Caracas, 04 Abr. AVN.- Grupos de inquilinos pronunciaron su respaldo a
la reciente providencia de la Superintendencia Nacional de
Arrendamiento de Viviendas (Sunavi), que establece las normas para que
propietarios de edificios con más de 20 años en alquiler ofrezcan en
venta los apartamentos a los arrendadores que los habitan.
"Esta providencia está dirigida a democratizar la propiedad de la
vivienda, atacando los monopolios inmobiliarios, pues va dirigida solo a
edificios enteros con más de 20 años siendo alquilados, sector muy
minoritario", señala un comunicado difundido por la Red Metropolitana de
Inquilinos, la Alianza Internacional de los Habitantes, la Red de
Inquilinos del estado Carabobo, la Asociación Civil de Inquilinos
Bolivarianos (Asocib) e Inquilinos de El Hatillo.
Además, aclaran que los pequeños propietarios (que tienen uno o dos
apartamentos arrendados) no tendrán la obligación de vender sus
inmuebles alquilados, pues quedan fuera de la regulación.
De acuerdo con la Red de Inquilinos, en Caracas hay alrededor de
5.000 edificios vetustos "a punto de colapsar", que no reciben
mantenimiento de sus propietarios y que tales gastos son asumidos por
las familias alquiladas. Sin embargo, no pueden acometer reparaciones
estructurales onerosas porque no obtienen apoyo crediticio debido a que
son inmuebles alquilados.
Los arrendadores reciben la nueva normativa con beneplácito, pues la
consideran como resultado de años de lucha del movimiento inquilinario y
recordaron que nació tras más de cinco meses de trabajo entre los
movimientos sociales y la Sunavi.
Asimismo, rechazan las declaraciones en contra que ha manifestado la
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), pues pretenden
"destruir las esperanzas del pueblo humilde, que por no haber tenido los
recursos durante los tiempos de la Cuarta República para comprar una
vivienda propia, tuvieron que pasar más de 40 años bajo la bota del
explotador".
También ponen en entredicho la propiedad de algunas de las
edificaciones, pues "administradoras se han quedado con ellas luego del
fallecimiento de sus propietarios y no pueden venderlas por carecer de
la documentación de propiedad, así que esta providencia busca normalizar
la situación de estos edificios".
Antecedentes legales
La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de
Viviendas, vigente desde noviembre de 2011, estableció en su quinta
disposición transitoria que quienes residan alquilados en edificios con
más de 20 años tendrán el derecho a adquirirla, con excepción de los
pequeños arrendadores.
La normativa justificó esta medida en el hecho de que el monopolio
sobre la vivienda en alquiler es contrario al espíritu del instrumento
legal, por considerarse el arrendamiento de interés social, colectivo y
con fines de utilidad pública.
Dicha Ley fue la primera presentada ante la Asamblea Nacional (AN)
por iniciativa popular y fue discutida en el Parlamento con distintos
sectores.
La Sunavi publicó en la Gaceta Oficial 40.382, de fecha 28 de marzo
de 2014, la providencia con las normas para hacer efectiva esa venta, y
precisa que debe realizarse en un lapso máximo de 60 días a partir de la
entrada en vigencia de la normativa.
De no cumplir, el propietario recibirá una multa de 2.000 unidades
tributarias por cada vivienda, es decir, 254.000 bolívares. Si no paga,
será considerado reincidente y se le doblará la cantidad. De persistir
el incumplimiento, la Sunavi puede solicitar el embargo del inmueble.
Asimismo, la Superintendencia determinará el valor justo del inmueble
para la venta, de acuerdo con una metodología nacida a partir de la
Ley.
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