Inquilinos denuncian falta de acción gubernamental (de SUNAVI)
Más de 4.800 casos se encuentran paralizados en la Superintendencia
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La Unión Bolivariana de Inquilinos pide la destitución de la superintendente
Después de la aprobación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios una de las críticas que se hizo a la norma fue la centralización de los reclamos y operaciones entre arrendadores y arrendatarios. La consecuencia, nada más en el área metropolitana de Caracas, ha sido la paralización de más de 4.800 casos de incumplimientos de pagos, porque los inquilinos no tienen dónde cancelar ni obtienen respuesta por parte de la Superintendencia de Nacional de Arrendamientos.
Estas faltas de pagos han originado desalojos e intentos de desalojos por parte de los propietarios. Dilio Peña, tesorero de la Unión Bolivariana de Inquilinos, comentó que los arrendatarios quieren cancelar de acuerdo a las tarifas congeladas, pero los arrendadores no se quieren ajustar a dicho canon. "En realidad el interés de muchos de ellos es sacar a los inquilinos. Ahorita nadie quiere alquilar", dijo.
Aun cuando la instancia para resolver estas diferencias, tal y como lo establece la Ley, es la Superintendencia, Peña denuncia que dicho ente "no ha hecho nada en todo el año. Lo único que se ha hecho es cerrar los tribunales donde las personas depositaban lo que debían, ahora no hay donde pagar", dijo el representante de los inquilinos.
Peña reclamó a las autoridades que, a pesar de la promulgación de la Ley para proteger principalmente a los inquilinos, la falta de acción, en este caso por la Superintendencia, sólo está perjudicando más a los arrendadores.
Asimismo, el tesorero de la Unión Bolivariana de Inquilinos solicitó la destitución de Carmen Cecilia Morantes, superintendente nacional de arrendamientos. "No podemos tener un funcionario público que no nos dé respuesta. Si nos dan un derecho con la Ley nosotros vamos a exigirlo".
Peña contó que uno de los casos es el de Richard Toro que habitaba en una pensión en la Parroquia San Juan de Caracas y fue desalojado la semana pasada por no pagar. El señor Toro aún espera porque la Superintendencia atienda el caso, pero esto no ha sido posible.
Los problemas de respuesta no corresponden sólo a alquileres de viviendas, sino también a usuarios comerciales.
Hasta ahora el único apoyo que han tenido las personas para no ser desalojadas es la defensa pública. Esta instancia se ha encargado de enviar defensores a intermediar con los dueños de los inmuebles.
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