La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este jueves reforma parcial del decreto ley de Arrendamiento Inmobiliario

La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial del decreto ley de Arrendamiento Inmobiliario.

26/04/2007
Fuente: Asamblea Nacional Noticias

Aprobada en primera discusión Reforma Parcial de la Ley Arrendamiento Inmobiliario
Por: Sandra Ayala y Enrique Hernández / Prensa AN

La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, la Reforma Parcial del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, iniciativa de un grupo de parlamentarios encabezados por Juan Carlos Dugarte (MVR/DC) y que contempla la modificación de 13 de sus artículos, a saber 4; 7; 26; 33; 34; 35; 36; 39; 42; 44;45; 46 y 47.

A la normativa, luego de aprobada, se le otorgó la urgencia reglamentaria para acortar los lapsos para su sanción, remitiéndola a la Comisión de Administración y Servicios para la redacción del informe para su segunda discusión.

El diputado Juan Carlos Dugarte, como proponente de la reforma parcial de la ley, señaló que se elaboró conjuntamente con la Red Metropolitana de Inquilinos, quienes han presentado denuncias sobre atropellos por parte de los propietarios de las viviendas que habitan.

Dijo que la ley pretende proteger a los inquilinos de los desalojos compulsivos que se han agravado en los últimos meses, que de acuerdo con su opinión cuentan con la complicidad del Poder Judicial y las organizaciones que amparan a los propietarios de viviendas. “Con esta reforma perseguimos, sin favorecer en extremo a un sector en detrimento de otro, parar estos desalojos”.

En el artículo 7 modificado, se establece: “Los derechos que la presente ley establece para beneficiar y proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Estos derechos se enmarcan dentro de la visión de la vivienda como derecho social, formando parte de los derechos humanos, tutelados en el título 3, capítulo 5 de la Constitución, en consecuencia, será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos.
Los tribunales a los que este decreto ley atribuye competencia para conocer de los conflictos derivados de su aplicación, velarán para que en las decisiones que pronuncien no se afecten y queden preservados los derechos de los sujetos protegidos en la LOPNA y de la Ley de Servicios Sociales. A tal efecto, el tribunal deberá notificar al defensor del Pueblo para que ejerza la función de protección de los derechos humanos, de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”

Asimismo, en el artículo 34 se extiende a cuatro meses el período de gracia para aquél inquilino que no cancele sus cuotas, después del cual podría proceder a la demanda de desalojo, además contempla que si procede la demanda, se le deberá conceder al inquilino un plazo de un año para desocupar el inmueble.

El artículo 49 reformado señala que el arrendador para poder proceder a la venta de su inmueble debe notificar con 180 días de anticipación al arrendatario de la decisión y además al Ejecutivo nacional, a través del ministerio competente, organismo al cual deberá consignar la descripción detallada del inmueble, número de apartamentos, locales comerciales y/o industriales, estacionamientos y demás dependencias que la integran, superficie de terreno, área de construcción, número de arrendatario, canon de arrendamiento, fotocopias del documento de propiedad, condominio, así como la resolución que contemple la última regulación, de lo contrario el Ejecutivo podría declarar nula cualquier negociación.

otros medios con la misma noticia:

Diario EL CARABOBEÑO
Maritza Villarroel O
Caracas, abril 26 (Redacta).-

La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, la Reforma Parcial del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario y le dio urgencia reglamentaria remitiéndola a la Comisión de Administración y Servicios para la redacción del informe en segunda discusión .

El diputado Juan Carlos Dugarte precisó que la norma pretende proteger a los inquilinos de los desalojos compulsivos que se han agravado en los últimos meses, que "cuentan con la complicidad del Poder Judicial y las organizaciones que amparan a los propietarios de viviendas. Con esta reforma perseguimos, sin favorecer en extremo a un sector en detrimento de otro, parar estos desalojos".

El proyecto contempla que los derechos que la presente ley establece para beneficiar y proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Estos derechos se enmarcan dentro de la visión de la vivienda como derecho social, formando parte de los derechos humanos, tutelados en el título 3, capítulo 5 de la Constitución, en consecuencia, será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos.

Los tribunales a los que este decreto ley atribuye competencia para conocer de los conflictos derivados de su aplicación, velarán para que en las decisiones que pronuncien no se afecten y queden preservados los derechos de los sujetos protegidos en la LOPNA y de la Ley de Servicios Sociales.

El tribunal deberá notificar al defensor del Pueblo para que ejerza la función de protección de los derechos humanos, de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo".

Se extiende a cuatro meses el período de gracia para aquel inquilino que no cancele sus cuotas, después del cual podría proceder a la demanda de desalojo; además contempla que si procede la demanda, se le deberá conceder al inquilino un plazo de un año para desocupar el inmueble.

Sobre la preferencia ofertiva de venta, se establece que será en primer lugar para el inquilino que se encuentre solvente en el pago de los cánones, eliminando el período de dos años como inquilino, tal como lo estipula la ley vigente, para quien pretendiera adquirir el inmueble.

El arrendador para poder proceder a la venta de su inmueble debe notificar con 180 días de anticipación al arrendatario de la decisión y además al Ejecutivo nacional, a través del ministerio competente, organismo al cual deberá consignar la descripción detallada del inmueble, número de apartamentos, locales comerciales y/o industriales, estacionamientos y demás dependencias que la integran, superficie de terreno, área de construcción, número de arrendatario, canon de arrendamiento, fotocopias del documento de propiedad, condominio, así como la resolución que contemple la última regulación, de lo contrario el Ejecutivo podría declarar nula cualquier negociación.