilizar la vivienda y convertirla en capital de bancos e inmobiliarias privadas.

Durante la sesión del miércoles, recordó que “la vivienda en la revolución bolivariana, chavista es considerada como asentamiento material para el desarrollo espiritual de la familia, es el hogar para el crecimiento de los niños y jóvenes en un ambiente sano, seguro y digno por ello prevalece el valor de uso ante el valor de cambio. Las viviendas construidas por el Estado venezolano se construyen con los recursos del pueblo, por ello no deben convertirse en mercancía”, aseveró entonces.

Las familias que adquieren las casas de Misión Vivienda no pagan cuota inicial y los intereses no sobrepasan 4,63 %, a diferencia del 80% sobre préstamos hipotecarios que regía la venta de casas del sector privado durante la Cuarta República.

Enfatizó Molina que las leyes aprobadas en Revolución, sujetas al artículo 82 de la Constitución, garantizan la progresividad del derecho a la vivienda y la propiedad de las familias.

La Gran Misión Vivienda Venezuela es el programa de construcción de hogares más ambicioso hecho en el país. La meta es llegar al año 2019 con tres millones de nuevos hogares, objetivo que cumplió con el primer gran hito de un millón de casas construidas y entregadas a sus familias al cierre de 2015.

Para el 2016, el objetivo del Gobierno es construir 500.000 hogares y así elevar a 1,5 millones el número de familias que tendrán techo propio al término de este año.
AVN

El negocio inmobiliario detrás de la ley de vivienda de la MUD

Detrás de la ley que fue presentada por Julio Borges durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy (miércoles 13 de enero), se amasan grandes intereses económicos en el sector inmobiliario representados localmente por la Cámara Inmobiliaria.

Es quizás este sector económico, por las características parasitarias, mafiosas y especulativas bajo las cuales se maneja, que tanto acá en Venezuela como en el resto del mundo representa uno de los universos más virulentos de acumulación capitalista: grandes bancos, firmas inmobiliarias (nacionales y extranjeras) y empresas intermediarias juegan en llave para que los enormes créditos hipotecarios que asumirá el comprador se traduzcan en elevadas ganancias sobre la base de una mercancía que tiene tiempo de haber sido construida y que tenderá siempre a subir de precio (el famoso “mercado secundario”).

Por obra de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y las firmas inmobiliarias extranjeras que ella defiende, la gran mayoría de viviendas situadas en este mercado se negocian en dólares (paralelos) con base al precio que emana de la especulativa tasa cambiaria de Dólar Today.

La dolarización de facto de este sector, aparte de significar jugosos beneficios para las empresas intermediarias del ramo inmobiliario, también es su forma de responder políticamente al monumental botín que el Gobierno les arrebató en beneficio de la población.

Hay que recordar que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, entre tantos comunicados contra la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicó uno en particular el pasado mes de junio del año 2015 donde se mostraban coléricos por la toma de terrenos ociosos por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat para construir viviendas que no significarían ninguna oportunidad de negocio especulativo para la empresa privada.

Pero más allá de la demagogia de Borges, de querer limpiarse la cara cuando él mismo denominó a la Gran Misión Vivienda Venezuela como “misión maqueta” y de borronear las incontables sesiones legislativas en las cuales se negó a la aprobación de créditos públicos para favorecer la construcción de viviendas por parte del Gobierno, existe un plan de legalización de la especulación inmobiliaria de alto espectro.

Con el envalentonamiento que significa haber ganado la Asamblea Nacional, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y grandes corporaciones inmobiliarias gringas como Century 21, Re/Max o Codwell Banker, quienes representan un colosal oligopolio en el mercado inmobiliario local y que basan sus operaciones de compra, venta, alquiler y arrendamiento de viviendas sobre la base del precio del dólar paralelo, le están exigiendo (sin demasiado esfuerzo) a su empleado Julio Borges que le entreguen el millón de viviendas que ha construido el Gobierno para favorecer su gran negocio transnacional.

Con la titularización de las viviendas, estos oligopolios del ramo inmobiliario (y los grandes bancos privados como Banesco, BOD, Banco Mercantil y Banco Provincial) podrían intermediar, cobrar comisiones, negociar, hipotecar y a futuro embargar (si no pagas completo) un millón de viviendas que entrarían al mafioso y dolarizado mercado secundario. Sin embargo, existen más factores en contra que a favor para lograr este cometido. Hasta ahora dicha ley bailotea en lo mediático y perceptivo, nada más.

Julio Borges puede fabricar toda la demagogia que quiera, pero existe un punto débil que, por obviarlo olímpicamente, comporta quizás el elemento más importante. Borges utilizó toda esa fraseología jurídica para encubrir tanto su acérrima defensa de la dolarización de los precios de las viviendas que están en manos del sector privado, como que el precio de las viviendas construidas por el Gobierno que desea titularizar vía ley, tendrán el precio especulativo que definen Century 21, Re/Max y Codwell Banker. Él es el principal defensor la dolarización y de sus agentes transnacionales, en este caso, del mercado secundario de viviendas.

Si tanto le interesa el acceso a la vivienda de “todos por igual”, ¿por qué no diseña una ley en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela que establezca baremos racionales para acordar un precio accesible y que se pueda pagar?, ¿por qué no promueve una ley que ilegalice el uso del dólar paralelo para establecer el precio final de casas y apartamentos?, ¿por qué no se reúne con los gerentes de Century 21, Re/Max o Codwell Banker y los obliga a frenar la especulación inmobiliaria mediante una ley?

Él nunca atentará contra el lucrativo negocio de sus verdaderos jefes, por eso no dice ni pío de la gran estafa inmobiliaria y financiera transnacional que desea absorber a totalidad la Gran Misión Vivienda Venezuela para que se enriquezcan sin haber invertido media locha.

Pero antes de entrar en la inviabilidad legal de esta ley, coloquémonos en el supuesto negado de que efectivamente un beneficiario de un apartamento de la Gran Misión Vivienda Venezuela en la Avenida Libertador puede vender “su” apartamento en 25 millones de bolívares. Entendiendo que ese, en el pasado beneficiario y hoy propietario, quiere “progresar” y vivir en una “zona mejor”, ¿podrá comprar con ese dinero un apartamento en el este capitalino sabiendo que cuesta cinco veces más y que Julio Borges defiende ese precio especulativo a capa y espada?, ¿podrá comprar una casa en Carabobo o Aragua, ubicada en alguna zona céntrica, cuando el precio es mucho mayor?, ¿se devolverá a su barrio y se comprará una camioneta del año con ese dinero?, ¿preferirá perder su vivienda para asumir un crédito que para pagarlo necesitaría de otro trabajo? Pura demagogia la propuesta de ley de la Inmobiliaria Borges C.A.

Ahora bien, la ley propuesta por Julio Borges, por sí sola en caso de aprobarse, quedaría invalidada inmediatamente por contravenir los principios de la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda y la ley especial que de ella proviene: la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la cual, en sus artículos 12 y 13, establece taxativamente que las viviendas son para uso, goce y disfrute de la familia beneficiada, no para vendérsela a Century 21.

Tendrían que reformar o derogar la Ley Orgánica de Emergencia de Terrenos y Vivienda (para lo cual necesitan 112 diputados) para que la ley de titularización tenga efecto real y aplicabilidad en el sistema de leyes venezolanos. Si deciden irse de bruces (nuevamente), una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia puede invalidar la ley propuesta por Borges por contravenir un precepto legal orgánico superior que además fue declarado como “orgánico” tras una sentenciade ese mismo TSJ en el año 2011.

Ante el intento de manipular la percepción política a su favor y de traficar espejitos mediáticos, es importante precisar que con esa ley Borges busca endulzar a sus jefes, quedar como el empleado del mes de las grandes corporaciones inmobiliarias gringas y legalizar la monumental estafa que significa ese dolarizado negocio.

Chúpate tu maqueta.

viernes, 15 de enero de 2016

Maduro sentencia que la oposición tendrá que derrocarlo si quiere privatizar la Gran Mision Vivienda Venezuela

El Mandatario Nacional fustigó que ningún dirigente, alcalde o gobernador de la oposición haya construido viviendas para el pueblo en contraste con los gobernantes revolucionarios

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sentenció este viernes que los diputados de oposición tendrán que derrocarlo si quieren aprobar una ley para privatizar y llevar al mercado capitalista la casas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela.

“No y no, no vamos a permitirlo. Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización de viviendas”, afirmó el Mandatario Nacional durante su Memoria y Cuenta y Mensaje Anual ante la Asamblea Nacional.

Fustigó que ningún dirigente, alcalde o gobernador de la oposición haya construido viviendas para el pueblo en contraste con los gobernantes revolucionarios. “Cuando ustedes demuestren que un gobernador de ustedes ha construido una vivienda los tomaré en serio”, manifestó a los parlamentarios opositores.

Maduro recordó que el año 2015 cerró con la construcción de la vivienda un millón para el pueblo venezolano desde la creación de la gran misión habitacional. “No han construido una vivienda y creen que nos vamos a calar que la privaticen”, enfatizó el Presidente.

Texto/Freidder Alfonzo
Foto/AVN

jueves, 14 de enero de 2016

RICARDO MOLINA EXPLICÓ CÓMO CAMBIARÍAN LOS PAGOS DE LAS VIVIENDAS CON LA LEY QUE PROPONE LA DERECHA

La intención de la derecha de capitalizar las casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela pretende quitarle “la significancia que tiene la casa como asiento del hogar y de la familia, y se convierta en una mercancía”, advirtió este jueves el diputado ante la Asamblea Nacional (AN) Ricardo Molina, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Julio Borges, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), propuso este miércoles ante la Asamblea Nacional una “Ley de Viviendas” de la que no fue presentado el debido proyecto, y con la que pretenden otorgar títulos de propiedad a los atendidos mediante la Misión Vivienda y los demás proyectos habitacionales del Gobierno Nacional.

A través de Venezolana de Televisión, Molina dijo que detrás de la intención de entregar estos de títulos de propiedad está el sector construcción, el mismo que explotó por muchos años al país y que “quisiera tener otra vez tasas de interés liberadas, como cuando llegó el comandante Chávez”, época en la que muchas familias de la clase media perdieron sus hogares “porque no tenían cómo soportar intereses de 80% sobre los préstamos hipotecarios y muchas no tuvieron oportunidad de adquirirla porque nunca pudieron reunir la inicial que se les exigía”.

“Ellos quieren volver a eso, al querer capitalizar la vivienda”, insistió Molina.

Afirmó además que la propuesta de Borges denota desconocimiento acerca de la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas, creada en 2011 por el comandante Hugo Chávez, en la que se establece el registro de la propiedad familiar, multifamiliar, el contenido de los documentos de la propiedad familiar, el procedimiento para el registro de los documentos en el registro inmobiliario.

“Ya existe (la ley) y además, con unas condiciones en el marco del socialismo. La familia que adquiere una vivienda en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela no va a dar inicial y tiene intereses del 4,63 %”, recalcó.

Subrayó que en el modelo que propone la derecha “todo tiene precio, donde si no tienes plata no puedes resolver tus problemas, no puedes vivir bien”.

En ese sentido, añadió que ese modelo se enfrenta nuevamente “con el modelo socialista, chavista y bolivariano”, que prefiere “satisfacer las necesidades de la familia, los individuos, las personas, entre todos. No importa en realidad cuánto cuesta la casa sino que ésta será un hogar para la familia”.

(AVN)

martes, 8 de diciembre de 2015

90% de los Inquilinos votaron contra ellos mismo, ahora vendrá el cambio?!

Cámara Inmobiliaria de Venezuela pide

 reformar Ley de Arrendamiento

          El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Gonzálezpidió que se reformen algunas normativas entre ellas la Ley de Arrendamiento “que ha generado que solo 7% de la oferta se alquile”.
Las declaraciones fueron ofrecidas por González tras su participación en el Foro de “perspectivas inmobiliarias en año electoral” donde agregó que esperan que una nueva Asamblea Nacional reconsidere modificar la Ley de Tierras Urbanas “ya que si un terreno está en desuso, no es necesario tomarlo”. 
Incluso, se solicitó cambiar la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria pues a su juicio establece una regulación de precios “con muy pocos incentivos para el sector privado”.
El sector explicó que todas estas propuestas serán entregadas a la Asamblea Nacional para debatir las correcciones que la Cámara ha solicitado.
Será que ahora dirán!!! "PERO TENEMOS CAMBIO"

lunes, 7 de diciembre de 2015

Inquilinos con las barbas en remojo, ahora dirán "PERO TENEMOS CAMBIO"

Fedecámaras pide 

a la NUEVA ASAMBLEA NACIONAL 

derogar la LOTTT y la Ley de Precios Justos


El presidente del grupo empresarial destacó la importancia de que se establezca una modificación cambiaria que sea para todos por igual y se permita obtener las divisas que se requieren para reactivar el aparato productivo


El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, expresó que la nueva Asamblea Nacional debe “derogar la Ley de Precios Justos para que pueda activarse la producción en el país”.

“Desde el organismo seguimos firmes con la negativa a la Ley de Precios Justos porque genera efectos muy severos sobre la producción de bienes y servicios. Es una de las principales causas del desabastecimiento y además está acabando con la necesaria rentabilidad de nuestros comercios”, expresó tras culminar el primer consejo nacional del período 2015-2017 del entre gremial.

Además indicó que el nuevo Parlamento también debe revisar la Ley Orgánica del Trabajo (aprobada por el Presidente Hugo Chávez el 30 de abril del año 2012) e impulsar las negociaciones tripartitas entre los empleadores/dueños, sindicatos y gobierno.

El empresario destacó la importancia de que se establezca una modificación cambiaria que sea para todos por igual y se permita obtener las divisas que se requieren para reactivar el aparato productivo.

Indicó que la AN debe impulsar un marco regulatorio que favorezca el fortalecimiento del respeto a la propiedad privada.
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Nota: se imagina ya, cual es la siguiente Ley en la mira de la NUEVA ASAMBLEA NACIONAL

miércoles, 19 de agosto de 2015

Novia de Pérez Venta fue abogada de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos APIUR

Karem Alejandra Yépez Galindo, la funcionaria de la Alcaldía Metropolitana de Caracas que sería propietaria del apartamento donde asesinaron a la comerciante Liana Hergueta, es una abogada estrechamente vinculada con la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR) promovida por el escritorio jurídico Orta Poleo, que a su vez sirve de sede al gremio, según se puede verificar en la página web de la organización.

Una revisión a las actuaciones de Yépez Galindo como representante legal en procesos judiciales la coloca, en forma reiterada, como litigante junto con los abogados Raymond Orta Martínez y Carlos Calanche Bogado, integrantes del bufete Orta Poleo, según las actas procesales publicadas por el portal del Tribunal Supremo de Justicia.

La abogada Karem Yépez, funcionaria de la Alcaldía Metropolitana y 
responsable del apartamento donde asesinaron a Liana Hergueta
Esta organización, que incluye al grupo inmobiliario Orta Poleo, dedicado a la compra, venta y alquiler de inmuebles en la región capital y especialmente en Caracas, ha promovido desde hace más de 10 años una serie de acciones legales y políticas para asegurar el desalojo de inquilinos o de ocupantes irregulares de viviendas y locales comerciales en la ciudad.

En tal sentido esgrimen un discurso en defensa de la propiedad privada, la cual, a su juicio, ha sido vulnerada por las distintas legislaciones que protegen a las familias inquilinas y que han sido impulsadas por el gobierno bolivariano y por la Asamblea Nacional.

Karem Yépez, según informó el pasado lunes el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, mantiene una relación de pareja con José Pérez Venta, imputado por el crimen de una mujer cuyo cadáver fue descuartizado y abandonado en su propio vehículo en un sector del norte de Caracas. Asimismo Rodríguez aseguró que el apartamento 605, del edificio Isnotú, entre las esquinas de Canonigos y Santa Barbara, en pleno casco urbano de la capital venezolana, es propiedad o está a cargo de la abogada Yepez.

Tras la llegada al cargo de Antonio Ledezma, como alcalde metropolitano, la abogada se sumó al equipo legal de la institución. donde desde enero de 2009, se desempeña como coordinadora de opinión y consulta en la Consultoría Jurídica, tal como se puede constatar en su ficha de la seguridad social y en su perfil de la red profesional Linkedin.

Asimismo una revisión de su página personal en Facebook, permite establecer su relación con Pérez Venta y con otros miembros de la organización Operación Libertad Venezuela, una red clandestina de activista de extrema derecha, fanatizados en torno al derrocamiento del actual gobierno.

El 5 de enero pasado uno de los activistas de la OLV, Humberto Vargas Delgado, le escribió en su muro que le habían robado su celular y que le avisara a José (Pérez Venta)  "y a todos los que tengan mi Cel y el Pin".

Vargas Delgado fue señalado en mayo de 2014 como activista de la conspiración por el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.

 La relación de Karem Yépez con José Pérez Venta, "habría comenzado luego que el dirigente estudiantíl de derecha auto-exiliado Tugomir Yépez los presentara en el 2013", según informó el portal web Con el mazo dando.

Fuente: La Tabla 

martes, 18 de agosto de 2015

En protección del derecho a la vivienda de todas las personas

TSJ ordena conformar mesa entre inquilinos y propietarios para garantizar las reubicaciones que correspondan según la ley


17 de Agosto.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la conformación de una mesa de trabajo con la participación de la representación de los inquilinos y propietarios, con el objetivo de brindar respuesta consensuada a las controversias que se susciten, tras la culminación de los contratos de arrendamientos de vivienda que actualmente se encuentran en los distintos tribunales del país para garantizar los derechos de todas las partes.
A través de la sentencia N° 1171 publicada el 17 de agosto de 2015, se admitió la demanda de amparo en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los ciudadanos y ciudadanas, arrendatarios de viviendas, cuyas causas se encuentran en estado de ejecución; la misma fue interpuesta el pasado 29 de abril de 2015 por el Movimiento de Inquilinos, el cual solicitó al Máximo Tribunal de la República, que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda revise las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo.
Asimismo, el Movimiento de Inquilinos solicitó al TSJ que se agilice el otorgamiento de refugios o viviendas a los inquilinos o inquilinas para que estos, de forma voluntaria, puedan devolver el inmueble a sus dueños; y también requirió, además, que los propietarios de inmuebles que han estado dedicados al arrendamiento por 20 años o más, vendan esos inmuebles a un precio justo, según lo establecido en la Ley que rige la materia arrendaticia.
De acuerdo a la sentencia, cuya ponencia corresponde a la Presidenta del TSJ, Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, la mesa de trabajo se conformará en un lapso no mayor a 30 días, y deberá presentar un informe preliminar a la Sala Constitucional, en un lapso de 90 días, y un informe definitivo en los 90 días posteriores, a fin de que la máxima instancia judicial emita una decisión definitiva.
Igualmente, los miembros de la mesa de trabajo deberán elaborar un protocolo que determine el procedimiento a seguir en adelante para garantizar la devolución de la vivienda a los propietarios, una vez culminado el contrato de arrendamiento y la reubicación del inquilino a una solución habitacional, cuando éste no tenga lugar donde vivir.
Esta sentencia abre la posibilidad de iniciar un diálogo sostenible entre todos los factores que hacen vida en las relaciones arrendaticias, en busca de un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios, con la intervención activa del Estado para velar por la tutela efectiva de los derechos de todas las personas.
Fuente: www.aporrea.org

lunes, 1 de junio de 2015

España: Condenados a pagar 80 euros por defender a las familias Desalojadas

En Capitalismo presos por protestar contra los desalojos en España
El juzgado de Instrucción número 4 de Jaén ha condenado al pago de una multa de 80 euros a cada uno de los nueve vecinos de la capital que fueron juzgados el 12 de mayo y que han sido condenados por una falta contra el orden público por ocupar la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para protestar por el desahucio de tres familias. Los hechos sucedieron el 9 de marzo cuando un grupo de personas decidieron encerrarse en la Delegación de Vivienda para exigir una solución a la problemática de las familias desahuciadas. El encierro duró unas doce horas hasta que entró la Policía Nacional y los desalojó del edificio sin que mediara resistencia alguna.

De esta forma, surgió Acampada Esperanza, una plataforma ciudadana, que según su portavoz, Lola Castillo, trabaja en la capital contra los desahucios y reclamando alternativas para todas aquellas personas que se quedan sin su vivienda o no tienen un techo bajo el que vivir. Precisamente, dicha plataforma acampó durante diez días a las puertas de la Delegación de Vivienda para visibilizar el problema.

Todos los vecinos acusados declararon en el juicio que se encerraron pensando que tenían la autorización del delegado territorial de Vivienda, Rafael Valdivielso, quien les dijo tras entrevistarse con ellos que podían permanecer en el edificio siempre y cuando lo hicieran de manera pacífica y sin entorpecer el trabajo de los funcionarios.

El día del juicio, a las puertas del juzgado se concentraron un grupo de unas cincuenta personas en solidaridad con los vecinos que estaban llamados a sentarse en el banquillo.

El abogado defensor, Juan Escudero, ha dicho a Europa Press que la sentencia está recién notificada a cada uno de los nueve acusados, sin que por el momento se haya decidido el recurso de la misma.

Finalmente, el importe de la multa ha sido la mitad de lo que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal que reclamaba una sanción económica de 180 euros para cada uno de los nueve acusados. En caso de impago de los 80 euros de multa, la sentencia recoge 20 días de privación de libertad como alternativazgado de Instrucción número 4 de Jaén ha condenado al pago de una multa de 80 euros a cada uno de los nueve vecinos de la capital que fueron juzgados el 12 de mayo y que han sido condenados por una falta contra el orden público por ocupar la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para protestar por el desahucio (desalojo) de tres familias. Los hechos sucedieron el 9 de marzo cuando un grupo de personas decidieron encerrarse en la Delegación de Vivienda para exigir una solución a la problemática de las familias desahuciadas. El encierro duró unas doce horas hasta que entró la Policía Nacional y los desalojó del edificio sin que mediara resistencia alguna.

Fuente: Andaluciapress

miércoles, 20 de mayo de 2015

Sunavi con el proyecto de los 100 edificios suma logros en materia de vivienda

Prensa Sunavi / 20 de mayo 2015.- Davolca, Gibaraco, Josefita I, Josefita II, El Carmen, Masaseis, El Porvenir y Primavera, edificios ubicados en el municipio Libertador de Caracas, en los cuales se ha logrado negociar exitosamente la compra-venta de 70 apartamentos a través del programa especial de financiamiento "Ahora es mi techo", coordinado desde la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi).



Un total de ocho edificaciones negociadas, evidencian los logros de la Sunavi en las gestiones realizadas entre propietarios e inquilinos para materializar la venta de las unidades habitacionales antes mencionadas, que tenían más de 20 años en condición de alquiler. El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, cada día dignifica a más venezolanos con un hogar propio. En este sentido, se han beneficiado hasta la fecha 252 ciudadanos con un techo y que ya no pagan alquiler.
Desde la coordinación del "Ahora es mi techo" en la Sunavi, cada día se trabaja con apego a la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda y en beneficio de la patria, por lo que es necesario que los ciudadanos que deseen formar parte de este programa se registren en el Sistema de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (Sircav), y en el caso de tener más de un año registrados, deben actualizar sus datos para seguir consolidando el proyecto que hasta los momentos está dando resultados significativos.
El proyecto antes mencionado está establecido mediante la Resolución 035, emanada del despacho del Ministro de Hábitat y Vivienda, y publicado en la Gaceta Oficial el 17 de febrero de 2012, y se desarrolla a través de un trabajo que integran varios protagonistas, como la banca pública, registros públicos, inquilinos, propietarios, de estos dos últimos es necesario que la participación sea activa y constante cumpliendo con todos los recaudos que sean necesarios. ...

martes, 28 de abril de 2015

Crearán ley para atacar dolarización de alquiler y venta de inmuebles

28-04-15.-Desde la Comisión Administración y Servicio de la Asamblea Nacional (AN) se está trabajando para la creación de una ley de comercio electrónico con el fin de atacar la dolarización en los alquileres y ventas de inmuebles en Venezuela a través de páginas web.

Así lo informó la mañana de este martes, el presidente de dicha comisión, diputado Tito Oviedo, en el programa de entrevistas El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión.

“Utilizan las páginas web, este tipo de inmobiliarias, que no entran en la regulación porque es comercio electrónico y ya estamos trabajando en la comisión en una ley de comercio electrónico para impedir que esto suceda”, dijo Oviedo.

Resaltó que el arrendamiento en moneda extranjera está catalogado en el país como un delito penal en la Ley de Arrendamiento. “La persona puede ser sometida a juicio e incluso ir a cárcel”, advirtió el parlamentario.

“No vamos a permitir que se instaure en Venezuela el desalojo, los alquileres y las ventas de inmuebles en dólares”, precisó. Oviedo reiteró que la dolarización es ilegal y que quienes las practican se amparan a través de las redes sociales para escabullirse de las actuaciones legales del Estado. “Esto nos invita a revisar las regulaciones que tenemos que no abarcan este tipo de redes sociales y por eso es que pueden hacerlo de manera impune”, sostuvo.

Sobre el alquiler de vehículos dijo que el objetivo del Gobierno nacional es aumentar la productividad a través del ministerio de Industrias. “Las ensambladoras están en plena producción y eso ayudará a estabilizar el mercado automotriz. Pero en el tema de la vivienda no hay razón a que sea sometido a un proceso de especulación como la hay ahora. A los constructores privados se les da incentivos de exoneración de impuestos para que produzcan y desarrollen conjuntos habitacionales, es decir, no hay razón, para que la vivienda estén en el marco especulativo al que está sometido, ni en el alquiler ni mucho menos en la venta de inmuebles”, expresó.

Mencionó que “la tasa entre inquilino y arrendador no está permitida como en el pasado eso está regulado por Estado, se estudia los metros cuadrados y se estipula de acuerdo a los métodos de construcción del momento, el precio del alquiler y esto está en la Ley de Arrendamiento”. 

Señaló que ante cualquier abuso de especulación en inmuebles, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento está abierta para recibir las denuncias.

miércoles, 8 de abril de 2015

LA ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES► #ObamaDerogaElDecretoYa

LA ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES 
EN SOLIDARIDAD  CON EL PUEBLO VENEZOLANO


La Alianza Internacional de Habitantes, AIH, red de asociaciones de habitantes y movimientos sociales, comunitarios, urbano populares de la Vía Urbana y Comunitaria, se dirige al Pueblo Bolivariano ante la declaración de Venezuela “como amenaza inusual y extraordinaria por parte de Estados Unidos y de su presidente el Sr. Obama.

Siendo  un país que lucha por conquistar su soberanía política y cuyo gobierno pretende llevar al pueblo a una constante justicia social y,  considerando que la injerencia yanqui está siendo altamente invasiva. La Alianza Internacional de Habitantes, AIH, envía su solidaridad ante esta gravísima situación por la que está pasando Venezuela  y  comunica  a nuestros hermanos bolivarianos, que se tomarán  todos aquellos recaudos necesarios  para exigir el respeto por la soberanía  y  autodeterminación de Pueblo Venezolano.

Por un camino distinto al capitalismo, 
por otro mundo posible 
y en contra del imperialismo.
         
“EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO”

 AMH- AIH - TÚNEZ 2015

domingo, 15 de febrero de 2015

Lo que los medios comunicación privados y la derecha no quiere que veas.


sábado, 24 de enero de 2015

Inquilino y pequeño arrendador ahora cuentan con Fondo de Protección

Inquilino y pequeño arrendador ahora cuentan con Fondo de Protección

Prensa Minehv / 15 de enero de 2015.- Según lo señalado en la Gaceta Oficial N° 40.580, de fecha 14 de enero de 2015, fue creado el Fondo de Protección al Inquilino o Inquilina y al Pequeño Arrendador, el cual dependerá de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas (Sunavi), órgano responsable de la administración, manejo y control de sus recursos.
El Superintendente Nacional estará encargado de presentar al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, los programas y proyectos que serán financiados con el recurso del Fondo de Protección para su previa aprobación y autorización.
La finalidad es impulsar planes que contribuyan con los proyectos nacionales en materia de vivienda. Igualmente, promover el alquiler responsable, garantizando las condiciones y relaciones arrendaticias justas a todas las personas que así lo requieran, fundamentado en el numeral 12 del artículo 20, de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas.
Esta medida fue considerada por el Gobierno Nacional, tomando en cuenta que todo individuo tiene el derecho a la adquisición y alquiler de una vivienda digna, adecuada y segura, que posea todos los servicios básicos esenciales que permitan a la familia venezolana alcanzar la mayor suma de felicidad posible.
Prensa Minehv / Vianne Antón

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