Estimados Inquilinos: reciban de un inquilino….
Una reflexión en voz alta para que sea considerada, en primer lugar y principalmente en asambleas de los inquilinos de cada edificio, si se considera propicia. Luego progresivamente hacia las instancias superiores de decisión: Asambleas locales o parroquiales hasta la asamblea metropolitana de Inquilinos.
Vivimos momentos de nuevas leyes habilitantes. En el año 1999 se aprobaron varias entre las cuales se aprobó el Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, firmada por el Presidente encargado Ignacio Arcaya y refrendada por los Ministros del momento, con vigencia a partir de enero del 2000. La mano pelúa de los propietarios de Edificios, Inmobiliarias y Cámaras respectivas se hicieron presentes. Enmascarados en los objetivos de “estimular la participación de la inversión privada nacional y extranjera en la construcción masiva de desarrollos inmobiliarios para ser destinados al arrendamiento y en el de reactivar la Industria de la Construcción”, la ley del embudo: todo para los poderosos y nada para los desposeídos, se dejó colar en el gobierno revolucionario de la V república.
Por supuesto los inquilinos no fuimos consultados para la elaboración de esa habilitante. La conocimos, muy temprano, después de su implementación. Es decir a partir del año 2001, cuando los dueños de los edificios y la Dirección de Inquilinato (Samir Nassar Tayú Pe) se confabularon contra los inquilinos para aplicarla. Aumentos entre 350% y 600% o más, a pesar de tímidas y temerosas protestas de inquilinos, precedieron a un 40% a 50% de personas desalojadas o que tuvieron que entregar el apartamento por no poder cancelar dichos alquileres exageradamente aumentados. Diversidad de artículos bien elaborados al servicio de los poderosos facilitaban y aligeraban estos procesos. Desalojos masivos hasta el 2003, como producto de ese Decreto Ley “Arcaya” imitaban a los cruentos desalojos de la IV que perviven en la memoria de niños, jóvenes y adultos sobrevivientes como inquilinos.
Los chupasangres latifundistas de concreto se preparaban para implementar nuevos aumentos en el primer trimestre del 2003. Apegados a la “Ley Habilitante Arcaya” que impusieron, procedieron a solicitar nuevas regulaciones dos años después de las del 2001. Y con ello aspiraban a desalojar el resto de esa clase media sobreviviente para obtener igual o mayor número de traspasos de los próximos inquilinos, o sea de una clase media de mayor poder adquisitivo. El círculo vicioso de los nuevos aumentos, nuevos desalojos y nuevos traspasos a la altura de los efectos de las leyes del mercado, las variaciones del Dólar/Bolívar, las inversiones del estado en infraestructura y/o servicios, amén de otros factores, continuaba su ritmo, ahora bianual y no como era anteriormente, cada tres años. Para nada le importaban si los edificios estaban en la ruina y si su poco y deteriorado mantenimiento estaba sustentado en los hombros de los inquilinos a ser desalojados. Mucho menos le importaba la inversión que el inquilino hubiese realizado en el apartamento alquilado para hacerlo habitable. Ni un centavo de los exagerados aumentos del 2001, había invertido en el mantenimiento del edificio. En Marzo de 2003, la rueda de los desalojos estaba ya preparada en conchupancia inquilinaria (Burócratas), judicial y militar. La instrumentación ternaria del poder de los pudientes.
Sin embargo esta vez no contaron con un apoyo circunstancial de las altas esferas. El Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, esta vez se les adelantó. Alquiler de Vivienda clasificada como bienes y servicios de primera necesidad (06-02-06) y congelación de alquileres a partir del 08 de Abril de 2003 con los cánones del 30 de noviembre de 2002 y vigencia por un año, fue la oportuna y certera decisión gubernamental, en beneficio de la clase media inquilinaria de todo el territorio nacional. Esta decisión se ha mantenido y tiene vigencia hasta el próximo mes de mayo de 2007. Como lo dijo el actual Vicepresidente Jorge Rodríguez, en entrevista en Venevisión (21-01-07) publicada en El Mundo (22-01-07), “la clase media habría desaparecido si no hubiese contado con las medidas a su favor, de Créditos indexados, bajas tasas de intereses para sus compras a crédito y la congelación de alquileres”. Sin embargo la espada de Damocles “liberación de los cánones de arrendamientos” sigue pesando en el cuello de los inquilinos cada seis meses. Varios inquilinos han fallecido por infartos y muchos están bajo los efectos de una terrible tensión y zozobra, dado el alto porcentaje de personas de la tercera edad.
Complementariamente a las medidas del Presidente y su Gabinete (Alquiler de Vivienda como bien y servicio de primera necesidad, y congelamiento de alquileres) nace una importante y sustancial resolución, esta vez del Cabildo del Distrito Metropolitano de Caracas, bajo la dirección de su Presidente Juan Barreto a favor de los inquilinos. El 23 de febrero de 2006 en Sesión Extraordinaria del Cabildo Metropolitano de Caracas, realizada en la Plaza los Símbolos de la Parroquia San Pedro del Municipio Bolivariano Libertador, recogiendo el sentir de los inquilinos asistentes, se dicta el Acuerdo Nº 013-2006 que declara de Utilidad Pública e Interés Social el Proyecto “Dotación de Vivienda para las familias que habitan en condición de Arrendatarios de inmuebles ubicados en el área Metropolitana de Caracas; con la recomendación de que se dicte el “correspondiente decreto de expropiación de los inmuebles ubicados en el área Metropolitana de Caracas, donde habitan familias con más de diez años de arrendamiento”. Este acuerdo recibió en el 2006 dos modificaciones importantes por parte del Cabildo. A pesar de las diversas controversias en el propio Cabildo metropolitanos y/o entre ellos y los diversos funcionarios adscritos al Cabildo y/o entre el Cabildo y miembros del Gabinete, en relación con el contenido y los alcances de este acuerdo, lo cierto es que hoy más de 200 edificios han sido objeto de decretos de expropiación, con publicación en Gaceta y muchos otros más esperan esta medida. Un conjunto de propietarios ha llegado a acuerdos con el Cabildo Metropolitano.
Sin embargo las tímidas y mayormente clientelares movilizaciones de los inquilinos en un comienzo y las realizadas con mayor autonomía desde diciembre del 2006, no han logrado hasta ahora, torcer el rumbo que viene manteniendo a los inquilinos fuera de toda participación en lo que concierne a sus intereses. Hay total desconocimiento de los acuerdos amigables con los dueños que ya han acudido a la instancia administrativa correspondiente. Ya los dueños tiene unos avalúos exagerados, realizados por instancias del Cabildo del Distrito Metropolitano de Caracas que los dueños no solo conocen sino que no dudamos de su propia participación para que aparezcan estas cifras en función de solicitar los fondos por parte del Ejecutivo. Los inquilinos y sus representantes de la Red no conocemos el alcance de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que existe como propuesta a nivel de la Asamblea Nacional; los desalojos recobran su crudeza, a pesar de las medidas de Expropiación y mucho menos conocemos o participamos en las decisiones sobre la forma de adquisición por parte de los inquilinos de su correspondiente apartamento habitado. El Poder Popular de los Inquilinos no aparece por ningún lado.
Y eso no depende de las instancias del Estado. Eso depende de nosotros mismos los Inquilinos. De que tengamos propuestas que representen realmente nuestros intereses.
Pedir que bajen los Fondos con esos montos de negociación es clamor de los dueños de edificios y sus representantes Apiur y Cámaras Inmobiliarias. No debemos olvidar que el valor de la compra/venta con los dueños de los edificios es un parámetro de referencia para la adquisición del inmueble por parte nuestra. Y tampoco debemos olvidar que las leyes del mercado siguen avanzando a favor de los dueños, por lo cual entre más tarde sea realizado el avalúo con parámetros capitalistas, más lejos es la posibilidad de hacernos propietarios de la vivienda ansiada y merecida. Tenemos que proponer parámetros diferentes a los capitalistas. Por algo se está hablando de Socialismo del Siglo XXI
Tomando en cuenta que muchos de los dueños de los Edificios, esperanzados en un cambio de gobierno durante las elecciones o en las piezas que gubernamentalmente aún manejan, se resisten a las negociaciones amigables o las realizan a escondidas de los inquilinos; se hace necesario derrotar el ocultismo con propuestas nuestras. Y que cualquier Ley Habilitante que se relacione con nuestra condición de inquilinos, cuente con nuestra participación y se plasme en función de nuestros justos intereses y no como la de 1999, y a este efecto y con el solo propósito de estimular todas las propuestas que la sabiduría del colectivo produzca, es por lo que esbozamos un conjunto de propuestas que denominamos “Los diez mandamientos inquilinarios del Socialismo del Siglo XXI”
Que las Leyes Habilitantes incluyan los siguientes 10 mandamientos:
Una reflexión en voz alta para que sea considerada, en primer lugar y principalmente en asambleas de los inquilinos de cada edificio, si se considera propicia. Luego progresivamente hacia las instancias superiores de decisión: Asambleas locales o parroquiales hasta la asamblea metropolitana de Inquilinos.
Vivimos momentos de nuevas leyes habilitantes. En el año 1999 se aprobaron varias entre las cuales se aprobó el Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, firmada por el Presidente encargado Ignacio Arcaya y refrendada por los Ministros del momento, con vigencia a partir de enero del 2000. La mano pelúa de los propietarios de Edificios, Inmobiliarias y Cámaras respectivas se hicieron presentes. Enmascarados en los objetivos de “estimular la participación de la inversión privada nacional y extranjera en la construcción masiva de desarrollos inmobiliarios para ser destinados al arrendamiento y en el de reactivar la Industria de la Construcción”, la ley del embudo: todo para los poderosos y nada para los desposeídos, se dejó colar en el gobierno revolucionario de la V república.
Por supuesto los inquilinos no fuimos consultados para la elaboración de esa habilitante. La conocimos, muy temprano, después de su implementación. Es decir a partir del año 2001, cuando los dueños de los edificios y la Dirección de Inquilinato (Samir Nassar Tayú Pe) se confabularon contra los inquilinos para aplicarla. Aumentos entre 350% y 600% o más, a pesar de tímidas y temerosas protestas de inquilinos, precedieron a un 40% a 50% de personas desalojadas o que tuvieron que entregar el apartamento por no poder cancelar dichos alquileres exageradamente aumentados. Diversidad de artículos bien elaborados al servicio de los poderosos facilitaban y aligeraban estos procesos. Desalojos masivos hasta el 2003, como producto de ese Decreto Ley “Arcaya” imitaban a los cruentos desalojos de la IV que perviven en la memoria de niños, jóvenes y adultos sobrevivientes como inquilinos.
Los chupasangres latifundistas de concreto se preparaban para implementar nuevos aumentos en el primer trimestre del 2003. Apegados a la “Ley Habilitante Arcaya” que impusieron, procedieron a solicitar nuevas regulaciones dos años después de las del 2001. Y con ello aspiraban a desalojar el resto de esa clase media sobreviviente para obtener igual o mayor número de traspasos de los próximos inquilinos, o sea de una clase media de mayor poder adquisitivo. El círculo vicioso de los nuevos aumentos, nuevos desalojos y nuevos traspasos a la altura de los efectos de las leyes del mercado, las variaciones del Dólar/Bolívar, las inversiones del estado en infraestructura y/o servicios, amén de otros factores, continuaba su ritmo, ahora bianual y no como era anteriormente, cada tres años. Para nada le importaban si los edificios estaban en la ruina y si su poco y deteriorado mantenimiento estaba sustentado en los hombros de los inquilinos a ser desalojados. Mucho menos le importaba la inversión que el inquilino hubiese realizado en el apartamento alquilado para hacerlo habitable. Ni un centavo de los exagerados aumentos del 2001, había invertido en el mantenimiento del edificio. En Marzo de 2003, la rueda de los desalojos estaba ya preparada en conchupancia inquilinaria (Burócratas), judicial y militar. La instrumentación ternaria del poder de los pudientes.
Sin embargo esta vez no contaron con un apoyo circunstancial de las altas esferas. El Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, esta vez se les adelantó. Alquiler de Vivienda clasificada como bienes y servicios de primera necesidad (06-02-06) y congelación de alquileres a partir del 08 de Abril de 2003 con los cánones del 30 de noviembre de 2002 y vigencia por un año, fue la oportuna y certera decisión gubernamental, en beneficio de la clase media inquilinaria de todo el territorio nacional. Esta decisión se ha mantenido y tiene vigencia hasta el próximo mes de mayo de 2007. Como lo dijo el actual Vicepresidente Jorge Rodríguez, en entrevista en Venevisión (21-01-07) publicada en El Mundo (22-01-07), “la clase media habría desaparecido si no hubiese contado con las medidas a su favor, de Créditos indexados, bajas tasas de intereses para sus compras a crédito y la congelación de alquileres”. Sin embargo la espada de Damocles “liberación de los cánones de arrendamientos” sigue pesando en el cuello de los inquilinos cada seis meses. Varios inquilinos han fallecido por infartos y muchos están bajo los efectos de una terrible tensión y zozobra, dado el alto porcentaje de personas de la tercera edad.
Complementariamente a las medidas del Presidente y su Gabinete (Alquiler de Vivienda como bien y servicio de primera necesidad, y congelamiento de alquileres) nace una importante y sustancial resolución, esta vez del Cabildo del Distrito Metropolitano de Caracas, bajo la dirección de su Presidente Juan Barreto a favor de los inquilinos. El 23 de febrero de 2006 en Sesión Extraordinaria del Cabildo Metropolitano de Caracas, realizada en la Plaza los Símbolos de la Parroquia San Pedro del Municipio Bolivariano Libertador, recogiendo el sentir de los inquilinos asistentes, se dicta el Acuerdo Nº 013-2006 que declara de Utilidad Pública e Interés Social el Proyecto “Dotación de Vivienda para las familias que habitan en condición de Arrendatarios de inmuebles ubicados en el área Metropolitana de Caracas; con la recomendación de que se dicte el “correspondiente decreto de expropiación de los inmuebles ubicados en el área Metropolitana de Caracas, donde habitan familias con más de diez años de arrendamiento”. Este acuerdo recibió en el 2006 dos modificaciones importantes por parte del Cabildo. A pesar de las diversas controversias en el propio Cabildo metropolitanos y/o entre ellos y los diversos funcionarios adscritos al Cabildo y/o entre el Cabildo y miembros del Gabinete, en relación con el contenido y los alcances de este acuerdo, lo cierto es que hoy más de 200 edificios han sido objeto de decretos de expropiación, con publicación en Gaceta y muchos otros más esperan esta medida. Un conjunto de propietarios ha llegado a acuerdos con el Cabildo Metropolitano.
Sin embargo las tímidas y mayormente clientelares movilizaciones de los inquilinos en un comienzo y las realizadas con mayor autonomía desde diciembre del 2006, no han logrado hasta ahora, torcer el rumbo que viene manteniendo a los inquilinos fuera de toda participación en lo que concierne a sus intereses. Hay total desconocimiento de los acuerdos amigables con los dueños que ya han acudido a la instancia administrativa correspondiente. Ya los dueños tiene unos avalúos exagerados, realizados por instancias del Cabildo del Distrito Metropolitano de Caracas que los dueños no solo conocen sino que no dudamos de su propia participación para que aparezcan estas cifras en función de solicitar los fondos por parte del Ejecutivo. Los inquilinos y sus representantes de la Red no conocemos el alcance de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que existe como propuesta a nivel de la Asamblea Nacional; los desalojos recobran su crudeza, a pesar de las medidas de Expropiación y mucho menos conocemos o participamos en las decisiones sobre la forma de adquisición por parte de los inquilinos de su correspondiente apartamento habitado. El Poder Popular de los Inquilinos no aparece por ningún lado.
Y eso no depende de las instancias del Estado. Eso depende de nosotros mismos los Inquilinos. De que tengamos propuestas que representen realmente nuestros intereses.
Pedir que bajen los Fondos con esos montos de negociación es clamor de los dueños de edificios y sus representantes Apiur y Cámaras Inmobiliarias. No debemos olvidar que el valor de la compra/venta con los dueños de los edificios es un parámetro de referencia para la adquisición del inmueble por parte nuestra. Y tampoco debemos olvidar que las leyes del mercado siguen avanzando a favor de los dueños, por lo cual entre más tarde sea realizado el avalúo con parámetros capitalistas, más lejos es la posibilidad de hacernos propietarios de la vivienda ansiada y merecida. Tenemos que proponer parámetros diferentes a los capitalistas. Por algo se está hablando de Socialismo del Siglo XXI
Tomando en cuenta que muchos de los dueños de los Edificios, esperanzados en un cambio de gobierno durante las elecciones o en las piezas que gubernamentalmente aún manejan, se resisten a las negociaciones amigables o las realizan a escondidas de los inquilinos; se hace necesario derrotar el ocultismo con propuestas nuestras. Y que cualquier Ley Habilitante que se relacione con nuestra condición de inquilinos, cuente con nuestra participación y se plasme en función de nuestros justos intereses y no como la de 1999, y a este efecto y con el solo propósito de estimular todas las propuestas que la sabiduría del colectivo produzca, es por lo que esbozamos un conjunto de propuestas que denominamos “Los diez mandamientos inquilinarios del Socialismo del Siglo XXI”
Que las Leyes Habilitantes incluyan los siguientes 10 mandamientos:
- Prolongar la congelación de alquiler por los 7 años del período gubernamental.
- Determinar una proporción del ingreso de los propietarios para cubrir suficientemente los gastos de mantenimiento, el cual sería administrada por los Inquilinos. Mantener esta proporción posteriormente, a los efectos de darle continuidad al mantenimiento.
- Declarar la Inamovilidad Inmobiliaria.
- Que el Ejército (Guardia Nacional, policías, etc.) nunca más acompañe a la Oligarquía Inmobiliaria contra el pueblo en las violentas y cruentas medidas de desalojo, como lo dijo nuestro Presidente Re-electo en el balcón del pueblo. Conquistando de esta manera el objetivo internacional de todos los pueblos del mundo. Desalojo Cero. Haciendo ejemplo ante el mundo de esta gran victoria de nuestro pueblo, como parte del Socialismo del Siglo XXI
- Que la nueva Ley Inmobiliaria sea una Transición hacia la eliminación definitiva del oprobioso sistema Inquilinario: ABOLICIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA INMOBILIARIO como objetivo del Socialismo del Siglo XXI.
- Que los precios de compra-venta con los propietarios y por ende para los inquilinos, tenga como referencia básica los precios congelados o precios cercanos, en función de cancelar mensualidades cercanas (menores) o iguales a las mensualidades actuales, con períodos crediticios hasta 30 años.
- Que se evalúe a cada Inquilino su situación social y Antigüedad en la Vivienda y se tome en cuenta sus diferencias para establecer sistemas de subsidios, tasas de intereses.
- Que se considere como 1er. Pago el mes siguiente al decreto de Expropiación.
- Que se proceda a expropiar todos los edificios de Caracas donde habitan familias con más diez años en condición de arrendatarios sin distingo de la voluntad de los inquilinos.
Para ser discutida en asamblea de inquilino para su corrección y propuesta más completa.
1 comentario:
Esto es excelente, Sencillamente no tengo palabras hay que utilizarlo en toda su extensión.
Soy una inquilina y he visto con terror lo que le han hecho a mis vecinos en los desalojo y ahora estoy luchando con mis vecinos porque en cualquier momento me puede suceder a mi.
¡No dejes que desalojen a su vecino!
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